La reforma constitucional transitoria que posibilitó el retiro hasta un 10% de las cuentas individuales de los fondos de pensiones tiene profundas repercusiones políticas, económicas y sociales. Produce un efecto positivo en la regresiva distribución del ingreso existente en el país. La crisis gubernamental se hizo más evidente en la votación y fundamentación a favor del retiro efectuada por varios parlamentarios de Chile Vamos dando como una de las razones que las medidas del Ejecutivo para amortiguar los grandes problemas de amplios sectores de la población se produjeron con retraso, fueron absolutamente insuficientes y tuvieron una escasa cobertura. Mirado desde otra perspectiva la consigna no más AFP alcanzó una gran masividad y la continuidad del sistema previsional entró al debate. Todas las encuestas de opinión pública mostraron un abrumador respaldo a la propuesta de retiro de los fondos.
El gobierno experimentó una derrota de proporciones, particularmente el propio presidente Piñera, así como su equipo político que se jugaron a fondo para tratar de impedir la aprobación de la propuesta que requería elevados quórums para su aprobación, lo cual fue posible alcanzar con los votos de parlamentarios de Chile Vamos. Cada votación en el Congreso constató además que los apoyos fueron crecientes.
Luis Larraín, presidente del Consejo Asesor de Libertad y Desarrollo efectuó una demoledora crítica a Sebastián Piñera desde las posiciones de la derecha más recalcitrante. Constató que “la dura derrota” experimentada “no se remite a este proyecto, sino que extiende sus alcances a toda la política. La falta de convicciones y liderazgo presidencial en todo el episodio se tradujeron en una derrota mayor: el gobierno perdió el tercio del Congreso que le permitía algún margen de maniobra para lo que resta de su mandato. (…) es evidente que el Gobierno es el principal responsable – criticándolo desde las posiciones más radicales – : primero al renunciar desde octubre de 2019 a su función primerísima de mantener el orden público, con una actuación timorata de las principales autoridades del país; segundo, al renunciar ahora a su deber de recurrir oportunamente a las instancias para evitar que en el país se desborde la institucionalidad impugnando la aprobación fraudulenta de una norma de iniciativa exclusiva presidencial”. En cuanto a la decisión de promulgar la reforma, subrayó, “la forma de comunicarla nos recordó que los dioses ciegan a quienes quieren perder, pues se realizó de manera ignominiosa. La consecuencia es una derecha pulverizada y un castigo a las convicciones de quienes se opusieron al proyecto”.
Andrés Allamand, otro de los críticos más de derecha del equipo político en el momento del despacho de la reforma, insistió antes de la Cuenta Pública efectuada el 31 de julio que Piñera debía confirmar o modificar el equipo político. Afirmando que “el Gobierno tiene una popularidad muy baja, debe manejar distintas crisis y uno esperaría cohesión y unidad”. Y ante una coyuntura compleja mostró que existen falencias en el equipo político. Ante este emplazamiento, Piñera modificó su equipo político antes de la Cuenta Pública, nombrando a Allamand canciller. Como ministro del Interior se designó al senador de la UDI Víctor Pérez, a propuesta de Jacqueline Van Rysselberghe, al tiempo que el diputado Jaime Bellolio, que la enfrentó en la elección interna por la presidencia del partido, fue nominado en la Secretaria General de Gobierno. Por su parte, en RN se llevó al gabinete a los dos personeros que se enfrentaban abiertamente en su interior, Andrés Allamand -el más activo defensor del rechazo en la consulta constitucional- y a Mario Desbordes en Defensa, que destacaba por el activo papel político desempeñado de mayor amplitud. Las otras dos modificaciones fueron los enroques de Cristian Monckeberg, pasando desde Desarrollo Social a la Segegob, y a Karla Rubilar, reemplazada en la vocería entregada a Bellolio, a Desarrollo Social.
Se designó ministro del Interior, como describió La Tercera, “a un gremialista químicamente puro, abanderado por el ´rechazo’ y que nunca ha renegado ni relativizado ser pinochetista”. Pérez ya no podía ir a la reelección, su figuración política comenzó al ser designado por la dictadura alcalde de Los Ángeles en el lapso 1981-1987. En 2017, cuando la UDI efectuó la modificación de principios, defendió insistentemente mantener en su formulación que “la UDI destaca el patriotismo y espíritu de servicio de las Fuerzas Armadas y de Orden de Chile, incluida la acción liberadora del 11 de septiembre”. Su nominación muestra que Piñera optó por apoyarse en el fundamental ministerio en un personero duro de la derecha y abierto partidario del rechazo en la consulta constitucional.
