El presupuesto fiscal 2022 se confeccionó con una fuerte reducción del gasto público, de 22,5%, después de un año como 2021 en que registró un alto incremento. El gasto público es una variable macroeconómica de gran significación política. Pero en la formulación del Ejecutivo no lo considera así, sino como una función dependiente de la política de ajuste fiscal y, por lo tanto, “no es materia negociable”. Ello cuando el presupuesto fiscal entra a ser considerado por el Congreso. Si se desea tener un presupuesto reactivador es fundamental aumentar el gasto en inversión productiva, ya que se aumenta de manera muy limitada.
El proyecto de presupuesto fiscal entregado por el Ejecutivo al Congreso, para su discusión y aprobación, estableció un monto de US$82.135 millones, con un incremento de 3,7% con relación a la estimación a producirse en el ejercicio 2021, ascendente a US$105.000 millones, experimentando una reducción de 22,5%, disminuyendo principalmente los financiamientos transitorios efectuados para amortiguar los efectos registrados por las medidas adoptadas frente a la pandemia. Sebastián Piñera, al darlo a conocer, sostuvo que sería un proyecto que permitiría avanzar en la recuperación de los equilibrios fiscales y macroeconómicos, el incremento de los ahorros y el impulso al crecimiento económico. Es una propuesta a ejecutarse por el futuro gobierno, en un mundo en que la pandemia sigue presente y Chile está saliendo de un profundo proceso recesivo, que exige afirmar el proceso de recuperación.
El diario El Mercurio, defensor permanente de las políticas de austeridad fiscal, en su sección Temas Económicos, caracterizó el proyecto como “el primer hito en el proceso de normalización de la política fiscal”, en la cual de los anuncios presidenciales se destaca que “la reactivación económica fue la segunda prioridad mencionada con foco en la activación del mercado laboral”. Desde luego, el equilibrio fiscal que se busca alcanzar disminuyendo bruscamente el gasto público, se encuentra en línea con las recomendaciones entregadas por el Consejo Fiscal Autónomo, organismo nominado por el Ejecutivo. Su presidente, Jorge Desormeaux, valoró que su texto “corresponde a uno de los escenarios de consolidación de corto plazo que contempla nuestro reciente informe ante la comisión especial mixta de presupuestos, en particular, el escenario más exigente, en que se retira la mayor parte de los estímulos fiscales transitorios. Las cuentas fiscales están tensionadas, y nuestra calificación de riesgo puede experimentar nuevos recortes -añadió- si no se toman medidas exigentes y creíbles de consolidación fiscal”.
Para el Ejecutivo el nivel del gasto público no es negociable en el Congreso, por tanto, lo único que correspondería efectuar en su esquema sería reasignaciones. “El año pasado se modificó el decreto de balance estructural -señaló la directora de Presupuestos, Cristina Torres-, estableciendo para 2022 una meta de balance estructural de 3,9%. Lo que hacemos en el diseño de este Presupuesto es justamente cumplir esa meta. Hoy estamos en una cláusula de escape, en 11,5%, pero el próximo año teníamos un compromiso fijado, no hay una modificación a la meta establecida, lo que hacemos es cumplir esa meta”.
“El nivel del gasto presentado en el Presupuesto -subrayó- no es una definición política ni menos aleatoria, es el resultado de un compromiso con nuestra meta de balance estructural y, por tanto, cumplir la regla fiscal no es una materia negociable”. Esta formulación es un profundo error. El gasto público es un tema central de políticas macroeconómicas, en consecuencia, es inaceptable que se parta del criterio que no es negociable. Se pretende manejar la política fiscal como una función del endeudamiento. Más aún, la propuesta establece niveles de déficit fiscal para los próximos años, en función de variaciones del déficit estructural, con la meta de llegar a un superávit al 2026 de 0,1%. Continúa así el propósito de mantener amarrada la economía en función de comprometer determinadas variables. El déficit o superávit fiscal se ponen en el centro independientemente del escenario existente y de las políticas que se piensen efectuar
La exposición sobre el Estado de la Hacienda Pública, del ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, dio a conocer las principales estimaciones macroeconómicas utilizadas en la elaboración del presupuesto. El crecimiento económico, que incide en los ingresos fiscales, fue estimado en 2,5%, cuatro décimas inferiores a su estimación efectuada en el segundo Informe de Finanzas Públicas del año. La demanda interna aumentaría solo 1,7%, porcentaje muy inferior al 2,5% presentado en julio. En cambio, la cotización del cobre, que también influye en los ingresos fiscales, se subió de US$3,5 la libra promedio a US$4,0 la libra. En general, los ingresos efectivos descienden en un 7% con relación a los obtenidos en 2021. La propuesta se elaboró considerando que la inflación continuaría un proceso de crecimiento. La variación del IPC se subió a 4,4%, del 3,1% anterior. La deuda bruta del país llegaría a un 37,5% del PIB, del 34,1% proyectado para 2021.
Por su parte, la presentación de la Dirección de Presupuestos informó en que los ingresos fiscales de 2022 descenderán en 7,1% con relación a la proyección efectiva efectuada para 2021. La disminución se explicó por el crecimiento más acotado a producirse durante el ejercicio. Los ingresos tributarios netos disminuirán en 8,7%, los impuestos a la renta lo harán en 12,6% y los del IVA en 9,5%, por el menor crecimiento de la demanda interna. En cambio, los provenientes de la minería privada, ante todo por la evolución de la cotización del cobre, aumentaría en 22,8%, en 2021 el alza fue de 30,1%. Los provenientes de Codelco lo hacen en un monto superior. Se solicitó una autorización al Congreso para emitir deuda ascendente a US$21.000 millones.
El diario de los Edwards señaló que, al analizar la composición del presupuesto, destaca el impulso a la inversión pública, que crece un 8,1% frente a un solo 2,8% del gasto corriente. En verdad, el nivel de la inversión pública es absolutamente insuficiente y no tiene ninguna relación con un “impulso rectivador”. Su porcentaje de crecimiento se establece en relación al bajo nivel que tiene la inversión en el presupuesto 2021, de aproximadamente 12% sobre el total. De manera, que la composición continúa siendo de una inversión muy baja y el incremento en montos es muy superior en el gasto corriente.
Hugo Fazio
Octubre 3 de 2021