Por Andrés Vera Quiroz
A 27 años del término formal del régimen militar, la violencia policial en Chile que afecta a la ciudadanía, es una realidad empírica que lesiona gravemente sus derechos fundamentales, y pone en peligro las bases fundamentales del Estado de Derecho, particularmente la convivencia social.
En estos últimos años, a partir de la movilización social realizada por diversos sectores sociales, hemos observado por los noticieros y en situ, la persistencia de situaciones de abuso de poder, uso indebido de fuerza, o de brutalidad por parte de agentes policiales del Estado que dan como resultado maltrato físico y/o trato degradante de personas integrantes de éstos colectivos, en particular, comunidades mapuches, pobladores sin casa, trabajadores y en las últimas semanas, niñas, niños y jóvenes estudiantes, entre otros.
En la reedición del Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, en el tomo I se expresa lo siguiente:
“El Estado, a través de los órganos y autoridades debidamente autorizados por la Constitución y las Leyes, tiene el monopolio de la fuerza legítima, esto es la que puede emplearse, racionalmente, para hacer cumplir las leyes y mantener el orden público. El uso de la fuerza debe, pues ser justificado y proporcional al fin que legítimamente se persigue. De lo contrario, se puede calificar de injustificado o de excesivo” (2007: 17)
A partir del subrayado estamos en presencia, no cabe duda, de una nueva forma sistemática de “Vulneración de Derechos” por parte del Estado chileno no en términos masivos como fueron en tiempos de la Dictadura Militar, sino que las mismas están dirigidas a ciertos grupos y colectivos sociales.
De acuerdo con un informe de FLACSO Chile, “entre 1990 y 2004 se ingresaron a la justicia militar 6.083 casos por violencia policial imputable a Carabineros sólo en las regiones IV, V, VI y Metropolitana” (Álvarez y Fuentes: 2005).
Otro dato que reafirma nuestra afirmación, es el Informe del Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico de Chile, en el cual se afirma de “la existencia de al menos 101 casos de tortura cometidas por funcionarios de fuerzas policiales entre el año 2011 y el primer trimestre del 2016”.
Algunas de las técnicas de torturas que cometen los funcionarios de Carabineros son asfixias con bolsas plásticas, que se conoce como submarino seco, así como también poner líquido en la boca de una persona para que se atragante mientras está esposada, lo que se conoce como submarino húmedo, además de tocaciones y desnudamientos.
Dichas prácticas de triste realidad en el Chile dictatorial, se aplicaron a miles de personas, estudiantes, pobladores, trabajadores, militantes y familias desde septiembre de 1973 a marzo de 1990, en términos individuales como colectivos, lo cual se encuentra claramente registrado tanto en el Informe Valech I del año 2004 y Valech II del año 2009.
Las explicaciones para estas prácticas abundan desde falta de entrenamiento en el control del orden público; escasa labor de inteligencia policial; defectos en la coordinación de los turnos y/o falta de modernización de los protocolos policiales de acuerdo con los estándares internacionales.
En las últimas semanas se reafirma lo planteado en tres acciones radicalmente distintas entre sí:
1. Manifestación de estudiantes del Liceo 7 de Providencia por denuncias en casos de violencia de género y abuso por parte de profesores y asistentes de la educación, lo que se traduce en 10 estudiantes detenidas, con denuncias de tocaciones y desnudamientos por parte de funcionarios de Carabineros.
2. Ocupación por parte de estudiantes del colectivo ACES de entrada principal de la Dirección General de Carabineros para denunciar la corrupción que mantiene dicha institución en un proceso investigativo que bordea en la pérdida de casi 21 mil millones de pesos. Detenidos 15 estudiantes, los cuales estuvieron en manos de agentes del Estado sin tener claridad de lugares, tiempos y espacios en los cuales fueron “retenidos”.
3. Irrupción de un piquete de 20 FFEE en el Instituto Nacional, gaseando y mojando el establecimiento por manifestación sobre discriminación. Vehículo lanza gases “Zorrillo” patente J-030 choca y desploma reja portón de acceso. Paralelamente sin provocación se detienen a 6 estudiantes que venían llegando a la jornada ordinaria de clases.
Estos ejemplos demuestran claramente un animo sistemático represivo particularmente frente a los estudiantes, en su gran mayoría menores de edad, con lo cual se trasgreden sus derechos que están consagrados en nuestro ordenamiento interno así como en la Convención de los Derechos del Niño, los cuales no son respetados, ni protegidos por el Estado chileno. Un claro ejemplo, la crisis terminal del Servicio Nacional de Menores.
Una posible respuesta a esta violencia naturalizada y visible la podemos encontrar en el sociólogo noruego Johan Galtung y su concepto “Triangulo de la violencia”, el cual realiza para presentar y analizar la dinámica de la violencia en los conflictos sociales.
Para Galtung, la violencia es una especie de iceberg, de manera que la violencia visible es sólo una porción del conflicto. Pues las violencias generalmente están fuertemente asociadas a lo invisible, en este caso la violencia estructural, la peor de todas pues es la no satisfacción de las necesidades y la violencia cultural, que recrea un marco legitimador de violencia.
En las violencias invisibles donde se encuentran las situaciones de desigualdad social, el hambre, la injusticia, los abusos de poder, las explotaciones y todas las negaciones a mejores condiciones de vidas a las personas tanto a nivel individual como colectivo.
Lamentablemente, los manifestantes con o sin capucha y las futuras manifestaciones se encuentran al arbitrio de las fuerzas policiales que no han realizado las modernizaciones justas y necesarias. En coherencia con lo anterior, los nuevos manifestantes se encuentran sólo luchando por sus Derechos pues en la actualidad no existen abogados solidarios, ni organismos ni organizaciones de derechos humanos que denuncien con fuerza y energía esta nueva “Vulneración de los Derechos Humanos”, en tiempos silentes de democracia. Un tema complejo, pues el enemigo interno de la otrora Doctrina de Seguridad Nacional sigue estando presente al menos en la práctica cotidiana de las Fuerzas Especiales de Carabineros de Chile.
El problema de fondo como son las Vulneraciones a los Derechos Humanos de los estudiantes de Chile, no se resuelven con frases de marketing social, “Rompe paga”; «Me parece válido que esto no quede impune”, “Una cosa es que te tomes el colegio; y otra, que lo deshagas”.
En mayo del 2017, el actual gobierno, promulgó una nueva Ley de Maltrato Infantil que pena drásticamente esta práctica, esperemos que también se aplique contra las FFEE de Carabineros de Chile.
En ese contexto, insto a la Presidente de la República Michelle Bachelet; a la Ministra de la Mujer y la Equidad de Género Claudia Pascual; al Ministro del Interior y Seguridad Pública Mario Fernández; al Ministro de Justicia y Derechos Humanos Jaime Campos y al intendente de Santiago, Claudio Orrego en su calidad de autoridades políticas y administrativas y a las instituciones colaboradoras del SENAME a que lean, escuchen y opinen sobre las prácticas descritas y observadas en contra de la Infancia estudiantil chilena.
Santiago, junio de 2017