Pérez al día siguiente de ser nominado, fiel a su pasado, sostuvo que “durante muchos días de estas últimas semanas Carabineros de Chile fue el que logró sostener el estado de derecho. (…) mis profesores de Derecho Público me decían -añadió- que la fuerza del Estado es legítima y que la violencia de los particulares es ilegítima y que eso es la base del estado de derecho. Carabineros – concluyó -es una de las instituciones que han recibido un ataque frontal”.
El nuevo gabinete se dio como uno de sus objetivos iniciales fortalecer la deteriorada coalición de gobierno. Una advertencia sobre los desafíos a enfrentar provino del senador Manuel José Ossandón al señalar que “más allá de los nombres, aquí tiene que cambiar la mirada del Gobierno, aquí tiene que haber un cambio de estrategia (…) lo necesario es el cambio de diseño, si no hay cambio de diseño -recalcó- va a seguir lo mismo” (25/07/20). Ello se vincula con la mantención del “segundo piso”, es decir el grupo asesor directo de Piñera, el cual continúa siendo dirigido por Cristian Larroulet.
En su alocución durante el cambio de gabinete, Piñera planteó como uno de los objetivos a sacar adelante en lo que resta de su administración el “impulsar la segunda etapa de la reforma al sistema previsional”. Tarea que con anterioridad ya había encargado al ministro de Hacienda, Ignacio Briones, y a la de Trabajo, María José Zaldívar, para buscar un acuerdo con sectores de la oposición entre los cuales destaca el exministro de Hacienda Rodrigo Valdés, que conlleva la mantención del sistema de AFP. Este proyecto continúa siendo analizado en la comisión de Trabajo del Senado. El presidente de la comisión, Juan Pablo Letelier, espera que durante el mes de agosto se defina si existe la posibilidad de un acuerdo con el Ejecutivo. “Si el Gobierno no quiere sentar las bases con la oposición, esto se verá en el proceso constituyente. Espero (…) saber si habrá acuerdo”.
El senador Letelier presentó a la Comisión una propuesta preparada por sectores de la oposición, que incrementa las cotizaciones en seis puntos porcentuales de 10% a 16%, que no tiene ningún asidero mientras subsista el gigantesco ahorro forzoso, los cuales se destinarían en su totalidad a un fondo de Ahorro Colectivo Solidario, a ser administrado por un Consejo de Ahorro Colectivo Solidario. Para Sebastián Piñera la diferencia en lo fundamental se centra en estos aspectos para alcanzar un acuerdo. Respondiendo a una comunicación enviada por el presidente del consorcio financiero estadounidense Principal Financial Group, que controla la AFP Cuprum, acerca de “¿cómo podemos trabajar con su administración para preservar y mejorar el sistema de pensiones?” le contestó, refiriéndose al incremento de las cotizaciones. “Ahora estamos discutiendo que parte de esa contribución adicional que pasará de 10% a 16% en un período de ocho a diez años irá a las cuentas personales individuales y que parte irá a un fondo de solidaridad. Esta es la gran discusión principal que estamos teniendo en este momento”. De ello se deduce que en el atentado en contra de los trabajadores de aumentar la cotización existiría consenso. Este acuerdo conduce a mantener vivo el sistema de AFP y la apropiación por el capital del ahorro forzoso.
La oposición en la coyuntura de lograr el retiro del 10% actuó con total unidad y gigantesco respaldo ciudadano. “Hace cuatro años –recordó la senadora Yasna Provoste- hubo una marcha multitudinaria donde se pidió terminar con las AFP, la política tiene que entregar una alternativa y la sociedad organizada estar muy activa. Esto cambia la forma de nuestra política de alianzas – agregó – que no sea solo desde los partidos políticos sino también desde las organizaciones sociales”. La alternativa política fue presentada al Congreso por Yasna Provoste, en conjunto con los senadores Latorre, Alfonso de Urresti, Alejando Navarro y Ximena Ordenes planteando la derogación del DL 3.500, que dio nacimiento a las AFP, y con un conjunto de propuestas que crean un sistema efectivamente de seguridad social.
En la crítica oficial al proyecto aprobado de retiro del 10% estuvo que se utilizaron ahorros de las personas para su jubilación futura, que en términos efectivos tiene una incidencia negativa en su monto, pero no elevado. Debe recordarse que la utilización de ahorros para financiar proyectos fue empleada por el propio Gobierno, y particularmente su ministro de Hacienda Ignacio Briones, cuando presentaron la Ley de Protección del Empleo, que se financia no con cargo a recursos fiscales, sino de los subsidios de cesantía individual y colectivos, que por lo demás en el acuerdo adoptado en junio por el Ejecutivo en la comisión de Hacienda del Senado ampliada, se estableció se entregaría mensualmente un 55% del monto percibido con anterioridad y no las reducciones que establecía la ley original, modificación que sigue sin implementarse.
