Insoportable y provocativo resulta observar la empatía entre el gobierno y el paro de un sector de los empresarios transportistas.
Han transcurrido los años y la historia golpista de los empresarios del transporte no se olvida, pero apreciar la convivencia entre la agenda legislativa del gobierno y la que exige el sector empresarial que obstruye carreteras y amenaza con generar desabastecimiento de combustibles y medicamentos, entre otros insumos necesarios.
El contraste del actuar de la autoridad genera molestia y diversas reacciones. “Tenemos un gobierno empresario, racista, que hoy está al servicio de todos los empresarios y que hasta el día de hoy le ha mostrado un respaldo a los camioneros que tienen cortadas las rutas” manifestó el lonco del Lof Radalco, Alberto Curamil, quien agregó que el Gobierno ha apoyado a los camioneros, mientras que Carabineros amenaza las movilizaciones de las comunidades.
Las diferencias de las respuestas gubernamentales son abismantes. No se aplica de igual manera la ley. O se aplica de una manera para los empresarios y de otra para quienes solidarizan con los presos mapuche o para quienes protestan exigiendo el fin de las desigualdades o una nueva constitución.
Los privilegios, desigualdades y los abusos se encuentran en las razones del descontento social que se viene manifestando desde hace años y que irrumpiera con fuerzas el 18 de octubre pasado.
Y la aspiración de una Nueva Constitución -que sea el punto de partida para finalizar con los abusos, los privilegios y las desigualdades- adquiere en el actual contexto toda su relevancia.
Las masivas manifestaciones sociales de los últimos meses y la capacidad, brío y extensión que adquieran en el futuro serán la única garantía que permita superar trabas y obstáculos que dificultan el pleno respeto a la soberanía popular y los anhelos de un nuevo modelo de desarrollo social que integre a todas y todos.