Tras el eufemismo de “horario limite” ocho comunas realizaran “votaciones” para fijar un toque de queda a los menores de edad. Los ediles que impulsan la restricción de movimientos a los menores no escuchan los argumentos sostenidos por la Defensoría de la Niñez, organismo autónomo que tiene por misión velar por el respeto de los derechos que les son propios a los menores.
Patricia Muñoz, la defensora de la Niñez, una y otra vez ha dicho que «una definición de esa naturaleza infringe y vulnera derechos fundamentales contenidos y asegurados para niños, niñas y adolescentes en la Constitución». Y en todos los tonos se ha insistido que la normativa internacional establece que los menores deben ser respetados y escuchados en todos aquellos asuntos que les incumben.
Muñoz ha afirmado con absoluta claridad que “nos parece cuestionable que se sostenga que una medida que es plenamente contradictoria con derechos fundamentales está planteada para poder proteger a ese grupo, porque evidentemente los mecanismos de protección deben estar asociados a la responsabilidad de la autoridad en orden de prevenir que sean vulnerados sus derechos, pero no esa prevención hacerla por la vía de la restricción de sus propios derechos y de sus propias libertades».
El carácter discriminatorio y abusivo de la medida que se pretende aplicar responde más a una visión autoritaria de la relación con los menores y bajo el supuesto de pretender protegerlos del consumo de drogas y alcohol, en verdad es una medida que parte del prejuicio de que en los menores se anida una aptitud delincuencial.
Si reconocemos que nuestros menores tienen altos niveles de vulnerabilidad entonces, hay que adoptar medidas más de fondo y estructurales que protejan realmente a los menores. Políticas que permitan resolver las enormes desigualdades que comienzan desde el momento en que se nace. Desigualdades económicas y sociales que violentan la dignidad de los más excluidos. Otras medidas tienen que ver como se combate el trafico de drogas y el consumo de alcohol, pero no con medidas efectistas -como las que pretendía un alcalde creando “brigadas encubierta de menores” para fiscalizar la venta de alcohol- sino que políticas públicas que aborden integralmente las causas que los hacen posibles.
Como señalaron los funcionarios del Instituto Nacional de la Juventud frente a la Moneda donde expresaron su opinión contraria al toque de queda a los menores “no logramos ver cómo esto va a generar una medida de protección si no tenemos programas de parte del Gobierno que generen una transformación respecto a cómo combatimos el narcotráfico o cómo además generamos protección a nuestros niños»