A mediados de abril comenzó a avanzar el proceso legislativo que grava transitoriamente a los súper ricos, presentado por la diputada comunista Camila Vallejo, luego de fusionarse con otra iniciativa del diputado democratacristiano Matías Walker, al ser aprobado por la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Luego fue en general cursado en la Cámara por 105 votos a favor, más de tres quintos, incluyendo 26 sufragios de derecha (seis de la UDI y veinte de Renovación Nacional), 18 en contra y 26 abstención. Pasando a un segundo informe de la Comisión, existiendo un acuerdo para que los ingresos nuevos a originarse se destinen a una renta básica de emergencia.
El proyecto inicial aprobado en la comisión de Constitución quedó compuesto por tres ejes. El primero, el impuesto del 2,5% sobre aquella parte del patrimonio neto de las personas que exceda de US$22 millones. Por patrimonio neto, definió el proyecto, debe considerarse la totalidad de los bienes, valores y/o beneficios que forman parte de su activo, excluyendo el inmueble utilizado como vivienda principal, ubicados en Chile o en el extranjero, restando las deudas u obligaciones fehacientemente acreditadas en su adquisición. Regirá durante el ejercicio 2021 y se aplicará a personas naturales con domicilio o residencia en Chile al 31 de diciembre de 2020. Y se ejecutará sesenta días después de su publicación.
El segundo eje lo constituye un incremento del impuesto de primera categoría de 27% a 30% a megaempresas con ingresos superiores al millón de UF (US$41 millones), en las utilidades percibidas o devengadas durante el ejercicio 2021-2022. El Servicio de Impuestos Internos (SII) dio a conocer que en 2019 había 2.261 empresas con ventas superiores al millón de UF, un 0,2% del total. Y en el tercer eje se eliminan exenciones tributarias durante los mismos dos ejercicios por concepto de beneficios establecidos en el artículo 107 de la Ley sobre impuesto a la renta en instrumentos con cotización bursátil y la del impuesto de primera categoría que beneficia a los retiros de Fondos de Inversión Privados. Walker cifró el alza del 27 al 30% generando US$900 millones y la eliminación de las exenciones en US$800 millones.
Por su parte, el gravamen del 2,5% se estimó en el proyecto presentado que produciría una recaudación entre US$5.000 millones y US$5.500 millones. El Servicio de Impuestos Internos estableció en 1.409 personas las que serían gravadas por este tributo, entre las cuales figura Sebastián Piñera, cantidad inferior a los 5.480 contribuyentes indicados en el proyecto. El secretario general de la Presidencia, Juan José Ossa, procedió a dejar constancia de inconstitucionalidad en la iniciativa.
Entre los ejes diseñados el mecanismo de eliminar exenciones tributarias es el que permitiría recaudar con mayor seguridad y en mayor magnitud recursos, de manera permanente. Es un tema que quedó planteado durante el estallido social en 2019 cuando era ministro de Hacienda el actualmente candidato presidencial Ignacio Briones, quien se comprometió a impulsarlo, pero durante su gestión se limitó solo a que se efectuasen sucesivos estudios, sin proceder a presentar propuestas incluso en aspectos que cuentan con amplio consenso. Ahora, cuando ya no es ministro sino candidato procedió a propiciar decididamente su implementación. Su formulación es terminar o reducir diez exenciones y aumentar el impuesto al diésel, calculando que así se obtendrían recursos fiscales por US$3.000 millones anuales. En su propuesta según sus cálculos las que tendrían mayores rendimientos sería eliminar exenciones a las ganancias de capital en operaciones bursátiles, la cual con una tasa de 10%, generaría ingresos por US$700 millones anuales; el crédito especial a la construcción US$560 millones; y la exención del IVA a los servicios US$765 millones.
