Por Andrés Vera Quiroz
«Tapar una herida no es cerrarla. La herida está abierta (…).
Todo lo que es sacar a la luz ese dolor, que vuelve a doler, es una reparación social, universal.
Tapar la historia es la negación de la identidad de un pueblo, el riesgo de la repetición.
Cuando no hay justicia, no hay verdad, no hay memoria»
(Estela de Carlotto, 2018)
Nuestras sociedades están atravesadas por la violencia, como toda sociedad de clases. Se establecen relaciones de poder entre dominadores y dominados, donde aparece la opresión, el autoritarismo y la discriminación.
Existen disímiles formas de violencia: guerras, asesinatos, torturas, desapariciones, secuestros que en América Latina se conocieron muy bien en tiempos pretéritos, para las cuales se han buscado diferentes formas de combatirla.
La filósofa Hannah Arendt señala que “la violencia puede ser justificable pero nunca legítima. Su justificación pierde plausibilidad cuanto más se aleja en el futuro el fin propuesto. Nadie discute el uso de la violencia en defensa propia porque el peligro no sólo resulta claro sino que es actual y el fin que justifica los medios es inmediato.
La violencia se puede definir como el uso de una fuerza abierta u oculta con el fin de obtener de un individuo o grupo lo que no quieren libremente. El tema de la violencia está estrechamente vinculado al poder, toda situación de violencia es una situación de poder.
Michel Foucault señala que “existen redes sociales en las cuales el poder circula y que el ejercicio del poder se fue modificando a lo largo de la historia. Antiguamente se ejercía el poder sobre la totalidad de la sociedad, pero al complejizarse la red de relaciones hay elementos que se escapan a su control; se hace necesario, entonces, un nuevo mecanismo que controle las cosas y las personas en cada detalle, de esta forma el poder se ejerce sobre el individuo y no sobre el cuerpo social en su totalidad”.
Hace unos días hemos revisitado nuevamente hechos violentos transmitidos por los medios de comunicación y redes sociales, la irrupción y asalto de funcionarios de Fuerzas Especiales de Carabineros de Chile apoyados por gases lacrimógenos y un carro lanzaaguas -patente LA-050- a un establecimiento educacional capitalino so pretexto de la consumación de un “delito flagrante”.
En forma enajenada procedieron a ingresar por la puerta principal agrediendo no solamente con sus propios elementos sino con “sillas” lanzadas con fuerza desmedida sobre cabezas de decenas de estudiantes que se encontraban en el patio realizando diversas actividades cotidianas.
Niños y jóvenes estudiantes y trabajadores arrastrados, violentados resultaron heridos y una decena de estudiantes retenidos en una nueva “batalla campal” protagonizada por funcionarios de las Fuerzas Especiales de Carabineros de Chile, institución que actualmente mantiene profundos cuestionamientos y una creciente falta de credibilidad ciudadana producto de fraude que bordea los 30 mil millones de pesos.
Las penosas, violentas y graves imágenes nos hicieron retroceder a tiempos transitados cuando los detenidos eran engrillados y vejados públicamente como lo fue en el caso del estudiante de 4° medio de dicho establecimiento saliendo sólo con ropa interior escoltado por dos funcionarios de FFEE.
Desde algunos sectores tímidamente han salido voces cuestionando el uso innecesario de violencia, el abuso de poder e irracional aplicados una vez más por funcionarios de Carabineros de Chile. Exceptuando, las autoridades públicas del actual gobierno, como es el sostenedor del establecimiento y a la sazón, alcalde de Santiago y la Intendenta de la Región Metropolitana con su discurso de la “teoría del empate”, olvidando con ello:
a. Qué los estudiantes son niños y jóvenes, por tanto, el Estado debe cuidar, velar y cautelar con dignidad sus derechos.
b. Qué Carabineros de Chile según el Informe Rettig es la tercera fuerza responsable de personas fallecidas durante los años de la Dictadura Militar
c. Olvidando también que existen cerca de 100 personas muertas por funcionarios del Estado en diversos hechos, en 28 años de democracia.
d. Y olvidando, además, que existen 101 casos de tortura a partir de denuncias y constatadas por médicos a estudiantes, todos menores de edad detenidos por funcionarios de Carabineros de Chile, entre el año 2011 y el primer trimestre del 2016 durante manifestaciones públicas, marchas y desalojos de liceos.
e. Referido a todo lo anterior, olvidando que existen informes de la UNICEF, del Instituto de Derechos Humanos (INDH) y comunicados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenando el actuar de las Fuerza Especiales de Carabineros por la “ausencia de proporcionalidad en las medidas adoptadas al prohibir marchas, manifestaciones, regularlas de forma inadecuada y reprimirlas utilizando violencia desmedida”.
