Ante la grave situación que vive el periodista Javier Rebolledo, destacado por sus investigaciones sobre violaciones de derechos humanos durante la dictadura cívico-militar, el Colegio de Periodistas de Chile manifiesta a la opinión pública su profundo rechazo a la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago de acoger una querella en su contra por injurias y calumnias, con posible pena de cárcel, revirtiendo así el fallo en primera instancia que desestimó la presentación.
Esta decisión se adoptó luego del libelo interpuesto por Carolina Paz Quintana Poblete, hija del teniente coronel de Ejército, Raúl Quintana Salazar, en el cual se cuestiona la publicación de parte de su historial policial y judicial en uno de los libros de Rebolledo, quien fue notificado el 18 de julio de esta resolución de la justicia.
En este contexto, desde la Orden expresan:
• Se ha pedido pena de cárcel en contra de Javier Rebolledo debido a publicaciones que ha realizado sobre el historial policial y judicial del imputado Raúl Quintana Salazar, acción que repudiamos y rechazamos terminantemente porque violenta gravemente el ejercicio profesional del colega, como también a la libertad de expresión en Chile.
• En mayo pasado el juez de primera instancia, a través de una resolución de tres páginas, declaró inadmisible la querella fundado en que lo publicado en el libro de Javier Rebolledo no es “ni siquiera potencialmente ofensivo” al honor de los querellantes, desestimando en todas sus partes la acción. Sin embargo, el abogado Juan Carlos Manns apeló a la resolución ante la Corte de Apelaciones, la cual revirtió lo resuelto por el tribunal de origen, señalando escuetamente que “los hechos que fundan la querella, pueden ser constitutivos de delito”. Por ello, desde ese momento Rebolledo se encuentra encausado y citado con apercibimiento de la fuerza pública para el 16 de agosto, situación del todo inadmisible.
• Debemos recordar la ilegitimidad de la legislación nacional que en su Código Penal y Ley de Prensa mantiene la posible imposición de penas corporales para las infracciones asociadas al ejercicio de la libertad de expresión y prensa, lo cual ha sido explícitamente desestimado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que plantea la necesidad de que los estados apliquen normativas que cautelen la honra de las personas “solo a través de sanciones civiles”.
• Más aún, el derecho a investigar y difundir temas de interés público, como son las violaciones a los derechos humanos, no puede ser conculcado por acciones de este tipo, validadas por un órgano del Estado.
• Es necesario señalar que el reo de Punta Peuco Quintana Salazar cumple más de quince años de condena por secuestro, desaparición de personas, asociación ilícita y tortura.
• Por ello, expresamos nuestra solidaridad al periodista Javier Rebolledo, con quien hemos estado en contacto en las últimas horas, y le acompañaremos en todas las acciones judiciales a las que sea citado y denunciaremos esta situación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y a los organismos correspondientes en nuestro país.