La movilización del 4 de noviembre recién pasado puede ser considerada la movilización más amplia y extensa del último tiempo. De norte a sur del país fueron miles los que se movilizaron exigiendo el fin del sistema de capitalización individual de pensiones y las AFP.
El éxito de la movilización se percibía en al ambiente. Las calles en la capital eran ocupadas al mediodía por trabajadores, estudiantes, funcionarios públicos, hombres y mujeres que participaban activamente tras una demanda sentida: es necesario terminar con el sistema impuesto en dictadura.
Las multitudinarias marchas y las diversas expresiones del descontento- pese a los intentos de criminalizar las manifestaciones- se convirtieron en voces de indignación que presionan a las autoridades a ser escuchadas.
Defender el actual sistema es el objetivo que se plantean los empresarios que se benefician de las AFP. Terminar con el sistema de AFP y reemplazarlo con un sistema público, basado en la solidaridad intergeneracional es una tarea posible y urgente.
Propuestas serias existen. La propuesta C de la Comisión Bravo sugiere reemplazar el sistema actual y convertirlo en un esquema de reparto y asume que todos los afiliados al sistema actual de pensiones de AFP sean transferidos, con sus fondos y contribuciones, a cambio de pensiones mejores, definidas, para toda la vida y sin discriminar. El monto total de las contribuciones se utilizará como ingresos para pagar pensiones contributivas sin subsidios estatales. La edad de jubilación efectiva, actualmente 70, se reduce a los límites legales, 65/60, y no se cambia. En un escenario alternativo se sube gradualmente solo un año a partir de 2030. En promedio, los beneficios de jubilación se incrementarían entre 75%-100%. Las tasas de contribución no serían elevadas hasta 2035 y después se incrementarían a 25%. No se necesitan impuestos adicionales. Al contrario, los subsidios de dinero efectivo directos e indirectos se terminan inmediatamente, generando ahorros fiscales anuales de 1,8% del PIB.
El debate está en curso, la autoridad no puede demorar respuestas. En todo caso la movilización social en contra de las AFP toma cada día más vitalidad. Los próximos tiempos presionarán por definiciones.