Establecer un gravamen a los súper ricos es absolutamente justo, más aún en la coyuntura actual. Lo es como una medida transitoria, teniendo presente las regresiones registradas durante la pandemia, y también lo sería de establecerse en forma permanente. El país, como ha reiterado recientemente el doctor en Economía Gino Sturla, “el 1% de los adultos concentra un 35% de los ingresos y un 47% de la riqueza neta privada total. Y, desde 1990, la participación del 1% más rico en el ingreso se ha mantenido estable”. De otra parte, la recaudación tributaria debe aumentar. “(…) en Chile -agregó Sturla- es de un 20,7% del PIB, los países hoy desarrollados recaudaban un 34% cuando tenían el mismo ingreso per cápita. La estructura de recaudación del país se basa en impuestos indirectos al consumo, 55% de los ingresos fiscales; los países de la OCDE lo hacen con impuestos directos, los impuestos al consumo representan un 32%”. Una estructura tributaria que descansa en impuestos indirectos es regresiva, dado que grava porcentualmente en porcentajes mayores a los sectores de la población de menores ingresos.
El proyecto de ley avanza cuando el Fondo Monetario Internacional, el Presidente de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, y la OCDE, entre otros organismos y personalidades, han efectuado formulaciones para que quienes fueron beneficiados por la pandemia o tengan ingresos elevados, sean personas naturales o empresas, contribuyan con recursos a enfrentar consecuencias sociales negativas de la pandemia. “Que quienes más tienen- como expresó Camila Vallejos – se pongan ante la crisis sanitaria para poder apoyar a las familias”.
En esta dirección también contribuye un tercer retiro del 10% aprobado primero por la Cámara de Diputados, con el respaldo de 42 parlamentarios de Chile Vamos, superando los votos que se requería, a pesar de los denodados esfuerzos efectuados de La Moneda para que ello no ocurriese, dado que extrae recursos del Fondo de Pensiones, en poder de grandes intereses económicos, para entregarlos a los cotizantes. Este hecho, editorializo La Tercera, “reviste una grave derrota política para el gobierno, confirmando que una parte considerable de su fuerza parlamentaria ya no está disponible para seguir brindándole soporte, así como su manifiesta incapacidad para ordenar sus propias filas”, El Fondo, al momento de iniciarse los retiros tenía US$233.451 millones, habiéndose ya girado unos US$37.000 millones.
La aprobación en Segundo trámite por el Senado se produjo 48 horas después de presentado el requerimiento del Ejecutivo al Tribunal Constitucional (TC) en su contra, constituyendo una demostración más del rechazo provocado por esta decisión. Durante el debate en la Cámara Alta, Renovación Nacional pidió al gobierno lo dejase sin efecto y encabezar un proyecto de ley de retiro de los fondos, planteamiento que fue rechazado por Piñera La sesión se efectuó largo rato sin la presencia de representantes de La Moneda, hecho que fue utilizado por el senador Francisco Chahuan para fundamentar su voto a favor “porque no hay otra alternativa para empatizar con las familias que lo están pasando muy mal” (23/04/21). El retiro fue aprobado por más de dos tercios de los senadores, siete de ellos de derecha (tres de RN, tres UDI y uno exRN), más que en el primer retiro (5). Fueron muchas las intervenciones demandando se dejase sin efecto el requerimiento efectuado al TC.
Al haberse efectuado algunas modificaciones en el Senado precisó de un tercer trámite en la Cámara, aprobándose con 119 votos a favor, 17 en contra y tres abstenciones. Contó con el respaldo de 39 diputados de Chile Vamos. cuatro más que en el primer retiro. Un gran número de las intervenciones fue efectuada nuevamente demandando a Piñera el retiro del requerimiento presentado al TC.
El acuerdo nuevamente se apoyó en efectuar una reforma transitoria de la Constitución. Al proyecto paralelo para que este retiro pasase a ser una norma permanente le faltaron en la Cámara solo cuatro votos para ser aprobado, obtuvo 88 y precisaba de 92, con el apoyo de nueve diputados de la fraccionada coalición oficialista, uno de la UDI, otro de una exUDI y siete de Renovación Nacional. La aprobación requería contar con el respaldo de tres quintos.
