Bitácora 5 (10/05/2020)
“Lo último que queremos es crear falsas confianzas o triunfalismos absurdos”, manifestó el 24 de abril el presidente Sebastián Piñera. A comienzos de esa semana desplegaba el eslogan de la OMS, muy suelto de cuerpo se refería a la “nueva normalidad”, un aire triunfalista ante los primeros resultados frente a la crisis sanitaria. Una curva de contagiados menor a los 500 casos y una mortalidad cercana a los 10 fallecidos diarios eran su principal aval.
Apresuradamente, el Presidente se refirió a un plan a implementar por etapas, convocando al sector público a volver a sus labores antes que el resto de la población, convirtiendo a sus empleados en una suerte de conejillos de Indias. También volverían escalonadamente al trabajo aquellos rubros no esenciales del comercio y por supuesto se hablaba del pronto regreso a clases de los estudiantes.
Parece comedia, pero tras las palabras de la autoridad (“actitud de triunfalismo absurdo”) justamente se contribuía a generar “falsas confianzas” dentro de la población. Transcurridas cinco semanas luego de dictaminar las primeras cuarentenas, ya se daba por superada una primera etapa y se invitaba a una “nueva normalidad”.
Numerosas instituciones (Colegio Médico e incluso el vilipendiado Congreso) ponían el grito en el cielo y llamaban a la cautela al Gobierno. Antes de terminar esa semana, Sebastián Piñera acudía a un nuevo eslogan: “Retorno seguro”, documento de cuatro carillas que enviaba a las reparticiones públicas con objeto de generar una planilla detallada con los funcionarios clave para retomar las funciones presenciales de la administración pública, indicando a su vez quienes trabajarían de forma remota y los grupos de riesgo que debían permanecer en sus domicilios.
“No estamos diciendo que la nueva normalidad va a ser ahora (sonría el lector), nos estamos preparando para el retorno seguro”, retrucaba el Presidente en un matinal de televisión. Ante este último eslogan, parte del oficialismo como la oposición elevaron críticas al Ejecutivo debido a que entendían que todavía no se alcanzaba el mayor número de contagios (el propio Ministerio de Salud fechaba para la segunda semana de mayo dicho peak). Otros argumentaban que el mensaje del Gobierno era contradictorio dado que recién unas semanas atrás se habían decretado las primeras cuarentenas y sólo a partir del 17 de abril fue obligatorio el uso de mascarillas en el transporte público.
De verdad, no se entiende a la autoridad cuando semana a semana va modificando el discurso ante el comportamiento de un virus del que se desconoce tanto su velocidad de contagio como su letalidad en distintos medio-ambientes. Lo único seguro es que las cuarentenas contribuyen a disminuir la tasa de contagios.
En vista del notorio aumento del número de casos diarios (duplicando y a veces triplicando las cifras de semanas anteriores) no resulta antojadizo inferir que los eslóganes utilizados por el Gobierno generaron malas interpretaciones (la gente se volcó a las calles y los supermercados aumentaron su flujo de gente) producto de un relajo en el comportamiento de la ciudadanía.
En La Moneda reconocen que se cometió un error, sobre todo en relación con el retorno de los funcionarios públicos al trabajo presencial, debido a que no se explicó bien y se vio como algo contradictorio con las otras acciones que el gobierno estaba impulsando. “El futuro de esta enfermedad es incierto y, por tanto, podrán venir muchos rebrotes o muchas segundas olas para las cuales debemos estar preparados”, agregó el Presidente, como si jamás hubiera pronunciado el concepto “nueva normalidad”.
Ya no parece haber dudas de que el país ha entrado en una nueva fase de la epidemia, una donde no hay margen para los errores involuntarios y donde será fundamental que la ciudadanía asuma con rigor y en plenitud el autocuidado como las instrucciones sanitarias.
Actualmente son 32 comunas las que se encuentran bajo el régimen de cuarentena, la mayoría pertenecientes a la Región Metropolitana, donde el aumento de contagios ha ido escalando a una tasa mayor. Si hace apenas unos días el virus aparecía relativamente contenido, el número de casos positivos aumentó en forma explosiva durante esta última semana, con más de mil casos positivos diarios (los contagios de los últimos 10 días representan el 40% del total de casos desde la llegada de la pandemia), acumulando a la fecha 30.000 infectados.
Con los actuales casos ya se observan señales de que las instalaciones sanitarias presentan mayor demanda de camas UCI, así como de ventiladores. A nivel nacional el 75% de las camas críticas ya está en uso (82% en la Región Metropolitana). Hay hospitales cuyas capacidades de urgencia ya han sido sobrepasadas y han debido derivar pacientes (en el sector sur-oriente de la capital la utilización de camas UCI ha alcanzado el 99%).
Lo anterior por el lado de la salud, pero además hay que considerar que las cuarentenas afectan de manera considerable a las economías al interior de las familias, sobre todo en las comunas de menores ingresos. Los paliativos del Gobierno para solventar los gastos familiares mientras sus integrantes deban permanecer confinados en sus domicilios siempre serán escasos: el Presidente había anunciado un monto de US$2.000 millones para los efectos del llamado Ingreso Familiar de Emergencia y sólo está disponiendo del 40% de dicho monto. El gasto público se empinará al 8% del PIB este 2020 (déficit fiscal efectivo de esa magnitud), cifra que parece insuficiente comparada con el gasto fiscal ejecutado por el Gobierno en la crisis del 2009, que alcanzó al 16% del PIB.
Todo indica que esta crisis económica será más profunda que la crisis Sub-Prime, por lo que no se entiende que el Ministerio de Hacienda esté poniendo freno a los estímulos fiscales. Hay incluso un agravante: el Ingreso Familiar de Emergencia fue anunciado hace varias semanas y todavía sigue entrampado en el Congreso, aparte que su implementación al 60% más vulnerable no es del todo clara en sus mecanismos para llegar de forma oportuna. Se han perdido tres semanas en la tramitación del Congreso y casi tres cuartas partes de los habitantes de la Región Metropolitana se encuentran en cuarentena. Muchos de los trabajadores (informales y a honorarios) han visto un brusco deterioro de sus ingresos y, hasta el momento, nada indica que los ingresos de emergencia llegarán a la población antes del 31 de mayo (el anuncio de ayuda para los que emiten boletas de honorarios se vislumbra aún más engorroso y ni siquiera tiene fecha para su presentación al Congreso).
La crisis sanitaria no se logra contener aún y todo se agrava cuando la crisis económica se profundiza, recayendo en los trabajadores y sectores vulnerables las consecuencias de “errores” comunicacionales y apegos acérrimos a principios neoliberales.
Dilemas