Cuando en Chile el Congreso estaba obligado a aprobar el veto presidencial al proyecto de Ingreso Familiar de Emergencia, que proporciona recursos absolutamente insuficientes, ya que de no votarse favorablemente ni siquiera esos reducidos fondos se proporcionarían, la Comisión Económica para América Latina (Cepal) en su informe titulado “El desafío social en tiempos del Covit-19”, hizo pública una propuesta sobre Ingreso Básico de Emergencia (IBE) que ratifica lo escuálido de la iniciativa gubernamental. Lo sucedido demuestra que al privilegiarse una apretada política fiscal no se están enfrentando adecuadamente los problemas sociales en expansión de la pandemia, lo cual conduce, como señala la Cepal a aumentar la pobreza, la pobreza extrema y la desigualdad social.
El documento plantea la urgencia de establecer en la región un IBE, que garantice, subrayó Alicia Bárcena, su secretaria ejecutiva, “transferencias monetarias temporales inmediatas para satisfacer necesidades básicas y sostener el consumo de los hogares. Es la salida al menos – expresó- mientras no haya actividad económica. La cuantía de la transferencia debe fijarse de acuerdo al sector que se dirija y a la duración que tenga la paralización de actividades. La pobreza creció, anotó el documento, por la cuantía del trabajo informal que afecta a un alto porcentaje de la población. “(…) son -señaló- más de la mitad de la población (en la región) que no pueden generar ingresos ahora ni tienen ahorros. Para los pobres –añadió- las cuarentenas son más difíciles de cumplir y tienen peores consecuencias”.
“Las medidas de cuarentena y distanciamiento físico necesarias para frenar la propagación del coronavirus y salvar vidas -expresa el documento- generan pérdidas de empleos y reducen los ingresos laborales de las personas y de los hogares. La pérdida de ingresos – añadió- afecta sobre todo a los amplios estratos de la población que se encuentran en situación de pobreza y vulnerabilidad, así como a las personas que trabajan en actividades más expuestas a despidos y reducciones salariales y, en general, en condiciones de precariedad laboral”.
La propuesta considera que las transferencias monetarias en una perspectiva de corto plazo “deberían tener una duración mínima de tres meses, aunque lapsos superiores de seis meses o un año entregarían una protección mayor. Las transferencias deberían ser por persona y por un equivalente a una línea de pobreza extrema, que representa el costo per cápita de adquirir una canasta básica de alimentos, o una línea de pobreza que permite cubrir también otras necesidades básicas”. Las estimaciones, puntualizó, no consideran los costos de gestionarlas, las cuales “según la Organización Internacional del Trabajo serian del orden del 5% del monto de las transferencias”.
Consultada por los periodistas sobre la viabilidad de la propuesta efectuada, la secretaria ejecutiva de la Cepal contestó que existe “para hacerlo en la región: por lo pronto -ejemplificó-podríamos echarle mano a la evasión y la elusión fiscal, que a la región le está costando el 6,3% del PIB, la mitad del gasto social medio de los gobiernos”. El organismo de la ONU se pronunció por la necesidad de un nuevo pacto social y fiscal, con una recaudación más progresiva, que incluya al 1% más rico de la población.
“El objetivo estratégico de largo plazo –señaló-, debe ser el ingreso básico universal. Sería liberador: daría libertad a las personas para no estar en una situación precaria. Y hay que – agregó- avanzar gradualmente hacia él”. La diferencia entre el proyecto Piñera y la propuesta de la Cepal es abismante. El monto per cápita defendido intransigentemente por el Ejecutivo es en el primer mes de solo $65.000, es decir $2.166 diarios, cantidad que indiscutiblemente está lejos de permitir adquirir una canasta básica de alimentos, que es lo que a lo menos se requiere para una persona en situación de pobreza extrema. El grupo familiar de cuatro personas recibirá $ 260.000, muy distante incluso del salario mínimo. En los meses siguientes el ingreso sería aún menor. En el segundo mes será de $55.250, es decir $1.842 diarios. Y en el tercero de $45.000 ($1.500 diarios). Con el veto, el gasto total aumentó de US$802 millones a US$833 millones, en un 4,1%.
“(…) no queríamos en este proyecto -declaró el ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel- transferir todos los recursos a estas mismas familias, entendiendo que aquí va a haber una magnitud más grande o quizás más prolongada de la crisis”. Se va a llegar agregó al 15% de desempleo y eso se “transforma en informalidad (…) ochocientos mil informales en los próximos tres meses y por eso no queríamos gastar todo ahora, vamos a tener que sumar a estas personas y vamos a gastar más de 802 millones (…). Hemos aportado 2.000 millones para la informalidad (…). Por su parte, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones refiriéndose a las bajísimas sumas otorgadas, sostuvo que “estamos en presencia de una ayuda significativa, de una magnitud que nunca hemos tenido en nuestro país”.
Los temas de fondo son, de una parte, que se necesitan utilizar más recursos y el Ejecutivo tiene frenado el gasto público determinando las posibilidades en dependencia de los recursos presupuestarios disponibles y de otra tener presente los requerimientos existentes. Briones puso el acento en el déficit fiscal “extraordinario” que para el año se proyecta en un 8% del PIB. “(…) nadie me puede decir que queda un espacio infinito o un margen enorme para actuar”. En ningún momento consideró que los recursos entregados deben permitir a lo menos cubrir las necesidades alimentarias básicas, lo que no acontece. Keynes por ello enseñó que en una situación recesiva los gastos deficitarios constituyen una necesidad, es lo requerido además para estimular la demanda agregada.
