La Convención Constitucional enfrenta el desafío de definir con criterio país la explotación de los recursos naturales. Ello hace inmediatamente cuestionable la licitación programada por Sebastián Piñera. De otra parte, el programa de gobierno de Gabriel Boric, respaldado con una elevada votación, contempla crear una Empresa Nacional del Litio “que desarrolle esta nueva industria nacional de este recurso estratégico con protagonismo de las comunidades y agregando valor a la producción”. Durante la campaña electoral de la segunda vuelta presidencial, el presidente electo enfatizó que “Chile no puede cometer el histórico error de buscar privatizar los recursos”.
En sentido opuesto, actúa el proceso de licitación iniciado el 13 de octubre por el Ministerio de Minería cuando ya estaba en curso el proceso electoral. Las bases de la licitación fueron retiradas por setenta empresas, pero únicamente cinco pasaron a la etapa de apertura y evaluación. Se pretende entregar a consorcios privados un derecho especial de explotar 400.000 toneladas de litio metálico comercializables, dividido en cinco cuotas de 80.000 toneladas, cada una con una etapa de exploración por siete años, prorrogable por otros dos, los cuales podrán explotar durante veinte años. Por tanto, otorgan derechos vigentes por un elevado tiempo. La adjudicación de la licitación está fijada para el 14 de enero.
La Comisión del Cobre cifró que la cantidad de litio que se licita es equivalente a la producción actual del país. Esta, a la fecha de la licitación, en la forma de carbonato, es de 148.000 toneladas. Considera que la producción global podría subir desde los 327 kilo toneladas de 2020 a 2.114 en 2030. Detalló que en los últimos años la mayor demanda por litio proviene del sector transporte, especialmente vinculado a la efectuada por vehículos eléctricos livianos o de pasajeros. “Esta es una tendencia que se espera -añadió- continúe creciendo progresivamente, en la medida que los automóviles de combustión interna comiencen a ser reemplazados por alternativas con una menor huella de carbono”.
“En muy poco tiempo -manifestó Gonzalo Gutiérrez, académico de Ciencias de la Universidad de Chile, que formó parte de la comisión del litio formado por la presidenta Bachelet- para una licitación de esta naturaleza. Probablemente -añadió- no va a ser litio del Salar de Atacama, que ya está sobreexplotado, sino en otros salares. En Chile, hay sesenta salares y quince de ellos, con potencial de litio, pero con una ley mucho más baja y sin infraestructura para explotarlos, por lo que puede ser económicamente inviable hacerlo. Por el lado económico -recalcó-, esta licitación no es para explotar litio, sino para que estas empresas especulen con estas concesiones, para subir sus acciones”.
“Hoy está en el debate público y también en la constituyente -expresó por su parte Esteban Velásquez, presidente de la comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados y senador electo por Antofagasta- resolverlo establecer el manejo de los recursos naturales. En este escenario -enfatizó- resulta sorprendente e inaceptable que el gobierno esté muy preocupado de dejar atados estos contratos de un recurso tan estratégico como el litio”.
La presidenta de la Comisión de Minería del Senado, Yasna Provoste, dio a conocer la presentación de “un proyecto de ley para que se pueda agregar a la Constitución la prohibición para que un gobierno antes de noventa días de dejar su cargo pueda establecer contratos entre el Estado y privados para entre otras cosas entregar a cualquier título la posibilidad de explorar o explotar cualquier mineral no concesible como el litio”.
La licitación el gobierno la defendió a través del ministerio de Minería fundamentándola por la pérdida de participación de Chile en el mercado del litio. “Los números muestran -señaló Juan Carlos Jobet, ministro de Energía y Minería- que Chile en 2016 era el mayor productor del mundo, teníamos un 36% del mercado y ahora si uno mira los números de Cochilco, estamos con un 31% de la producción, siendo el segundo país porque Australia nos pasó. Si seguimos así para 2030 tendremos el 17% de participación. Un ejemplo de aquello es que la proyección de nuevos proyectos en desarrolla incluye tres proyectos en Argentina, tres proyectos en Australia, uno en Brasil, uno en China, uno en Estados Unidos y cero en Chile”. Cochilco considera que Argentina en el curso de la década aumentará fuertemente su producción, llegando a igualar la efectuada por Chile. Igualmente proyectó que otros países pasarían a tener una presencia importante, mencionando a Canadá, México, República Democrática del Congo y Malí.
El equipo de gobierno del presidente electo pidió al Ejecutivo suspender la licitación. Con este propósito se realizó una entrevista con el ministro de Minería y Energía, Juan Carlos Jobet, por representantes de la próxima administración. “Queremos incorporar -manifestó Izkia Siches, luego de la reunión- una visión de desarrollo (…) que parte de los beneficios económicos que trae este proceso se invierta no solamente en la extracción, sino que también en darle un valor agregado, crear centros de investigación y desarrollo dentro de nuestro país que, por ejemplo, comprometan a las mismas regiones del norte, algo que ha sido demandado por las comunidades, como también optimizar los procesos de extracción para minimizar el impacto en la salud de las poblaciones que son más directamente afectadas”.
Las exportaciones de litio, de acuerdo a las cifras del Servicio Nacional de Aduanas, fueron en 2021 de US$981,5 millones, recuperándose de la caída experimentada en 2020 cuando alcanzaron solo a US$671.2 millones y siendo superior a las de 2019, cuando anotaron US$954,4 millones.
