Algunos analistas y actores de la política sostienen que el presidente Sebastián Piñera, al entregar la cuenta de la marcha del país, perdió una oportunidad histórica de reconectar con la ciudadanía. De ser cierta esta apreciación, sería una más.
Pero la pregunta que surge de inmediato es si existe la disposición del gobierno actual de conectarse con la ciudadanía y la realidad que esta vive. Y todo indica que cuando se desconoce la realidad del país y su gente la desconexión es absoluta. La “conexión” es casi imposible y si se produce es circunstancial, esporádica y absolutamente fugaz.
El desencuentro con la realidad del país y con los habitantes del territorio se arrastra desde que el gobierno y el presidente se instalaron en La Moneda. Y llegó a la casa de gobierno, precisamente porque la coalición que le antecedió no logró una conexión plena y duradera con la ciudadanía.
En los últimos meses, el desencuentro ha ido en aumento. Mientras el presidente vivía en un oasis, en el seno de las organizaciones sociales se hacían sentir indignación y molestia por los abusos empresariales, las desigualdades sociales, la precariedad laboral y la ausencia de derechos sociales garantizados. A lo cual hay que agregarle la colusión entre dinero y política, las colusiones de precios de insumos básicos, las denuncias de corrupción en el Ejercito y Carabineros, el descredito de las instituciones y la desconfianza en el propio gobierno.
El estallido social de octubre que devino en verdadera rebelión social y popular es la expresión de esa desconexión abismante entre las elites económicas y políticas con el pueblo llano. Aquella ciudadanía que se levanta todas las mañanas para ganar el sustento diario y que vive entre deudas y más deudas.
No nos olvidemos que poco antes del estallido social había ministros que decían que había que levantarse más temprano para pagar tarifa baja en el transporte público o que ante las alzas de los alimentos y otros productos de primera necesidad mencionaban que las flores habían bajado de precio.
De allí que, a la hora del estallido no se comprendieran las demandas más esenciales de justicia social, de fin de las AFPs, de mejores pensiones, de derecho real a la salud, a la vivienda y educación de calidad. Se optó por la represión, la violación masiva de derechos humanos, la mutilación la tortura y la detención de miles de chilenos. No podía ser de otro modo. Se vive en otro país, se observa otro país, y se piensa que todo es un asunto de orden público, no de desigualdades.
Y con la pandemia en curso, no se comprende que la cuarentena y confinamiento se hace imposible sin trabajo y en medio de la precariedad, con hacinamiento habitacional y en los campamentos precarios sin servicios básicos. Por eso no solo no se adoptaron las medidas adecuadas y oportunas, sino que la ayuda necesaria se hizo lenta, insuficiente y para defender los intereses de la elite económica dominante se incorpora la llamada “letra chica”. Se opta por la economía y no por la salud y la vida y se hace uso de cifras engañosas o confusas respecto a los fallecidos por la pandemia.
Y en la reciente cuenta pública, no se encuentra mención alguna a los graves atentados a la vida y a los derechos humanos, no hay políticas de verdad, justicia y reparación para los mutilados y torturados mientras se indultan criminales de lesa humanidad. No hay autocritica sincera por los errores cometidos y nada se dice del salario mínimo que sigue por debajo de la línea de la pobreza. Y ante los despidos y la pobreza en crecimiento se prefiere el ingreso de más duros al gabinete.
De allí que el proceso constituyente, con todas sus luces y sombras, se erige como un camino posible para desentrabar la crisis política a la que asistimos, con la condición de que en él se exprese la voluntad de las mayorías sin cortapisas y la organización social y popular acompañe todo el proceso.
Pero, en lo inmediato, el gobierno no perdió una oportunidad de reconectarse con la ciudadanía. No hay oportunidad perdida. Es que son dos mundos distintos, el del gobierno y el presidente por un lado y el de las mayorías sociales por el otro. El gobierno no ve la realidad de la gente. Y la gente piensa que el gobierno ya fue.
Agosto 1 del 2020.