El Informe de Estabilidad Financiera del primer semestre, entregado por el Banco Central, constató que al mes de marzo se produjo una salida de capitales del país en doce meses que sumaron. US$19.200 millones. Es un proceso que se viene dando marcadamente desde el año pasado y tiene en montos como uno de sus principales protagonistas la decisión de grandes empresas de hacer entrega a sus accionistas de un elevado porcentaje de las utilidades obtenidas, reduciendo paralelamente sus planes de inversiones.
El gerente de Estudios Financieros de la institución, Rodrigo Alfaro, dio a conocer que a marzo de 2021 el egreso fue de US$11.000 millones y en marzo de 2000 alcanzó a US$8.000 millones. En cambio, a octubre de 2019 ascendía a US$4.000 millones. Por su parte, las cuentas corrientes en moneda extranjera también crecieron. En octubre de 2019 eran del orden de 50.000, llegando en febrero de 2022 a 180.000. “Lo que hay detrás -manifestó la presidenta del banco, Rosanna Costa- es una búsqueda de protección en activos que se consideran menos riesgosos y en este momento se percibe menos riesgos a la inversión en dólares”.
La divisa estadounidense se encuentra en un proceso revaluatorio impulsada por la política de alza en las tasas de interés de la Reserva Federal, orientación que en los días que se dio a conocer el Informe de Estabilidad fue refrendada por su presidente, Jerome Powell, que abiertamente colocó detener la inflación como el objetivo prioritario, aunque ello conduzca a superar el nivel de la tasa estimada neutral, llevándola a que desempeñe abiertamente un papel contractivo de la demanda interna.
El Banco Central chileno tiene la inflación permanentemente como su prioridad. Sin embargo, defiende que tanto la paridad cambiaria como los movimientos financieros de la cuenta de capitales de la balanza de pagos se muevan por decisiones de mercado. En los periodos revaluatorios del dólar tanto la paridad cambiaria como el movimiento de capitales financieros, constituyen factores impulsores de la inflación, en consecuencia, su conducta es opuesta a contribuir a la estabilidad financiera, son determinados para generar ganancias a partir de la revaluación del dólar o adquirirlo.
En el primer trimestre se produjo un déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos del país de US$5.575 millones, equivalente a un 7% del PIB. Este saldo en contra se debe, detalló el Banco Central, por las “utilidades, que se devengan de la inversión extranjera en Chile y el déficit de la balanza comercial”, con importaciones superiores a las exportaciones. La total apertura de la cuenta de capitales permite las utilidades obtenidas por los capitales extranjeros. “Esta dinámica -comentó Francisco Pérez, economista principal de BCI Estudios- es preocupante, ya que es necesario lograr disminuir el déficit o comenzar una trayectoria de disminución”. Pero, nada se hace en esta dirección.
A lograr controlar la inflación se agregó en el Informe de Estabilidad como otro objetivo principal fortalecer el mercado de capitales, particularmente para operaciones de largo plazo. “Los desequilibrios macroeconómicos acumulados durante 2021, la incertidumbre política y la menor profundidad del mercado de capitales, especialmente en el largo plazo, -se manifestó en el preámbulo del Informe- que no solo han limitado de capacidad de financiamiento de proyectos de largo plazo, sino que también han reducido las posibilidades de la economía para absorber shocks externos”, Las limitaciones las explica en primer término por los retiros de los fondos de pensiones. Su magnitud, por lo tanto, lo vincula que se disponga de ahorros de los trabajadores, los cuales, al tratarse de las cotizaciones previsionales, deben utilizarse para ello y no ser empleado por el capital como recursos de inversión. El informe no prestó atención a las gigantescas pérdidas que se han producido en el fondo de pensiones por su política de inversiones. El fondo se achicó de 84% del PIB en el segundo trimestre de 2020 a 59% en la actualidad.
Un tema pendiente en las promesas efectuadas en el programa de gobierno de Gabriel Boric y que el ministro de Hacienda, Mario Marcel, ha indicado que se dará a conocer en junio, es el proyecto de reforma tributaria, aunque aún no está claro con qué progresión se va a entregar. El programa de Gobierno se comprometió a incrementar los ingresos fiscales en un 5% del PIB, que son fundamentales para cumplir con los compromisos adquiridos. De ese total ya un 0,7% se utilizó en el financiamiento de la Pensión Garantizada Universal. En consecuencia, para alcanzar el objetivo, la reforma debería generar un 4,3% del PIB. Para buscar alcanzar consensos y disponer de nuevos elementos se promovió por el Ejecutivo un diálogo público tributario que se encuentra en desarrollo. Un diálogo sería más útil si existiese un texto base en discusión.
Un aporte de elementos a tener en cuenta en el análisis tributario fue efectuado por el jefe de la Unidad para América Latina y El Caribe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el economista colombiano Sebastián Parra, el cual analizó la estructura tributaria de Chile en comparación con el resto de la región y los países integrantes de la OCDE.
Un primer antecedente comparativo efectuado es la recaudación tributaria total. “De acuerdo con las últimas cifras comparables -señaló-, el nivel de recaudación tributaria en Chile está en 19,3% del PIB, situándose en más de dos puntos porcentuales por debajo del promedio de la región. Esta diferencia se incrementa a más de catorce puntos porcentuales cuando se compara con el promedio de la OCDE”. Considerando esta realidad se concluye que existe espacio para el incremento.
