A medida que la Convención Constitucional avanza y surgen los temas de las transformaciones de fondo que Chile requiere, se producen planteamientos en contra en sectores económicos decididos a defender sus intereses, incluyendo en ello a algunos convencionales de derecha. Para el constituyente de derecha Bernardo Fontaine en la convención “hoy la foto es que la discusión constitucional parece un barco a la deriva con riesgo de naufragio. Se está aprobando tramitar malas normas sin sentido común ni apego a la realidad. Solamente haber aprobado su tramitación -agregó-, ya produce una incertidumbre enorme y es una pésima señal que rompe con toda la credibilidad que ha ido construyendo paso a paso por muchos años en Chile”.
Las reacciones contra la renacionalización de la minería cuprífera y la explotación por el Estado de recursos mineros estratégicos, provino también, como era previsible desde los organismos del gran empresariado entre ellos el Consejo Minero. Su presidente ejecutivo, Joaquín Villarino, llamó la atención que “se desconocen tratados internacionales que estaban explícitamente señalados en la reforma constitucional que dio origen a este proceso”. Hace así mención a tratados suscritos por el país en que se impusieron normas de defensa de las inversiones extranjeras que limitan gravemente la soberanía nacional y que es imperioso modificar.
Las primeras normas sobre esta temática fueron aprobadas por la Comisión de Medioambiente, Derechos de la naturaleza, Bienes. naturales comunes y Modelo económico, planteadas por nueve convencionales de Movimientos Sociales Constituyentes y de la Coordinadora Plurinacional. “Debe haber -señaló el convencional comunista Marcos Barraza- una nueva gobernanza ambiental, que el país tenga soberanía sobre esos bienes y no las transnacionales, pero eso no implica que sea solo el Estado quien puede explotarlos, los privados pueden participar con convenios especiales”. En la experiencia boliviana el proceso nacionalizador estableció la explotación por el Estado y también por empresas privadas bajo el control estatal.
En la gran minería cuprífera existe actualmente un proceso de explotación cada vez más creciente, claramente de carácter negativo, que reside en el aumento de la producción y exportación de concentrados. Los informes de Cochilco lo dejan en evidencia. Informó que la producción esperada para el lapso 2021-2032 muestra que no existen iniciativas públicas o privadas que modifiquen la tendencia a aumentar la producción de concentrados, reduciéndose la proveniente de las plantas hidrometalúrgicas, las cuales bajarán desde un 25,6% de la producción total en el año 2020, 1,47 millones de toneladas, a un 8% hacia 2032, disminuyendo en 62%, lo cual conduciría a la desaparición de 19 de ellas.
En 2021, la producción anual en el país de cobre retrocedió 1,9%, debido a menores leyes en los minerales y retrasos en nuevos trabajos causados por la pandemia. En Escondida, explotada por BHP Billiton, la disminución alcanzó a un 14,8%, produciendo 176.000 toneladas menos. En Pelambres, explotada por el grupo Luksic, se redujo en 8.6%, unas 336.000 toneladas.
Además, debe añadirse un impacto medioambiental negativo del transporte marítimo de concentrados, como lo ha señalado reiteradamente el economista Gabriel Palma, que conducen a trasladar grandes cantidades de escoria. “¿A quién le va a cobrar el royalty minero Boric?”, llegó a preguntarse Fontaine. Y agrega que debe aprovecharse “el alto precio del cobre”, en vez de nacionalizarla para traer más inversión extranjera. Si es así, lo que se produciría sería aumentar la renta de la cual se apoderan las empresas transnacionales, incluyendo la del grupo Luksic, más aún cuando en gran medida los costos de explotación del cobre son cubiertos por la producción de subproductos que se consideran como costos en sus balances.
Chile, en la proyección efectuada por Cochilco seguirá siendo el mayor productor mundial, pero la participación del país sobre el total descendería desde el 8% en la actualidad a poco más de 20% hacia 2032, teniendo presente que la producción mundial a esa fecha aumentaría en más de un 60%. En ese año en Chile se produciría un 5,5% menos que en 2020.
El agua que constituye otro recurso estratégico es un gran problema en Chile y a nivel global. Otro acuerdo de la Comisión de Medioambiente que provocó la reacción de sectores del empresariado, en este caso especialmente de la Sociedad Nacional de Agricultura, es la que caduca todos los derechos de aprovechamiento de aguas que fueron entregados bajo la vigencia del Código de Agua de 1981. Señalando que en situaciones excepcionales serían susceptibles de indemnización. “En todo caso -añadió la norma-, no serán indemnizables los que teniendo derecho de aprovechamiento los hayan utilizado para los siguientes fines: minería, agroindustria, forestales, sanitarias y cualquier otro uso a escala industrial que involucre el uso intensivo de agua”.
Se establece además que el agua no puede ser objeto de apropiación privada ni de acción alguna que importe una alteración significativa de su ciclo hidrológico o que ponga en riesgo la supervivencia de las comunidades que de ella dependan. La constituyente Camila Zarate calificó la norma de una “reivindicación histórica. Esta medida de privatización del agua -subrayó- es única en el mundo y lo que ha generado es una absoluta degradación, donde finalmente solo los dueños de aprovechamiento de agua son quienes pueden gestionar el agua colectivamente a modo de una junta de accionistas.”.
En la semana recién finalizada comenzó a tratarse en la Comisión de Derechos Fundamentales los trascendentes temas de los derechos de propiedad y el papel del Estado. Como era de esperar una de las primeras propuestas efectuadas por los convencionales de derecha, fue tratar de mantener las limitaciones vigentes para la creación de nuevas empresas estatales tanto directa como indirectamente. Proponiendo una norma que su creación requeriría un acuerdo expresó de la mayoría de los parlamentarios en ejercicio, la que fue rechazada.
De las diferentes propuestas presentadas sobre derechos de propiedad se aprobó una presentada por convencionales vinculados al Frente Amplio, que después contó con el respaldo general, salvo de los constituyentes de Chile Vamos. “La Constitución -señaló su texto -asegura a todas las personas el derecho de propiedad (…) de toda clase de bienes. Los bienes incorporales -añadió- solo estarán amparados por este derecho cuando lo determine expresamente la ley. (…) corresponderá a la ley determinar el modo de adquirir la propiedad, los contenidos, los límites y los deberes que emanen de ello, conforme a la función social y ecológica. Nadie puede ser privado de su propiedad sino en virtud de una ley que autorice la expropiación por causas de utilidad pública o interés general. Esta ley determinará el justo monto a pagar”.
Fernando Atria destacó que entre los primeros derechos aprobados estuviese el de propiedad, muestra que la “campaña de terror”, era falsa. “La propuesta aprobada -recalcó- protege la propiedad de una manera consistente con constituciones de otros países. Para eso, sigue entre otras la formulación de la Constitución alemana”. El objetivo último de la desenfrenada campaña desencadenada es buscar crear condiciones para el rechazo de la Constitución. El Mercurio editorializó con el título de “el fracaso” que es “discutible que la composición de la Convención represente plenamente al país actual, por legítima que haya sido su elección”. Un riesgo señaló “es que con el objeto de lograr los dos tercios muchos moderados estén dispuestos a dar su voto favorable, a pesar de que la redacción final no les satisfaga”. Otro riesgo “es que se genere un movimiento que pretenda exitosamente rechazarlo en el plebiscito o sea aprobado por una mayoría mínima”. Cristián Monckeberg (constituyente de RN) pretende responsabilizar de ello a la izquierda que con sus propuestas estaría “despilfarrando la idea de una nueva Constitución”.
Hugo Fazio
Febrero 2022