Por Andrés Vera
“Los niños son la esperanza del mundo… Hay que darle al niño hombros
para que sustente
el peso que la vida le eche encima”
(José Martí)
Estos últimos dos meses nuevamente con una fuerza inusitada como la llegada primaveral han florecido cifras, relatos y fallas de las cuales nos hemos enterado por la prensa reiteradamente: graves, profundas y lacerantes vulneraciones a los Derechos de los Niños y Niñas de Chile.
Seguramente como ciudadanos, que nos jactamos por el acceso a bienes y servicios o por las cifras en la OCED, no hemos tomado el peso y la magnitud de este problema nacional, que viene surgiendo silenciosamente pero con fuerza desde el 2009, a partir de los informes de la Comisión Jeldres.
Nuevamente, el Estado “no ha estado a la altura de la tarea de cuidar y proteger a quienes más los necesitan”, expresó la presidenta Bachelet hace unos días atrás. Bajo el gobierno de Ricardo Lagos Escobar (2000 – 2006), se entregó al país la “Política Nacional y el Plan de Acción Integrado a favor de la Infancia y la Adolescencia 2001-2010”, en dicha ocasión se planteo: “Estamos convencidos de que el bienestar de nuestros niños y niñas es una tarea de toda la sociedad chilena y es la mejor inversión que podamos realizar como país para lograr nuestro pleno desarrollo y avanzar en el proceso de integración social que requerimos”.
De esa manera, al menos en lo formal dicho gobierno firmó y selló un compromiso con el desarrollo de una política garantista, que apostaba al reconocimiento y respeto de los Derechos de niños, niñas y adolescentes con el objetivo de lograr para todos una mejor calidad de vida.
¿Qué pasó? ¿Qué sucedió que como país perdiéramos el rumbo y dejáramos de lado a la Infancia? No cabe que en las bondades del mercado pueden y deben estar ciertas explicaciones.
La Política Nacional y su Plan de Acción, a los que hacíamos mención, estableció un modelo de gestión, es decir un sistema institucional en el cual se definían las atribuciones, responsabilidades y competencias de los agentes institucionales que participaban en ella, como así también los mecanismos a través de los cuales deben operar. Lo medular de este modelo es que debe garantizar el trabajo conjunto y la coordinación intersectorial e interinstitucional de todas las instancias gubernamentales involucradas en la ejecución de políticas de promoción de los derechos y bienestar de la niñez y la adolescencia.
A partir de lo anterior y a la luz de las cifras tanto oficiales como no oficiales conocidas en estas semanas no cabe duda que nuevamente el Estado fracasó, como en el pasado reciente. Sólo desnudó por segunda o tercera vez, nuestras eternas falencias. No existe en Chile un real sistema de protección a la Infancia. Cuando un niño, niña o un adolescente sufre una vulneración, en general entra en una maquinaria de re-victimización por parte del Estado… en un camino sin fin y sin retorno. Por ejemplo, la denuncia también por la prensa y ratificada por el Colegio Médico de Chile, de 101 casos de tortura por parte de personal de Carabineros de Chile en el marco de manifestaciones estudiantiles.
Las causas de la omisión estatal en la protección a la Infancia Chilena son múltiples y de diversos tipos, entre ellas podemos destacar: el desarrollo desigual de la economía; la pobreza; la focalización de las políticas sociales -más económicas que sociales-; la subvención por niño atendido; el concepto de organismos colaboradores y las remuneraciones escuálidas de aquellos trabajadores y la rotación de personal en las mismas; falta de espacios protectores en favor de niños, niñas y adolescentes; la mirada adultocentrista y neofilántropica y la nula protección a estos niños pues como no votan ni marchan, simplemente no existen.
De esta situación compleja y profunda somos todos responsables, incluyendo los gobiernos de Aylwin Azocar, Frei Ruiz Tagle, Lagos Escobar, Bachelet Jeria, Piñera Echeñique y el segundo gobierno de Bachelet; los ministros a cargo de Hacienda, Justica, Planificación; el Congreso Nacional; los directores nacionales del SENAME salvo una o dos excepciones, pues no fueron capaces de otorgar, proponer, plantear y discutir un sistema proteccional en favor de la Niñez y la Adolescencia.
Es imperativo contar con una Ley de Protección de Derechos, que dé un marco sustantivo acorde a los principios rectores de la Convención sobre Derechos del Niño ratificada por Chile, para poder dar orientaciones claras, precisas y contundentes al actuar y a las políticas de una nueva estructura que vele por la Infancia y Adolescencia. A casi tres décadas se ratificación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, el Estado sigue en deuda.
La solución no pasa por mayores recursos siempre necesarios, tampoco por una división técnica-administrativa de un servicio a cargo ni el mejoramiento de infraestructura. Necesitamos construir un gran acuerdo social, un nuevo trato, una nueva convención del Chile del siglo XXI, para los NIÑOS, no sólo los usuarios del Sename: El desafío, por tanto, significa entender y pensar la Infancia no como niños y niñas, sino como futuros adultos y en ese proceso, construir una sociedad más integradora, protectora, inclusiva, humana y solidaria.