Por Max Oñate Brandstetter
“El temor a la rebelión induce a adoptar medidas de precaución más rigurosas”
Freud
En el contexto de desacreditación industrial de la política, la falta de apoyo participativo en nuestro régimen democrático; debemos, al menos reconocer que las alternancias en el poder se establecen por coyunturas políticas concretas (como las fuertes movilizaciones) en un marco de la oferta política que anuncia profundización de los derechos sociales, que tras la temporalidad del establecimiento del gobierno triunfante electoralmente, muy poco se realiza de lo prometido.
Esto agudiza la crisis política que sufre la institucionalidad estatal, aunque aparentemente esto no es de interés para los expertos de la legislación política.
¿Es sostenible en el tiempo, la pretendida relación entre profundas desigualdades sociales y la convivencia pacífica entre los grupos económicos y los demás sectores sociales e individuos, al interior de la abstracción suprema, denominada “patria” o “Estado-nación” que comprende nuestra república?
La hipótesis de lo planteado, se enfoca en la perspectiva que entre mayor desigualdad social, mayor presencia de violencia política.
Las características de un Estado nación son resultado de una combinación de factores, pero principalmente, “el carácter de las instituciones políticas está determinado por la distribución de la riqueza dentro de la sociedad”(1), pero también del grado de compenetración, en tanto construcción de la “opinión pública” y la distribución de ésta en los medios de comunicación masiva.
El muro divisorio entre el poder legislativo y la sociedad civil, instalada en medio del parlamento, es una clara señal del temor de los actores políticos ante las reacciones de la ciudadanía, por cuanto la democracia representativa es el imperativo categórico que embiste con el atuendo intocable de la autoridad, aunque las promesas electorales solo sean eso y que la autoridad falte a su palabra.
Desde ese mismo escenario del muro divisorio, es donde se ha convocado el meta relato en torno a los inmigrantes, que si deben o no ser expulsados del país cuando sean sorprendidos cometiendo delitos (con señales poco claras de la gravedad de estos, así como del monto sustraído en caso de delito económico), como bandera transversal de los partidos políticos oficiales.
Llama profundamente la atención que esta escena política se desarrolle en medio del triunfo de Trump, que exacerba el nacionalismo norteamericano en desmedro de los extranjeros, casi como si se tratase de la construcción del enemigo interno (miedo al comunista en una época, al indio, al negro; pero amor y colaboración con el caucásico) como preocupación nacional, en vez de resolver el propósito del para que fueron electos: realizar las profundas transformaciones exigidas desde el mundo social.
En lo concreto, todo aquel que sea extranjero y cuente con sus documentos como lo exige la ley, también cotiza en las AFP (que el mundo social exige su abolición) y también debe pagar por educación si pretende calificarse (otra cosa que el mundo social pide superar) pero pareciera que la estrategia para salir de ésta crisis política, es levantar meta relatos de control social, donde miremos con desconfianza “lo no chileno”, aunque nadie en territorio nacional cuente con derechos sociales, pues estos fueron convertidos en derechos de mercado.
Seguir por esta senda es peligroso, pues no acabar con los síntomas de la crisis política ni con la enfermedad estructural, ocupando estrategias hipernacionalistas; es dejar abierta la posibilidad de agudizar la conflictividad política a niveles lamentablemente catastróficos.
(1) Aristóteles, la política, ob. Cit. Montenegro, W. “Introducción a las doctrinas político económicas”, Fondo de Cultura Económica, 1956, capítulo del marxismo, pág. 107.
El autor es Cientista Político, licenciado de la Universidad Academia Humanismo Cristiano.