Por Cristian Cottet
El debate y estudio del desarrollo de las Políticas Públicas y Sociales del Estado, no puede si no desplegarse sobre un acabado análisis de las condiciones socioeconómicas de cada país o región. Pretender un sermoneo al respecto sólo distrae la atención de los objetivos y contradicciones que dan forma a los requerimientos que estas políticas aspiran enfrentar. No existe intervención del Estado que sea inocente o espontánea, por lo que es preciso traer a colación las opciones de cada actor y los intereses que se ponen en juego a la hora de estas entradas al tema.
Dado el respeto que el espacio merece, sólo me atendré a señalar algunas consideraciones respecto al análisis que Clarisa Hardy propone en su texto “Equidad y protección social. Desafíos de políticas sociales en América Latina”. Texto que puede haber sido superado, pero no pierde la frescura de la novedad en un tema tan en boga y abandonado de estudio.
Antes de todo, a pesar de las señales que la autora entrega respecto al agotamiento del paradigma moderno o dominante y de las críticas hechas al emergente, no logra salir de este fracaso de la “localización” desatendiendo las diferencias de clase y las pugnas que al interior de la sociedad se despliegan. Sobre todo se extraña más rigurosidad a la hora de acotar el contexto económico y social. La burguesía, lo quieran o no algunos, continúa campeando en las sociedades latinoamericanas, sea en su expresión financiera, sea en su conducto de mundialidad.
Chile es un país globalizado, se dice, pero no se aclara las raíces estructurales y de acumulación de capital que en esta premisa gobierna. Más bien las propuestas finales del documento sólo atienden a un perfeccionamiento del modelo de segmentación social haciéndole más eficiente en tanto la contención social y el desarrollo de una “ciudadanía” cooptada por las instituciones intermedias del Estado. Este tipo de propuesta es funcional al tratamiento que en las últimas décadas se ha dado a las organizaciones sociales, haciendo de ellas una extensión del Estado, profundizando la dependencia económica, profesionalizando dirigentes, movilizando los usuarios del paternalismo más extenso y funcional a la hegemonía del capital financiero. El caso se repite levantando las banderas del “fortalecimiento ciudadano” y a poco andar de la dependencia política.
Más que retoques a la focalización, por este camino se propone la profundización de ella, con el agregado de un sujeto social organizado y “descentralizado”, sin capacidad de crítica (por la dependencia económica) y formalmente atado a “proyectos” burocráticos que se expresan en el endeudamiento, en el ordenamiento policial y en el perfeccionamiento de estrategias educativas. En resumen, se profundiza, con este paradigma, el derecho para instalar la competencia ciudadana, la oferta descarada y la frustración de no poder alcanzar lo ofertado.
Ser pobre es un asunto cada vez más complicado. Hasta hace un par de décadas el estado de pobreza no ameritaba cuestionamiento. Para entrar en la categoría de “pobre” era solo necesario tener hambre o vivir en una toma o población. Ser pobre era una condición de vida y por lo mismo se agregaban factores que daban un tono cada vez más dramático al que la portaba.
Bajo este paradigma, pareciera que hoy en Chile nadie es pobre, en tanto cada familia esté protegida por un bono. Ese pequeño dios que se espera en Fiestas Patrias, en Navidad, en Semana santa, cuando nace un o una chilena, etc. El bono hoy toma la forma de “gratuidad de estudios”.
La actualización del debate acerca de las Políticas Sociales es instalado desde la óptica de las políticas económicas, la medición de utilidades en la banca y, en especial, en la evaluación de las acciones que los estados despliegan en lo referido a desarrollos nacionales y regionales, sobretodo cuando una cantidad importante de los países latinoamericanos han vuelto la vista a la resolución de sus problemas estructurales de pobreza, o por lo menos lo que cada uno entiende por “pobreza”.
La década de los noventa está definida por el impulso de un nuevo paradigma en Políticas Sociales, el cual pone el acento en el desarrollo de “capital social”. El sector privado se incorpora a la prestación de servicios sociales y nacen en esta década instrumentos de desarrollo social que vienen a competir con la institucionalidad estatal vigente y surge así el espacio donde se asienta un nuevo tipo de actor social asentado en los sectores más vulnerables.
Estos sectores son las clases medias, dado el deterioro de las condiciones de trabajo. En este contexto emergen nuevos procesos que deben considerarse a la hora de impulsar Políticas Sociales. Un ejemplo de esto es el empobrecimiento de los sectores medios que permite coexistir una “pobreza tradicional” con una “nueva pobreza”, asociada esta última a las precarias condiciones de trabajo y negociación salarial.
