RESOLUCIÓN DE LA CÁMARA PARA LA ACUSACIÓN CONTRA TRUMP

Traducción de Fernando A. Torres

Artículo I: Abuso de poder

La Constitución establece que la Cámara de Representantes “tiene el poder exclusivo de entablar una acusación constitucional y que el Presidente deberá ser destituido de su cargo en una acusación constitucional por traición, soborno u otros grandes crímenes y delitos menores». En su desempeño en el cargo de Presidente de los Estados Unidos, y en violación de su juramento constitucional de ejecutar fielmente el cargo de Presidente de los Estados Unidos – lo mejor que pueda – para preservar, proteger y defender la Constitución de los Estados Unidos, y en violación de su deber constitucional de cuidar que las leyes se ejecuten fielmente, Donald J. Trump ha abusado de los poderes de la Presidencia, en el sentido de que:

Utilizando los poderes de su alto cargo, el Presidente Trump solicitó la interferencia de un gobierno extranjero, Ucrania, en las elecciones presidenciales de 2020 en los Estados Unidos. Lo hizo a través de una maquinación o conducta repetitiva que incluía solicitar al Gobierno de Ucrania que anunciara públicamente investigaciones que beneficiarían su reelección, dañarían las perspectivas electorales de un oponente político e influirían en la elección presidencial de los Estados Unidos 2020 para su provecho. El Presidente Trump también trató de presionar al Gobierno de Ucrania para que tome estas medidas condicionando los actos oficiales del Gobierno de los Estados Unidos – de gran valor para Ucrania – a un anuncio público de las investigaciones. El Presidente Trump participó en esta maquinación o constante conducta con fines corruptos en busca de un beneficio político personal. Al hacerlo, el Presidente Trump utilizó los poderes de la Presidencia de una manera que comprometió la seguridad nacional de los Estados Unidos y minó la integridad del proceso democrático de los Estados Unidos. Así ignoró e hirió los intereses de la nación. El Presidente Trump participó en esta maquinación o constante conducta a través de los siguientes medios:

1) El Presidente Trump, actuando tanto directamente como a través de sus agentes dentro y fuera del gobierno de los Estados Unidos, solicitó corruptamente al gobierno de Ucrania que anunciara públicamente investigaciones sobre:

(A) un opositor político, el exvicepresidente Joseph R. Biden, Jr.; y

(B) una teoría desacreditada promovida por Rusia alegando que Ucrania, en lugar de Rusia, interfirió en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2016.

2) Con los mismos motivos corruptos, el Presidente Trump, actuando tanto directamente como a través de sus agentes dentro y fuera del gobierno de los Estados Unidos, condicionó dos actos oficiales en los anuncios públicos que había solicitado:

(A) la entrega de $391 millones de fondos de los contribuyentes de los Estados Unidos que el Congreso había aprobado sobre una base bipartidista con el fin de proporcionar asistencia militar y de seguridad vital a Ucrania para oponerse a la agresión rusa y que el Presidente Trump ordenó suspender; y

(B) una reunión de jefes de Estado en la Cámara Blanca, con la cual el Presidente de Ucrania intentó demostrar el continuo apoyo de los Estados Unidos al Gobierno de Ucrania frente la agresión rusa.

3) enfrentado a la revelación pública de sus acciones, el Presidente Trump finalmente liberó la ayuda militar y de seguridad al Gobierno de Ucrania, pero ha continuado instando y solicitando abierta y corruptamente a Ucrania para que realice investigaciones para su beneficio político personal.

Estas acciones fueron consistentes con las invitaciones anteriores del Presidente Trump a la interferencia extranjera en las elecciones de Estados Unidos. En todo esto, el Presidente Trump abusó de los poderes de la Presidencia al ignorar y dañar la seguridad nacional y otros intereses nacionales vitales para obtener un beneficio político personal inapropiado. También ha traicionado a la Nación al abusar de su alto cargo para reclutar a una potencia extranjera en la corrupción de las elecciones democráticas.

Por lo tanto, el Presidente Trump, mediante tal conducta, ha demostrado que seguirá siendo una amenaza para la seguridad nacional y la Constitución si se le permite permanecer en el cargo, y ha actuado de una manera extremadamente incompatible con el auto-control y el estado de derecho. Por lo tanto, el Presidente Trump merece la acusación constitucional y el juicio, la destitución del cargo y la descalificación para ocupar y disfrutar de cualquier puesto de honor, confianza y/o lucrarse de los Estados Unidos.