En cuanto a las ofertas económicas de la licitación, la más alta es la de la china BYD con US$ 61 millones, seguida de dos efectuadas por la estadounidense Albemarle de US$ 60 millones, que de adjudicársele llegaría a contar con concesiones ascendentes a 400.000 toneladas, superando a SQM. Sus operaciones principales están en Nevada (EE. UU.) y el Salar de Atacama. El mismo monto fue ofertado por Servicios y Operaciones Mineras del Norte, del grupo encabezado por Francisco Javier Errazuriz, que actualmente no explota litio, si produce yodo desde los años ochenta a través de Cosayach Caliche, que presentó una segunda oferta de US$30 millones. Y la quinta SQM, controlada por Julio Ponce Lerou en conjunto con la china Tianqi.
No existe ningún inversionista extranjero que ya no se encuentre presente en el país. BYD Chile (Build your Dreams) tiene inversiones desde 2014. Ha traído 435 buses eléctricos y tiene además una flota de taxis. Es el segundo mayor productor mundial de baterías eléctricas recargables. La empresa china, fundada en 1995 en Shenzhen, cuenta con veinte proyectos industriales en el mundo, en el cual trabajan 220.000 personas. En 2020 obtuvo utilidades ascendentes a US$643 millones.
Entre los ofertantes económicos que se están evaluando figura SQM, que presentó dos ofertas, las más reducidas por su monto de todas, una de 80.000 toneladas por US$14 millones, y la segunda de 160.000 toneladas por US$19,1 millones. La minera no metálica tuvo una concesión inicial de Corfo en el Salar de Atacama por 180.000 toneladas de litio metálico equivalente, que se le amplió posteriormente. Según su memoria del año 2000, su participación en el mercado mundial era de 19%. Es inadmisible que una empresa responsable, como hemos señalado reiteradamente “del mayor escándalo producido en el país de los vínculos ilegales de grandes intereses económicos con el poder político, que se han negado a revelarlos en detalle y siguen sin ser sancionados”, esté presente en una licitación oficial. “En cambio, en EE. UU. fue sancionado al sobornar a personeros públicos, analizar información con el propósito de desviar fondos a actividades penadas por su legislación”. Para llegar a acuerdo con la justicia estadounidense, pagó una multa para que el juicio no siguiera adelante, su testimonio “admite, acepta y reconoce que es responsable bajo las leyes de los EE. UU. (…)”, recalcando que el acusado falsificó, a sabiendas, registros con pagos (…) con el fin de ocultar el verdadero propósito de esos pagos” (1).
El 17 de enero de 2018, cuando estaba próxima a finalizar la segunda administración de Michelle Bachelet, se llegó a un compromiso, después de un largo litigio entre Corfo y SQM, del cual formaron parte representantes de Julio Ponce. Se acordó incrementar sustancialmente la autorización a la minera no metálica para producir litio en el Salar de Atacama con el compromiso de Ponce de no participar ningún miembro directo de su familia en las estructuras de dirección ni de administración de la empresa. Pero siguió teniendo una presencia real por la participación controladora de su sistema de empresas en cascada, lo cual invalidaba en los hechos la prohibición establecida.
La Cámara de Diputados en una sesión especial resolvió recomendar a la presidenta no concretar el compromiso, el cual fue defendido por el vicepresidente de Corfo, Eduardo Bitrán. La petición fue desoída. Peor aún, el ministro de Economía, Jorge Rodríguez, presente en la sesión, sostuvo que “para el gobierno, era un muy buen acuerdo”. De otra parte, el convenio suscrito está abiertamente en contradicción con las conclusiones de la comisión del litio formado por la propia Bachelet que le propuso un camino absolutamente diferente. El documento titulado “Litio: una fuente de energía, una oportunidad para Chile” sostuvo la necesidad de mantener su carácter estratégico, reforzar la institucionalidad pública ligada a la explotación de los salares y que se cree una empresa controlada por el Estado para ello.
Fue tan poco exigente la obligación de alejar a Ponce de SQM, que en la primera sesión de su directorio luego del acuerdo con Corfo, se resolvió en forma unánime nominar a los hermanos Julio y Eugenio Ponce Lerou asesores estratégicos de la minera. La propuesta fue presentada por su nuevo presidente, elegido de común acuerdo entre Corfo y Julio Ponce, Alberto Salas, y defendida inmediatamente por Hernán Büchi, elegido director con los votos de las empresas en cascada. Obviamente, las críticas arreciaron. Tanto fue así, que quince días después, Salas informó al directorio: “Dado que su incorporación como asesor ha causado públicas diferencias de opinión, hemos convenido con Julio Ponce que no será asesor de SQM”. Su renuncia fue decidida, informó El Mercurio, porque Ponce concluyó en que mantenerse temió le resultaría más negativo.
Es oportuno consignar que, en los primeros días de 2022, la Fiscalía Nacional Económica al presentar ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia su primera petición de sanciones por interlocking indirecto, lo hizo contra Hernán Büchi, que fuese ministro de Hacienda de la dictadura, por su presencia simultánea en tres instituciones participantes en negocios bancarios o de seguros, los bancos de Chile, Consorcio y Falabella. “Este requerimiento por interlocking -manifestó Felipe Cerda, fiscal nacional económico subrogante-, muestra la diversidad de las acciones de la FNE, enmarcada en nuestra firme decisión de perseguir todas las conductas que sean riesgosas para la libre competencia, más allá de los carteles y de los abusos”.
Hugo Fazio
9 de enero 2022
(1) Véase “El vínculo no condenado de la riqueza con el poder político” en “Chile y el mundo en tiempos de pandemia. Sus impactos económicos”. Ediciones Cenda 2021, págs 245-274.