…conviven en nuestras sociedades aquellas formas conocidas de pobreza (la que se conoce como “pobreza estructural”) asociada al analfabetismo o escasa escolaridad, a malas condiciones de vida, exclusión o marginalidad, con una nueva pobreza, asociado a mayores niveles de escolaridad, a mayores calificaciones y mejores niveles de vida, condicionada por el mercado de trabajo y el empleo, por los bajos ingresos y la regresividad distributiva, así como por el aumento del empleo socialmente desprotegido. (Hardy, 2004. 52)
Resulta contradictorio descubrir que la pobreza no se expresa por la falta de trabajo, si no en las condiciones que éste se ejercita. De otro lado la mayor participación de la mujer en el mundo laboral ha visibilizado nuevas formas de discriminación de género, además de replantear las relaciones al interior de los espacios domésticos. Esto ha generado, además, estilos de vida en familia novedosos en nuestra sociedad.
Así, el resultado de estas Políticas Sociales aumenta los promedios de vida, generando nuevos requerimiento al Estado. Se presenta así dos cuestiones a resolver: la regulación de la maternidad en un contexto de inserción femenina al mundo laboral y el acceso a salud a las enfermedades catastróficas. Por otro lado, la mayor presencia de los estudiantes en los centros de estudio no asegura una mejor calidad de ella.
…a inicio del nuevo siglo, las desigualdades están dadas, menos por el acceso al sistema escolar que tiende a mejorar, como por las desiguales calidades de la educación que tienen los estudiantes según su origen socioeconómico y el trabajo de los padres… (Hardy, 2004. 252)
Un nuevo factor de desigualdad campea en esta relación de control social, me refiero a la brecha digital y de recursos tecnológicos, producto de la masividad en la distribución de estos bienes (Chile tendría cerca de un 95% de sus hogares con televisor e internet). Es paradójico que hoy “los pobres” puedan hacer la ficha social por internet, o que en los barrios populares pululen automóviles del año, o que la desnutrición ya no sea problema con prioridad si no que lo sea la obesidad. ¿Es ésta la muestra del triunfo de las Políticas Sociales y, por ende, la gobernabilidad del capital financiero?
Los países de América Latina han duplicado el gasto en Políticas Sociales, pero esto sólo muestra la precaria inversión social en décadas pasadas y la reorientación hacia la generación de capital social. Este aspecto de la política social se ha transformado en un eje del debate, dado que ante la insuficiencia de cubrir los requerimientos sociales en décadas pasadas, se levantan voces alegando una reorientación de esos recursos, focalizándolos más que atendiendo requerimientos globales. Y en especial atender la generación de un nuevo tipo de capital social, porque, seamos descarnados, este tipo de capital se presenta en todo tipo de sociedad, podrá mostrar perfiles diferentes, pero esto no es más que la expresión territorial y ecológica.
Esta nueva realidad se revitaliza con una variedad en el “servicio social”, segmentando aún más aquellos sectores solicitantes. Se ha producido “…una diversificada oferta programática”, cuestión que ha tenido escaso impacto dado el dominio de las políticas universales, donde nace una coordinación forzada y burocrática de las instituciones estatales focalizadas en la atención social. “…los noventa –señala Hardy– es la década de las múltiples formas ensayadas de coordinación con escasos resultados…” (Hardy, 2004. 256).
Este conjunto de articulaciones sociales, que afectan a la planificación e impulso de Políticas Sociales, genera un nuevo ambiente que precisa perfeccionarse en cada tensión o propuesta de cambio.
Siendo central la discusión sobre la necesaria articulación entre políticas económicas y sociales y teniendo claro que es en el espacio democrático donde ella encuentra su expresión, no es menos cierto que no da igual cualquier política social y que hay un terreno propio de las competencias de las políticas sociales. (Hardy, 2004. 288)
Este escueto párrafo da cuenta de las propuestas que la autora propone en su texto, propuestas que se concentran en la necesidad urgente de generar una “autoridad social”, que supere las debilidades venidas de la burocracia en el actual modelo. Esta autoridad se justifica en tanto el requerimiento de políticas sociales va en aumento (a más inversión, más demanda) y las instancias actuales no dan cuenta de respuestas adecuadas.
Así, el nuevo fantasma que recorre el país y la región latinoamericana es la democratización de la gestión pública que se empalma con esta nueva autoridad. Se busca generar las instancias ciudadanas de participación y debate en los procesos de distribución de los recursos del Estado (montos, focalización, etc.), pero sin descuidar las estrategias de control social y el apego a la direccionalidad del Estado. Se busca implementar un proceso de “focalización descentralizado”, ya que “…cuanto más focalizado un programa social, mayor debe ser su nivel de decisión y ejecución descentralizado”. Propuesta que reinstala las posibilidades autoflagelante de generar instancias de control sin que el Estado esté presente con todo su arsenal.
La democracia se ejerce solo cada cuatro años, pero el control social es una rutina cotidiana. Respecto a la “pobreza” sucede algo parecido: se mide con parámetros cuestionables, pero se ejerce día-a-día.
Hardy, Clarisa (2004); “Sociedades latinoamericanas y políticas sociales”. En: Hardy, Clarisa (editora); Equidad y protección social. Desafíos de políticas sociales en América Latina; Editorial Lom / Fundación Chile XXI; Santiago de Chile; págs. 247 a 298.