Todo indicaba que uno de los temas de la semana sería el del proceso plebiscitario. Y lo fue de alguna manera, dado que diversos acontecimientos posicionaron a los actores ante su proximidad.
Pero otro acontecimiento obnubiló el anterior. La detención del teniente coronel Claudio Crespo, miembro de las Fuerzas Especiales de Carabineros y procesado por su responsabilidad en los disparos que dejaron ciego a Gustavo Gatica.
Respecto del primer tema, no hay que olvidar de que el plebiscito es el resultado directo de las luchas populares y en particular, de la verdadera rebelión social iniciada el 18 de octubre que empujó un proceso democratizador que obligó a las elites dominantes a aceptar el proceso constituyente.
Ese inédito empuje democratizador costó vidas, mutilados, encarcelamientos y dolor al pueblo.
Y garantizar que el proceso plebiscitario conduzca a una nueva Constitución a través de una verdadera y plena Asamblea Constituyente solo será posible si la movilización activa de los sectores sociales y populares se hace presente durante todo el proceso. De ello dependerá la profundidad del empuje democratizador. Y en el camino habrá que sortear las cortapisas, las maniobras distractoras y las limitaciones que tiene la así denominada, Convención Constitucional.
La detención del teniente coronel es un hecho que tiene su valor. Pero cuando se trata de verdad y justicia, cuando se tiene que asumir la grave crisis de derechos humanos causada por el Estado a partir del 18 de octubre hay que evaluar qué otros pasos hay que dar para que la justicia se haga realidad y las muertes, los mutilados y el dolor causado a tantas y tantos no se repitan.
Por ahora, las responsabilidades directas de los disparos la continuarán investigando los tribunales, y estos tienen en el teniente coronel y seguramente en el destacamento policial los primeros culpables.
Claro está que Carabineros es una organización jerarquizada. Y el director general de Carabineros tiene que dar respuestas del actuar de las fuerzas bajo su mando, de qué forma él daba las órdenes para que se procediera, y por qué actuaron con el nivel de violencia que lo hicieron, habida cuenta de los centenares de mutilaciones causadas.
Mas, las responsabilidades no solo recaen en el alto mando de Carabineros. Hay responsabilidades políticas, desde el ministro del Interior hasta el Presidente. Y esto también hay que tenerlo presente, más aún a la hora de exigir justicia y reparación para quienes recibieron tan inmenso daño de parte del Estado.
Imprescindible es considerar que, el actuar de la policía uniformada en los últimos meses ha sido cuestionado por diversas situaciones: montajes policiales, investigaciones judiciales por corrupción, violaciones a los derechos humanos y también por decisiones como renombrar, en la figura de un exintegrante de la Junta Militar de la dictadura, la Academia de Ciencias Policiales. Son señales de que prevalece una cultura de la impunidad en la institución.
Y si las señales y doctrina se traducen en acciones inaceptables es urgente refundar Carabineros de Chile sobre la base del pleno respeto de los derechos humanos. se hace evidente que no es posible continuar la formación de las nuevas generaciones policiales en el negacionismo de las violaciones a los derechos humanos y en una doctrina y cultura propia de la dictadura.
En los días que corren los desafíos que tiene el movimiento social y popular son enormes y convocantes. Retos ineludibles a quien debiera ser el principal sostén del proceso constituyente, en su condición esencial de ciudadanos organizados y movilizados ejerciendo la soberanía popular.