¿Dónde reside el problema fundamental?
En Chile, la regulación del actuar policial en el contexto de la protesta social está contenida en los denominados “Protocolos para el Mantenimiento del Orden Público” del año 2014, documento de 45 páginas. El cual fue elaborado a partir de la experiencia y los esquemas de trabajo de la Prefectura de Fuerzas Especiales, “considerando una investigación académica, el análisis pormenorizado de las prácticas policiales y la revisión de las opiniones de un panel de expertos de la sociedad civil y de organismos de derechos humanos”, puede leerse en la página 2 de la presentación del documento en cuestión.
En términos estructurales, dichos protocolos se ajustan, por norma general, a los estándares internacionales exigibles, por la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana, la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de 1984 y la Convención sobre los Derechos del Niño.
Ante la vulneración del protocolo, Carabineros de Chile tiene la facultad de instruir por oficio sumario administrativo que vislumbra sanciones que van desde una amonestación a la baja del funcionario.
A pesar de ser un pequeño avance dicho documento como también el haber abandonado la dependencia del Ministerio de Defensa en el año 2010, Carabineros de Chile en la práctica siguen rigiéndose por la Justicia Militar, con lo cual cualquier denuncia, investigación y sanción se resuelve en un espacio vacío, por tanto, instalando nuevamente la impunidad, que Chile conoce muy bien particularmente en los casos de violaciones a los Derechos Humanos.
En el 2015, un informe del Instituto Nacional de Derechos (INDH) cifraba en “20.000 las causas que han llegado a la Fiscalía Militar entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos desde 1991, de las que sólo el 1.7% ha llegado a tener sentencia”, cifra bajísima.
Entonces, ¿Dónde reside el problema? El problema radica en varios puntos como son:
1. Una justicia y una reparación en la medida de lo posible. En donde los autores materiales y cómplices acusados, procesados y condenados no superan el millar.
2. Una máxima como el “Nunca Más” con un silencio de 50 años, sin contenido técnico, político y programático para las instituciones armadas. Persistiendo aún la mirada “del enemigo interno” y no como sujetos de Derechos.
3. Una verdadera psicoeducación a las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad, en sus procedimientos y protocolos en la actuación, trato y manejo con respeto de la población civil.
4. La normalización y naturalización de la violencia. Particularmente, administrada y aplicada bajo el concepto de “control social” por las Fuerzas Especiales desde el regreso a la Democracia más allá de los ajustes en sus protocolos y procedimientos.
5. El escaso y a veces nulo, debate de las memorias, tan enraizadas en el pasado como si fuera un tiempo inmóvil a modo de museo. Qué olvidamos que la historia y la impunidad han ido avanzando en tiempo y espacio. Una memoria afirmada más en el dolor y el daño que en las resistencias.
6. La lucha y la denuncia de las otrora organismos y organizaciones de Derechos Humanos y su campo de actuación estancado en el pasado, burocratizando su accionar en la institucionalidad estatal, esa misma que desde siempre ha reprimido al menor atisbo de exigencia pues “el león es un sanguinario en toda generación”.
7. A casi 3 décadas de la llegada por la vía pactada de ésta democracia, con sendos informes que demuestran la violencia y la desidia en un período oscuro de nuestra historia, aun siendo pendiente la construcción de un Ethos colectivo como sistema que garantice el cuidado, el respeto irrestricto, el ejercicio y la protección de los Derechos Humanos.
Concluyo con la esperanza de que estos gruesos trazos en torno al tema de la violencia, causas y efectos nos permitan ir generando algunas miradas, observaciones diferenciadas pero sin vacilaciones, a esta problemática que nos sigue interpelando.
Para finalizar, la violencia es inherente a una estructura social injusta, a un orden social basado en la explotación del trabajo por el capital, en la exclusión y marginación económica, social y cultural de vastos sectores sociales. De hecho, la violencia no se reduce únicamente a su manifestación más ostensible, a su forma represiva. Esta última es sólo una vía que permite mantener maniobrando y desarrollándose a la violencia estructural en su conjunto, como es el capitalismo.
Reflexión Final:
¿Quién llamó a los brutos, quién les abrió la puerta, quien los autorizó? ¿Los llamarán también cuando los chicos conversen en clase o no hagan las tareas? ¿Es un nuevo modelo pedagógico, apalearlos en el patio para que prefieran estar en clases? ¿Si apalean al interior de los liceos… ¿Qué podemos esperar en la calle?
Mayo de 2018