El acuerdo inicial en la Cámara se cursó con una indicación del diputado Matías Walker que presentó la iniciativa como una excepción a la iniciativa exclusiva del Presidente de la República en materia de seguridad social, contando para su aprobación justo con los 92 votos a favor. El candidato presidencial de RN, Mario Desbordes, mostrando la profundidad de las diferencias al interior del oficialismo, señaló luego de la aprobación del proyecto: “(…) esperamos que el Gobierno no vaya al TC. Sería un mal escenario. Si el Gobierno recurre a él, tendríamos que nosotros mismos presentar reformas permanentes”.
También se aprobó la propuesta para que las personas con rentas vitalicias, que han estado impedidas de efectuarlo en los otros retiros pudiesen hacerlo, adelantando el pago de sus rentas hasta por un monto equivalente al 10% del de la reserva técnica con que se cuente en la aseguradora, giro descontado a prorrata de sus pensiones futuras. Compañías aseguradoras, ante todo las de capitales estadounidenses, estudian efectuar presentaciones en el país al Tribunal Constitucional y en el exterior al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), para lo cual se han contactado con la asociación de aseguradoras en EE. UU., tratando de apoyarse en el TLC suscrito durante el gobierno de Ricardo Lagos con Washington.
Las críticas a las acciones de La Moneda para tratar de impedir el nuevo retiro de fondos fueron acentuándose. Cuando el proyecto se encontraba en el Senado y el Gobierno insistía en someterlo al Tribunal Constitucional Desbordes declaró: “Lo que hace el Gobierno es muy grave. Si uno lo quiere ver esto desde el punto de vista electoral, el daño es ahora en la constituyente. Tenemos un gobierno que solo piensa en el propio gobierno. (…) yo no tengo dudas que eso no le interesa al gobierno, no es su preocupación Siempre le interesó el segundo gobierno de Sebastián Piñera”.
En la comisión de Constitución del Senado en la oposición al tercer retiro coincidieron la presidenta de la Asociación de AFP, Alejandra Cox, el superintendente de Pensiones, Osvaldo Macias, y el presidente del Banco Central, Mario Marcel. Sus argumentaciones similares llevaron al senador Carlos Bianchi a comentar: “Parece que todos hicieron el trabajo juntos el fin de semana”.
Alejandra Cox sostuvo que “las personas están recibiendo fondos hoy, a costa de las pensiones mañana”. Pero sucede que su cancelación se hace a partir de las cotizaciones efectuadas por los trabajadores activos y de aportes fiscales, y no de recursos provenientes del fondo de pensiones. Al contrario, el fondo se ha nutrido de cotizaciones de los trabajadores activos destinados a cancelar pensiones empleados por los intereses económicos que lo manejan, así como de recursos fiscales destinados a este mismo fin.
El superintendente de Pensiones en su intervención proporcionó la estimación del monto a recibirse por concepto de rentas vitalicias cuyas cancelaciones se adelantarían por las aseguradoras, que sería de US$2.634 millones. Un 54% podría recibir el máximo previsto de 150 UF y el 46% un 10% de su prima. El presidente de la Asociación de Aseguradores, Mario Gacitúa, sostuvo que ello sería inconstitucional por tratarse de un “contrato entre privados” establecidos cuando el pensionado le traspasó la totalidad de sus fondos a ser proporcionados por las compañías en el lapso establecido, sosteniendo que de hacerse deberían ser indemnizados de tener que hacerlo. Mario Marcel, por su parte, en su intervención expresó su preocupación por que el desembolso a adelantarse “tiene un potencial efecto sobre la situación de las compañías de seguros de vida, la seguridad jurídica y la incertidumbre”. No haciendo ninguna mención a las grandes utilidades obtenidas al lucrar con las cotizaciones de las que se apoderaron.
