Por Gerardo Aiquel
Los defensores del medio ambiente están pagando caro su lucha. Según la ONG inglesa Global Witness, en el año 2016, hubo más de 200 asesinatos de defensores del medio ambiente en 24 países diferentes. LA ONG afirma que esta cifra podría ser más alta ya que muchos asesinatos no serían declarados porque ocurren en regiones aisladas.
Global Witness consigna y denuncia desde hace veinte años el impacto de los recursos naturales sobre los Derechos Humanos y el medio ambiente.
En el mundo actual, donde las especies salvajes están desapareciendo a un ritmo inquietante, donde la contaminación por los plásticos ha llegado a límites inimaginables, la lucha por los recursos naturales: bosques, minería, energía, está cobrando víctimas de manera acelerada a través del planeta.
Chico Mendes, es considerado el primer defensor del medio ambiente caído por proteger el bosque amazónico. En el Amazonas hoy, miles de árboles son talados para la exportación de manera ilegal. Estados Unidos, China y la Unión Europea son los primeros consumidores de madera ilegal según Chatam House un Think Tank inglés, es decir un 80% de la madera importada desde Brasil.
Berta Cáceres, premio Goldman por su defensa del territorio y activista contra la represa hidroeléctrica en el rio Gualcarque en Honduras fue asesinada en marzo del 2016. Es en su honor que el último informe de Global Witness fue publicado. Recibió más de 33 amenazas de muerte y ningún inversionista de la represa se dignó a levantar la voz en su defensa. Días después Nelson García, activista de la misma comunidad fue asesinado también.
Las victimas están todas ligadas a la lucha contra la extracción minera, la agro-industria y las actividades forestales e hidroeléctricas. Los criminales son raramente arrestados y llevados a la justicia. Generalmente los asesinos pertenecen a grupos paramilitares, servicios de seguridad privadas o del ejército o la policía.
Los Estados, no protegen a los activistas a pesar que denuncian cotidianamente las amenazas de muerte que reciben.
En el informe se indica que son los indígenas las primeras víctimas. Brasil está a la cabeza con 49 asesinados, le siguen Colombia con 37 y las Filipinas con 28 donde la industria minera amenaza a los opositores.
La mayoría de las víctimas se encuentran en América Latina y la mayoría son indígenas, población más vulnerable por su aislamiento político, social y geográfico. El Consentimiento, Libre e informado (FPIC), una convención internacional firmada por todos los países del mundo, no es respetada a pesar de ser la norma para el establecimiento de proyectos extractivos en territorios indígenas.
Asesinar defensores del medio ambiente es el método más feroz utilizado para obtener los objetivos económicos de algunas empresas. Pero en otros países, donde la justicia es más efectiva, las empresas se han dedicado a criminalizar los activistas para impedirlos de continuar la lucha en defensa de la tierra y de los territorios.
Es este aspecto se destaca África, donde los tribunales restringen la libertad de expresión y de asociación y cierran los ojos frente a la corrupción entre las empresas y los gobiernos.
También cínicamente, las autoridades criminalizan los defensores del medio ambiente y los acusan de oponerse al “desarrollo”
Global Witness pide a los gobiernos y a la comunidad internacional:
a) Proteger los defensores del medio ambiente;
b) Investigar los crímenes;
c) Juzgar los culpables y hacer público los intereses corporativos y políticos ligados a las persecuciones;
d) Garantizar la libertad de expresión y responsabilizar los autores de estos crímenes;
e) Resolver las causas implícitas de la violencia contra los defensores y reconocer los derechos sobre la tierra
En el mismo ámbito de noticias, varios movimientos ecologistas acusaron al presidente de Brasil de tomar medidas que favorecen la destrucción del bosque amazónico para tener el apoyo del potente lobby de la agroindustria.
Frente a las acusaciones de corrupción y en vista de asegurarse del apoyo de este poderoso lobby, el Presidente Temer de Brasil lanzo un programa que prevé regularizar la ocupación ilegal de tierras en las zonas de protección ambiental.
Además, congeló la cesión o demarcación de tierras destinados a los Indígenas de Brasil y a los descendientes de esclavos venidos de África. Espera así que los 211 parlamentarios ligados a la agroindustria lo apoyen para evitar la caída de su gobierno acusado de corrupción.
Los efectos serán desastrosos para la protección de la zona amazónica. Según el Instituto socio-ambiental, esto facilitará la falsificación de los títulos de propiedad y permitirá la regularización de zona públicas ya ocupadas, acelerando la deforestación y estimulando la violencia de los grande propietarios de tierra. Según la Comisión pastoral de la tierra (CPT) 37 trabajadores han sido asesinados en conflictos de tierra este año.