Artículo II: Obstaculizar las funciones del Congreso


La Constitución estipula que la Cámara de Representantes “tiene el poder exclusivo de entablar una acusación constitucional” y que el Presidente “será destituido de su cargo en una acusación constitucional por traición, soborno u otros grandes crímenes y delitos menores”.

En su desempeño en el cargo de Presidente de los Estados Unidos, y en violación de su juramento constitucional de ejecutar fielmente el cargo de Presidente de los Estados Unidos – lo mejor que pueda – para preservar, proteger y defender la Constitución de los Estados Unidos, y en violación de su deber constitucional de cuidar que las leyes se ejecuten fielmente. Sin precedentes, categórico e indiscriminado, Donald J. Trump ha ordenado desafiar las citaciones emitidas por la Cámara de Representantes de conformidad con su Poder único para la acusación constitucional. El Presidente Trump ha abusado de los poderes de la Presidencia de una manera ofensiva y subversiva de la Constitución, en el sentido de que:

La Cámara de Representantes ha emprendido una investigación de acusación constitucional centrada en la corrupta solicitud del Presidente Trump al Gobierno de Ucrania para interferir en las elecciones presidenciales de 2020 en los Estados Unidos. Como parte de esta investigación de acusación constitucional, los Comités que llevaron a cabo la investigación presentaron citaciones a varias agencias y oficinas del Poder Ejecutivo, y funcionarios actuales y anteriores para la búsqueda de documentos y testimonios considerados vitales para la investigación. En respuesta, sin una causa o excusa legal, el Presidente Trump ordenó a las agencias, oficinas y funcionarios de la Rama Ejecutiva para que no cumplan con esas citaciones. El Presidente Trump interpuso así los poderes de la Presidencia contra las citaciones legales de la Cámara de Representantes, y asumió para sí las funciones y juicios necesarios para el ejercicio del «Poder único de acusación constitucional» conferido por la Constitución en la Cámara de Representantes. El Presidente Trump abusó de los poderes de su alto cargo a través de lo siguiente:

1.- Ordenar a la Cámara Blanca para que desafíe una citación legal reteniendo la producción de documentos solicitados por los Comités (investigadores).

2.- Ordenar a otras agencias y oficinas del Poder Ejecutivo para que desafíen las citaciones legales y bloqueen la producción de documentos y registros de los Comités, en respuesta a lo cual el Departamento de Estado, la Oficina de Administración y Presupuesto, el Departamento Energía y el Departamento de Defensa se negaron entregar un solo documento o registro.

3.- Ordenar a los funcionarios actuales y anteriores del Poder Ejecutivo para que no cooperen con los Comités, en respuesta a lo cual nueve funcionarios de la Administración desafiaron las citaciones para testimonio, a saber: John Michael «Mick» Mulvaney, Robert B. Blair, John A. Eisenberg, Michael Ellis, Preston Wells Griffith, Russell T. Vought, Michael Duffey, Brian McCormack y T. Ulrich Brechbuhl.

Estas acciones fueron consistentes con los esfuerzos previos del Presidente Trump para socavar las investigaciones del gobierno de los Estados Unidos sobre la interferencia extranjera en las elecciones de los Estados Unidos. A través de estas acciones, el Presidente Trump buscó arrogarse el derecho de determinar la propiedad, el alcance y la naturaleza de una investigación de acusación constitucional sobre su propia conducta, así como la prerrogativa unilateral de negar cualquier información a la Cámara de Representantes en el ejercicio de su “Poder único de acusación constitucional”.

En la historia de la República, ningún Presidente ha ordenado nunca el desafío total de una investigación constitucional de acusación, ni ha intentado obstruir e impedir tan masivamente la capacidad de la Cámara de Representantes para investigar “grandes crímenes y delitos menores”. Este abuso del cargo sirvió para encubrir la mala conducta reiterada del propio Presidente y para tomar y controlar el poder de acusación constitucional y, por lo tanto, para anular una salvaguardia constitucional vital conferida únicamente a la Cámara de Representantes.

En todo esto, el Presidente Trump ha actuado de manera contraria a la confianza como Presidente y subversivo al gobierno constitucional; un gran daño a la causa de la ley y la justicia, y a la manifiesta herida del pueblo de los Estados Unidos. Por lo tanto, el Presidente Trump, mediante tal conducta, ha demostrado que seguirá siendo una amenaza para la Constitución si se le permite permanecer en el cargo, y ha actuado de una manera groseramente incompatible con el autocontrol y el estado de derecho. Por lo tanto, el Presidente Trump merece la acusación constitucional y el juicio, la destitución del cargo y la descalificación para ocupar y disfrutar de cualquier cargo de honor, confianza o lucro en los Estados Unidos. ##