Para Marcel el efecto macroeconómico del tercer retiro del 10% se limita en lo fundamental a la relación que se produce entre el incremento de los ingresos personales y el porcentaje que va directamente al consumo, señalando que su impacto sería cada vez menor. Es un análisis extraordinariamente unilateral. En su enfoque los retiros constituyen una decisión de “ahorro provisional de los hogares”. Efectuando una comparación de su efecto macroeconómico con el que se produce con la “inversión pública equivalente”. Comparación forzada, dado que para ser inversión pública debe ponerse fin al sistema de AFP y al empleo de los recursos acumulados en el fondo de pensiones por capitales privados en su beneficio. Los efectos macroeconómicos son necesariamente elevados, baste solo con tener presente que, de acuerdo a las Cuentas Nacionales por sector institucional, publicados por el propio Banco Central, el Ingreso Bruto Disponible de los hogares creció en 2020 un 12,7% anual influido por los dos retiros efectuados el año pasado, cuando las remuneraciones y los ingresos de independientes formales e informales descendían un 5,2%.
El 20 de abril, el Ejecutivo presentó al Tribunal Constitucional un requerimiento de inconstitucionalidad sosteniendo que el retiro constituye una atribución exclusiva del presidente, desconociendo el acuerdo de reforma constitucional transitoria acordada por el Congreso, lo cual produjo un inmediato y masivo rechazo. La CUT llamó a efectuar un paro nacional de protesta. La Unión Portuaria inmediatamente de darse a conocer el requerimiento realizó movilizaciones en 21 terminales.
La aprobación del impuesto a los súper ricos se produjo cuando existen numerosas propuestas estableciendo sean gravados, así como a la riqueza, beneficiadas durante la pandemia, teniendo presente el crecimiento de los niveles de desigualdad. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, interviniendo en un foro del Consejo Económico y Social, constató que los últimos informes indican que “en el último año se ha producido un aumento de US$ 5 billones del patrimonio de. los más ricos del mundo” para luego “instar a los gobiernos a que consideren la posibilidad de aplicar un impuesto de solidaridad o sobre la riqueza a quienes se han beneficiado durante la pandemia para reducir las desigualdades extremas”.
Un planteamiento en la misma dirección ya se había efectuado en la asamblea semestral de primavera del Fondo Monetario Internacional por su director de Políticas Públicas, Victor Gaspar, “Las desigualdades persistentes -expresó- han amplificado el impacto adverso de la pandemia y, a la vez, el Covid-19 ha agravado las dificultades (…). Un círculo vicioso de desigualdades -advirtió- que podría dar lugar a un quiebre social y político “.
Las diferencias en la coalición de gobierno se acentuaron. En Renovación Nacional fueron numerosas las formulaciones considerando un error la presentación al TC. “No estoy de acuerdo -manifestó el subjefe de su bancada de diputado, Andrés Longton- Creo que el presidente podría haber propuesto una alternativa si es que se encontraba inconstitucional al igual como se hizo en el segundo retiro. (…) espero que no tenga éxito en el TC”. La debilidad del comité político del gobierno es evidente. “Creo -manifestó Ascanio Cavallo- que no hay comité político. Hay unos ministros extraordinariamente débiles en términos de juego y peso político, son como estudiantes en prácticas. No tienen el volumen que se necesita en un momento como este”.
El 19 de abril, Piñera habló, extraño en él, de elevar la recaudación con foco en los sectores de altos ingresos. “Nosotros le respondimos de inmediato -señaló la presidenta del Senado, Yasna Provoste-: aceptamos este llamado para transformarlo en propuestas de trabajo concreto, con plazos acotados, donde saquemos adelante una reforma tributaria con tres condiciones: impuestos progresivos, recaudación de manera permanente y que elimine exenciones. Nosotros creemos. -agregó- que el eje debería estar en lo que distintos sectores del país han venido señalando, que es establecer un impuesto a los súper ricos por una sola vez. Nosotros estamos planteando, que dado que el Presidente ha señalado estar dispuesto a buscar mecanismos para aumentar las recaudaciones, nosotros le decimos: aquí y ahora un impuesto para las grandes fortunas, terminar con las exenciones y hagamos un debate a fondo sobre una reforma tributaria en el largo plazo”.
Hugo Fazio
Abril 2021