Por Carlos Romeo
¿Se imaginan que la Presidenta de Chile se negara a presentar al Congreso Nacional el proyecto de Presupuesto Estatal para el siguiente año para su discusión y aprobación, amparándose en una interpretación de lo que dice al respecto la Constitución de la Republica? Sería poco menos que un golpe de estado del Poder Ejecutivo en contra del Legislativo. Realmente inimaginable y me atrevo a decir casi imposible en Chile.
No obstante, es lo que está sucediendo precisamente hoy en día en Venezuela.
Detrás de esta manera de desautorizar el rol que teóricamente tiene el Poder Legislativo en Venezuela, la Asamblea Nacional, mayoritariamente controlado por las fuerzas políticas de oposición a la Presidencia de Nicolás Maduro y al programa de tipo revolucionario que lleva a cabo el Chavismo, se revela la real correlación de las fuerzas políticas en pugna en ese país pese a la aparente mayoría de la oposición según la composición de la Asamblea Nacional. No en vano el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas Bolivarianas es también el Ministro del Poder Popular para la Defensa, y por tanto miembro del Poder Ejecutivo, lo cual permite entender que detrás del Gobierno de Nicolás Maduro está la fuerza de una alianza cívica-militar creada por Hugo Chávez.
En este caso ha sido el Tribunal Supremo de Justicia quien ante el impase creado ha decidido hacer valer el Presupuesto Estatal para el año 2017 mediante su aprobación por la vía de un Decreto con Fuerza de Ley de la Presidencia de la Republica, toda vez que dicho Tribunal ha declarado en Desacato a la Asamblea Nacional por no respetar sus decisiones anteriores.
Compárese el desenlace de esta situación en la Venezuela de hoy con lo que sucedió durante el Gobierno de Salvador Allende cuando el Congreso Nacional, mayoritariamente controlado por la oposición política al programa de la Unidad Popular, detuvo su ejecución hasta el momento del golpe de estado militar encabezado por Pinochet que puso fin a la confrontación política bajo las reglas constitucionales vigentes. Pero en el caso actual de Venezuela, se está procediendo según lo establecido por la Constitución propuesta por el chavismo en 1999 y mayoritariamente aprobada por votación popular.
Desde luego que el fallo del Tribunal Supremo de Justicia en este conflicto legal será repudiado por muchos, criticado por los medios nacionales y extranjeros y en particular por unas organizaciones internacionales que han aparecido en el mundo para, según ellas, vigilar el mantenimiento de la democracia, a su entender, en los diversos países del mundo.
Pero tal como dicen algunos, la política es el arte de lo posible y su vigencia pasa por el test de la práctica. Hasta ahora lo que puede observarse en Venezuela es como la fuerza real del proceso revolucionario chavista le ha quitado al Poder Legislativo en manos de la oposición, toda capacidad de contrataque contrarrevolucionario. Eso es una realidad.
La Habana, 13 de octubre del 2016