Un segundo antecedente comparativo lo proporciona la recaudación de las personas y las empresas. “Similar al promedio de la región, el nivel de recaudación de las personas físicas es en Chile del 2% del PIB, lo que representa el 10% de la recaudación total. Este resultado contrasta – añade- con el promedio de la OCDE, donde se recauda más del 8% del PIB y representa cerca de un cuarto de la recaudación total. En cambio, el impuesto a las empresas representa cerca del 25% de la recaudación total en Chile y llega al 4,7% del PIB. Tanto en valores absolutos como relativos al PIB supera el promedio de la región y de los países de la OCDE. En particular, en la OCDE este impuesto no llega al 10% total de la recaudación y representa el 3% del PIB”. Por tanto, se debería aumentar a las personas de rentas más altas y efectuar cobros específicos a empresas determinadas como las que provienen del royalty minero, que es simplemente el pago que se efectúa por explotar una pertenencia por alguien que no le pertenece, y se apodera de la renta.
Además de reducir la evasión y la elusión. El director del Servicio de Impuestos Internos, Hernán Frigolett, se propone como objetivo reducir del 20% al 14% la tasa de evasión del IVA. “Los países de la OCDE -detalló- están en un nivel de recuperación del IVA de 10%, los países que mejor lo hacen están en una tasa del 8%. Históricamente -añadió- cuando hemos estado más cerca fue cuando la evasión del IVA estuvo en el 14%. Nuestro objetivo es empatar nuestro récord histórico y pasar del orden de un 20% actual a una evasión del 14% al final del gobierno”.
Desde luego, una reforma progresista no consiste solo en obtener un crecimiento a los ingresos, sino que ellos deben contribuir a reducir la desigualdad. Chile tiene una estructura tributaria de ingresos regresiva, dado que un elevado porcentaje del total se origina en impuestos indirectos, que los cancela el conjunto de la población, como lo ejemplifica claramente el IVA. “La brecha -como señala Sebastián Parra- no es solo con respecto al nivel, sino también respecto a la estructura tributaria, ya que, a diferencia del promedio OCDE, existe una alta dependencia de los impuestos indirectos. En 2020, la estructura tributaria promedio de la región dependía enormemente de los impuestos sobre bienes y servicios y constituían cerca de la mitad de la recaudación”. En Chile este porcentaje es aún superior.
Para enfrentar la desigualdad, como recalca Thomas Pikettty, “no existe desarrollo posible si no se miden las desigualdades. Pero cuidado: la solución no consiste en centrarse únicamente en los indicadores puramente medioambientales y prescindir de los indicadores socioeconómicos sobre la renta. La razón -añade- es sencilla. Los seres humanos necesitan vivir en armonía con la naturaleza, pero también necesitan cobijarse, alimentarse, vestirse y tener acceso a la cultura. Y, sobre todo, necesitan justicia. Si no somos capaces de medir las rentas, la desigualdad de su distribución y su evolución en el tiempo -recalcó- se antoja difícil imaginar cómo se pueden desarrollar normas de justicia que nos permitan concentrar el esfuerzo en los más ricos y repensar la organización del sistema económico mundial de forma aceptable para los más modestos. Sin una acción decidida tras reducir drásticamente las desigualdades socioeconómicas, no existe solución a la crisis medioambiental y climática”1.
Entre los adelantos entregados por Marcel hay uno muy grave, al tomar como base el royalty aprobado por el Senado, que no solo reduce en 90% lo acordado en la Cámara de Diputados, sino que como denunció el economista Gabriel Palma, se acordó con la participación activa de asesores de las grandes empresas mineras. Al mismo tiempo, Marcel se pronunció por dejar de hablar de los “súper ricos” para hacerlo de un gravamen sobre la riqueza, estimando que se aplicaría sobre el stock a partir de US$5 millones o US$7 millones.
El exdirector del Servicio de Impuestos Internos, Michel Jorrat, efectuó un estudio sobre gravámenes a la riqueza para la Cepal. En dicho análisis se constata que entre los países que lo tienen, el que ha proporcionado un mayor rendimiento es el de Suiza, con un promedio de 0,8% del PIB en los últimos 18 años, seguido por Noruega, con un 0,5%. El estudio se efectuó para tres países latinoamericanos, entre ellos Chile, que tienen más detalles en el Libro de Datos sobre Riqueza Mundial, elaborado por Credit Suisse Research Institute. Jorrat utilizó las cifras del año 2019, calculando que si se aplica un impuesto de 1,5 a patrimonios sobre US$5 millones se produciría en Chile un ingreso equivalente al 0,6% del PIB.
En el primer trimestre destaca en el resultado de las empresas, el crecimiento espectacular de las utilidades de la minera no metálica SQM, controlada por la segunda mayor fortuna personal del país, Julio Ponce Lerou, y el consorcio chino Tianqi, centro de los escándalos de los vínculos de la riqueza con amplios sectores políticos, aprovechando los mayores espacios del Salar de Atacama, que se le entregó para su explotación, en el acuerdo suscrito al finalizar el segundo gobierno de Michelle Bachelet, entre Corfo, SQM y Julio Ponce.
En enero-marzo de 2022, las utilidades alcanzadas por SQM fueron los más elevados de su historia, llegando a US$756 millones, montó más de diez veces superior a los US$67,9 millones de los mismos meses del año anterior. Un 74% del total de los ingresos lo proporcionó el litio y sus derivados, exportado en un 80% a China, con escaso valor agregado. El litio proporcionó ingresos por US$1.446 millones, muy superiores a los US$135 millones del año anterior. El porcentaje restante se generó con las ventas de yodo, que crecieron un 59,4, el cloruro y sulfato de potasio que significó US$114,4 millones con incrementos de 59% y nutrición vegetal de especialidad que se incrementaron un 41,5%.
Hugo Fazio
Mayo 2022