Obviamente, no todos quienes votaron a favor de la reforma constitucional lo hicieron teniendo presente el paso trascendente que se daba al autorizar el retiro de los fondos, ya que ello conduce a que se recuperen recursos manejados por los grandes intereses económicos para ser traspasados a los cotizantes, sus legítimos dueños. Ello acontece con parlamentarios de Chile Vamos que votaron a favor teniendo en cuenta solo la necesidad de traspasar recursos a sectores de la población afectados por la crisis sanitaria y las medidas de políticas públicas adoptadas para enfrentarlas.
Pero también hubo parlamentarios de oposición que la consideraron como una medida que reduce los fondos de pensiones, sin embargo, consideraron que “no había otro camino”. Ello demuestra que no existe aún una conciencia generalizada de que la demanda fundamental a levantar ante la crisis del sistema de pensiones es derogar el DL3.500. Ello facilita que siga vivo el proyecto con el Ejecutivo. “(…) la urgencia que hay por un nuevo sistema – subrayó Yasna Provoste – no nos pueden llevar a acuerdos apresurados que permitan mantener el actual sistema y no cambiarlo. Es un paso mayoritario en el país -añadió- impulsar un modelo distinto. Parchar el actual como pretenden algunos sería un fracaso y yo no estaré disponible. Nuestro nuevo sistema debe tener (…) una lógica distinta a solo colocar los recursos de los trabajadores en los mercados financieros sujetos a los vaivenes y que se permita avanzar en seguridad social no solo en la pensión, sino que también en la salud, en el empleo”.
Las repercusiones en el plano económico empezaron a darse antes de aprobarse la reforma constitucional. Se expresó ante todo en la paridad cambiaria. El mercado reaccionó teniendo presente la liquidación de activos a efectuarse por la AFP fuera de Chile para poder responder al retiro de fondos, lo cual al efectuarse conducirá al ingreso de divisa al país. En ese momento actuaron las expectativas y posteriormente lo hará la incorporación efectiva de fondos desde el exterior. Al finalizar julio, la paridad descendió sostenidamente durante el mes cerrando en $ 757,7 por dólar. Ello se produjo en un contexto en que la divisa estadounidense se debilitaba a nivel internacional debido al recrudecimiento de los contagios en EE. UU. y al conflicto con China. Ello se daba cuando al mismo tiempo aumentaban la cotización del cobre y está presentado un proyecto de ley para financiar el fondo extrapresupuestario que contempla la autorización al fisco para emitir US$ 8.000 millones de deuda pública, dentro de sus 24 meses de vigencia, hasta el 30 de junio de 2022. Este monto se suma a los US$ 12.700 millones a colocar en 2020. La deuda bruta del país subirá a 34,8% del PIB. El camino decidido es el de incrementar el endeudamiento y no utilizar, salvo que la opción escogida sea insuficiente, los fondos soberanos existentes en el exterior y que al 30 de junio eran de US$10.569 millones en el Fondo de Estabilización Económico y Social y de US$10. 786,57 en el Fondo de Reservas de Pensiones.
Al mismo tiempo, se incrementaron acciones, por ejemplo, las del comercio al detalle, debido a las expectativas de que el incremento en los ingresos personales impactará positivamente en la demanda interna. Por ello se recuperaron los títulos de grandes empresas del sector, como Falabella, Cencosud y Ripley, así como otras de menor presencia bursátil.
Al concretarse las peticiones de entrega de los recursos, considerando que en un alto porcentaje se orientarán al consumo de alimentos y otros bienes de primera necesidad ello repercutirá en el consumo y, por lo tanto, en la demanda interna, lo cual debe reducir la caída estimada a producirse durante el presente año en el producto. La Superintendencia de Pensiones estimó que el monto total a retirarse podría llegar a unos US$ 20.000 millones, lo cual impactará en el ingreso personal disponible. Debido a ello, en agosto se revertirá la tendencia decreciente cada vez mayor que hasta julio tenía el producto. En base a estos datos la consultora Econsult estimó que la caída del consumo en el año descendería en 4,5 puntos porcentuales y la del PIB en 1,5 puntos.
La menor caída en los niveles de actividad económica repercute también morigerando el déficit fiscal. En la misma dirección actúa la mejor cotización del cobre. En el primer semestre el déficit fiscal efectivo se situó en el nivel proyectado para el año de 2,6% del PIB, mientras la deuda pública subía al 33,4% del PIB. Los ingresos del gobierno central descendieron en 17,1%, en lo cual influyó la postergación de pagos impositivos establecido en el Plan Económico de Emergencia. En un 56% se redujeron los ingresos provenientes de la minería privada. Mientras tanto, el gasto total del gobierno central crecía en un 4,3%, aumentando los corrientes en 6,9% y los de capital, que inciden en la inversión, se contraían en un 7,1%.
Hugo Fazio
Agosto, 2020