Peor aún es reasignar fondos de inversión. “Recortar – rebatió el presidente de la comisión de Hacienda del Senado, Jorge Pizarro – el presupuesto de Vivienda en US$ 610 millones, el del MOP en US$ 486 millones, reducir el presupuesto de inversión en la Región de Aysén por US$3.500 millones, de US$2.400 millones en regiones del Biobío y Atacama, son malas señales políticas y económicas”.
El Ejecutivo empezó a la preparar su propuesta de presupuesto 2021 con un criterio fuertemente restrictivo. Hacienda comunicó a los ministerios y reparticiones que deben entregarle propuestas que el monto total de ellas no pueda superar el 90% de lo asignado para el año en curso y el 10% restante se verá posteriormente. Es decir, trata de que no crezca el gasto público. Un informe del denominado Consejo Fiscal Autónomo destacó que “para cumplir las metas de balance estructural, el gasto público debiera caer 8%, un nivel al que no estamos habituados (…) el gasto comprometido para 2021 es mayor que el compatible para cumplir la meta, lo que es muy desafiante”.
Ello cuando el Banco Central en su Informe de Estabilidad Financiera del primer semestre, dado a conocer a mediados de mayo, postergó el momento en que espera se produzca el inicio de la recuperación. Estas señales, proyectó deberían darse “hacia fines de año”. En su último informe de política monetaria fijaba la recuperación hacia el tercer trimestre, lo cual se efectuó sin considerar adecuadamente la evolución de la economía externa ni la dimensión que tendrían las medidas para enfrentarla. Tanto el agudizamiento de la pandemia, así como la fuerte caída de la actividad económica en el segundo trimestre en las economías avanzadas, así como en América Latina mostraron crudamente la debilidad de las estimaciones de su escenario base, lo cual conduce a entregar señales limitadas a las decisiones a adoptar. “(…) no solo – como comentó Jeffrey Sachs – estamos en una fase temprana y dramática, sino que no estamos viendo con precisión lo que ocurre en esta etapa”,
Los escenarios de riesgo previstos por el instituto emisor fueron sobrepasados, tanto en la magnitud de la propagación de la pandemia como de la profundidad de los procesos recesivos. Hay variables importantes aún por conocer o poder estimar. El Congreso Nacional del Pueblo chino en los próximos días permitirá conocer la versión oficial sobre el curso del proceso de recuperación de la segunda economía mundial. Por otra parte, es difícil dimensionar la profundidad de los daños en las estructuras productivas por las medidas para enfrentar la pandemia y, por tanto, en los requerimientos para revertirlo Ello influirá llegado el momento poderosamente en la velocidad mayor o menor del proceso de salida de la recesión.
Con la cuarentena general en Santiago y su impacto en la actividad económica tiende a alejarse aún más el momento del inicio de la recuperación y al mismo tiempo incrementa la caída de la actividad económica del país en el segundo trimestre. El PIB de la Región Metropolitana, de acuerdo con cifras del Banco Central del año 2018, constituye un 42% del producto total, siendo sus actividades sectoriales principales los servicios financieros y empresariales, con un 24,6%, y el comercio, restaurantes y hoteles, con 18,3%.
El presidente del Banco Central, Mario Marcel, expresó analizando la repercusión de la cuarentena general en Santiago y “al sumar ese efecto, más la curva de contagios del covid-19 y las medidas restrictivas, estamos dentro de lo que llamamos escenarios de sensibilidad. Básicamente significa que (…) se requeriría una intensificación o un predomino de la orientación expansiva de la política monetaria (…). El Consejo señaló -reiteró- que estudiaría alternativas para intensificar o ampliar las medidas no convencionales “. Por tanto, se continúa sin darse pasos concretos para terminar con los amarres dejados por la dictadura y para que el Banco Central pueda financiar directa o indirectamente al fisco, posibilitando así al mismo tiempo de ser necesario crear liquidez.
Constatar que la recuperación sea más lenta de lo previsto, es una afirmación que se va generalizando. “Hay un sentimiento creciente -constató Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal- de que la recuperación puede ser más lenta de lo que nos gustaría”. Advirtiendo de que se necesitaría más apoyo fiscal, al igual como lo ha planteado el Banco Central Europeo.
El Ejecutivo está actuando con el criterio de limitar al extremo el crecimiento del gasto público. Piñera ha manifestado que se estaría efectuando un esfuerzo fiscal “gigantesco” y repitiendo lo expresado por su ministro de Hacienda, Ignacio Briones, se estaría llegando al “límite” de lo que puede hacerse responsablemente. A la fecha el aumento del gasto público efectivo es muy limitado. “(…) los únicos gastos en las familias -evaluó Andrea Repetto, académica de la Universidad Adolfo Ibáñez- son los casi US$170 millones que costó el Bono Covid-19, de los US$2.000 millones comprometidos para ayudar a familias vulnerables, que por lo demás se financian con reasignación de gastos. Esto es, se ha comprometido un 0,7% del PIB”. A su turno, el economista jefe del Banco Santander, Claudio Soto, cifró que “el mayor gasto neto, descontadas las reasignaciones, es de aproximadamente 0,5% del PIB”.
Una política privilegiando disminuir el déficit fiscal, que desde ya es equivocada cuando se enfrenta una fase económica recesiva, es todavía más grave cuando se generan decisiones de frenar el gasto público adoptadas en momentos que se requiere su incremento para amortiguar las consecuencias de la expansión del desempleo, la pobreza y la pobreza extrema. Por lo demás se cuenta con recursos todavía insuficientemente aprovechados como los fondos soberanos y la posibilidad de endeudarse en el exterior con un costo reducido demostrada en la colocación de bonos fiscales durante mayo en EE. UU. y Europa.
Hugo Fazio
Mayo 2020