Por Max Oñate Brandstetter
“El proyecto busca consolidar
el sistema de mercantilización
de la educación”
Aldo Valle
El último tiempo ha quedado de manifiesto la instalación como actor relevante de los movimientos sociales, pese a la criminalización de que son objeto desde todas las esferas del poder, (político, estatal, mediático, económico). La perseverancia de los movimientos sociales ha contribuido a dicha instalación.
En los intentos de deslegitimación de los movimientos sociales que realiza el poder por parte del poder se podría considerar el lenguaje político institucional, el discurso de las élites dirigentes ante la aparición de los movimientos sociales, el tratamiento de la violencia y la deslegitimación de ellos ante los medios de prensa y “la opinión pública”. Con ello busca aislar al movimiento social de la ciudadanía en general, intentando que sea esta última la que desapruebe las diversas manifestaciones de los movimientos sociales. El poder, sin embargo, oculta las razones y causas que motivan el accionar de los movimientos sociales.
La criminalización y el intento de separar a los movimientos sociales de la ciudadanía en general se ejecuta para distinguir al interior de cualquier movimiento social a los “malos ciudadanos” de los “buenos ciudadanos”, con objetivos políticos precisos y diversos (pues la movilización es un problema), pero… ¿a alguien le suena descabellada y sin sentido la frase de: dividir para gobernar?
Debemos comprender que los movimientos sociales nacen como “…frustraciones nacidas desde la indigencia económica, de la corrupción o de la impotencia política” (1).
Lo interesante es observar como el sector financiero, sin dar declaración pública al respecto, se ha reacomodado en este escenario, recibiendo concesiones importantes.
En primer lugar, la mantención por muchos años más del Crédito con Aval del Estado, CAE, (algunos señalan que nunca se irá) asegura que el Estado actúe como garantía a quien otorga un crédito -es decir los bancos- para poder acceder a la educación superior privada. Por tanto la mantención del CAE no va encaminada hacia la gratuidad universal, sino a mantener en el Estado, la capacidad de particulares a endeudarse por educación, aunque con ayuda Estatal.
A pesar de si es posible o no la gratuidad universal, la articulación y triunfo de “Nueva Mayoría” se debió a una campaña de promesas electorales (que jamás advirtieron obstáculo alguno de los sectores financieros en impedir o facilitar las transformaciones institucionales para satisfacer a las demandas ciudadanas) de “transformación de mundo” incumplidas hasta la fecha.
Existe un agravante en toda esta situación. Supongamos que lo importante tras los eventos de sufragio universal no sean las transformaciones sociales, sino la participación electoral como señal de apoyo ciudadano, como indicador de mantener el orden republicano a cualquier precio, incluso renunciar a los programas reformistas si es necesario.
Es en este escenario, las posibilidades de abstencionismo y nula participación se acrecientan. Ese será un momento de prueba en el cual el documento de la validación democrática (voto) no cuenta con mayor presencia relevante, para legítimamente hacerse llamar los representantes de la mayoría social.
¿Qué ha ocurrido para permitir o desarrollar todo este escenario?
En primer lugar, ese mismo imperativo categórico de “mantener el orden republicano a cualquier precio, incluso renunciar a los programas de profunda transformación social si es necesario”, ha llevado lamentablemente a eternas promesas electorales incumplidas, que produce por sí misma impotencia política, materia prima para la creación de movimientos sociales, pues los partidos ya no son ejes de articulación desde la ciudadanía hacia el Estado.
El caso SQM como financiamiento transversal a la mayoría de los partidos en ambas coaliciones (gobierno y oposición), ha construido una imagen hacia la ciudadanía de una suerte de colonización transversal del mundo financiero hacia el mundo político, donde la expresión electoral se ve interferida por la influencia económica (da lo mismo por quien vote, pues ellos obedecen al mundo de los inversionistas).
La persistencia de movimientos sociales de reorganizarse y transformarse en verdaderos actores políticos sociales, son indicadores y resultado del incumplimiento del compromiso con los ciudadano que han prometido los diversos gobiernos.
-El autor es Cientista Político, licenciado de la Universidad Academia Humanismo Cristiano
(1) Braud, Philippe; “violencias políticas”, Alianza editorial, ciencia política, Madrid 2006. Pág. 85.