El próximo 4 de septiembre, la ciudadanía decidirá en las urnas si la propuesta de nueva Constitución reemplaza a la Constitución vigente, impuesta por Augusto Pinochet en 1980 en una farsa de plebiscito y a la cual se le hicieron reformas que a todas luces resultaron inconducentes.
El acontecimiento que hizo posible el proceso constitucional fue la rebelión social de octubre del 2019 que, en los hechos, presionó a la casta política para concordar un acuerdo en noviembre como única forma de evitar un descontrolado derrumbe de su dominación, gobierno incluido. Fue una salida de emergencia ante un movimiento social desplegado en las calles que mostraba su poderío, pese a que , con el tiempo, quedaría demostrado que no tuvo la capacidad de resolver a tiempo problemas de unidad y dirección común.
Ciertamente las Constituciones no resuelven por si misma los problemas de un país. Pero en este caso, Chile tiene la oportunidad de desterrar, para siempre, el legado institucional de la dictadura. Y ello es de suma importancia. Reconocer que la propuesta constitucional proclama que Chile será “un Estado social y democrático de derechos”, entre otros temas relevantes, establece un cambio fundamental respecto a la actual Constitución y facilita las condiciones para exigir dichos derechos.
De aquí al plebiscito los días serán tensos y marcados por la confrontación electoral en curso. El Rechazo, con enormes recursos financieros, recurre a las tergiversaciones, incluidas las mentiras, respecto de los contenidos con la finalidad de sembrar la desconfianza y el temor. El Apruebo, por su parte, deberá esforzarse por desplegarse en las calles y los territorios para contrarrestar el enorme poder de acceso a los medios de comunicación de quienes siempre se negaron a cambios sustanciales.
Reiteramos, la nueva Constitución propuesta al país es un instrumento jurídico y político que a diferencia de la Constitución pinochetista, abre posibilidades de continuar, en mejores condiciones, la lucha por derechos para todas y todos y al objetivo de construir una democracia social y profundamente participativa. Claro está que, lo determinante en alcanzar esos derechos y esa sociedad será siempre la capacidad organizativa y de movilización que logre el movimiento social.
En lo inmediato hay que asumir los desafíos del plebiscito.