Por Max Oñate Brandstetter*
“Creo que hay que saber escuchar a los estudiantes y yo prefiero mil veces ver a los secundarios levantarse por la mala educación que nos condena a la desigualdad y a la injusticia, que verlos indiferentes a lo que ocurre en nuestro país”
Sebastián Piñera (Las Últimas Noticias, 2006)
Desde el “restablecimiento de la democracia representativa”, existe una creciente distancia entre el “mundo social” y el “mundo político”, dada la propia naturaleza del régimen, pero la coalición dominante no avanzó nunca en la dirección de las necesidades democráticas de la sociedad civil.
Esto llevó, a través de los años, a que la “sociedad civil” se organizara (parcialmente) con demandas propias frente al cuerpo político en su conjunto, estallando lo que denominamos “movimientos sociales”.
Los “movimientos sociales” lo componen los interesados; los organizadores, los que difunden y los asistentes a las actividades públicas (marchas) y, comunicacionalmente, han recibido respaldo siempre desde la vereda de la “oposición” frente al “oficialismo”, tratando de eclipsar la responsabilidad política, social y económica, como actos del gobierno de turno, pero jamás admitiéndolo como una deuda histórica de la “clase política”, como una deuda de Estado, o un desequilibrio estructural a nivel de sistema.
Cuando estalló la denominada “revolución pingüina”, en un clima interior con algunos “dirigentes de derecha”, -mismo contexto de la cita que abre este artículo- es que Sebastián Piñera, alababa al movimiento estudiantil, sin referirse jamás al uso de la violencia que ahí brotaba esporádicamente, tan vez porque consideraba que la municipalización y la exclusión del conocimiento de elite, es más violento que las barricadas.
Al concretarse el 2011, primer gobierno de Piñera, con un activo y de mayor magnitud de un movimiento estudiantil “sin partidos”, se hacía muy escasa la posibilidad de cuoteo y clientelismo que derribara la organización, con una extensión de mayor duración en el transcurso del año, con amenazas de “perderán el año”, “plan salvemos el semestre”, prohibición de marchas; nada pudo detener la organización y la reivindicación en las calles.
Es en este contexto en el que se publicita la necesidad de una “Ley Hinzpeter” (anti encapuchados), Ley anti tomas, anti corte de calles y carreteras, queriendo transformar la práctica de la protesta en un desfile pacifico, sin publicidad y sin alcance, para que se pierda en la nube de la invisibilización, que no ponga en riesgo nada, que no pueda crear un clima de inestabilidad, por lo tanto apunta a ponerle una mordaza a la sociedad civil, volviéndola un actor inofensivo que no cambie la calma del status quo.
En aquellos años, desde la “oposición” se generaron meta relatos críticos, que apuntaban a lo inaceptable que son las restricciones en un régimen democrático, aunque de los avances como gratuidad universal, ha existido una implementación gradual, que se desconoce si tendrá como meta la finalidad y cuando se desarrollaría esta.
Ahora, este 2018, nuevamente con un gobierno derechista, con el ejecutivo depositado en el mismo personaje, nos encontramos con “desfiles cívico-militares” en gobiernos locales de la derecha (municipios), apologías a la dictadura (de la que buscan desprenderse y eludir responsabilidades), homenajes a torturadores –que desembocan en destituciones institucionales, aunque no por “ordenes” de la derecha- y destitución del jefe del Estado Mayor, de la misma unidad castrense (1).
Este año en particular se ha levantado un proyecto denominado “Aula Segura”, que ha sido rechazado por inconstitucional, aunque no existe una fuerte coalición de “oposición”, dada la eventual desintegración de la NM, la DC en camino propio, y la colaboración verbal de algunos diputados del FA, como Giorgio Jackson (RD), que rechaza la violencia estudiantil y aplaude el accionar policial. Si estas declaraciones las hubiera hecho el 2011 ni siquiera sería diputado.
En primer lugar, están las imágenes del Liceo de Aplicaciones, con el alcalde Alessandri a la cabeza, impulsando el proyecto mencionado, exhibiendo a “la banda de los overoles” tirando bombas molotov, contra el aparato policial, arrojando bencina sobre quienes cierren el ingreso o salida del propio liceo.
El punto que marca la inflexión, es el ingreso que se hizo al Instituto Nacional Barros Arana (INBA), en condiciones totalmente diferentes al otro liceo mencionado.
No es lo mismo ingresar la represión de la fuerza pública a un liceo que a un internado (hay internos y niños que solo estudian en esa instalación física), donde un grupo de fuerzas especiales termina agredido en una cancha de futbol, llevándose un funcionario policial la peor parte, aunque estuvo recibiendo una paliza por parte de niños a rostro descubierto, que por más que diga el Presidente de la República, que son “delincuentes disfrazados de estudiantes”, no son la “banda de los overoles”, sino, internos del liceo, viven ahí.
Hoy, estaría más seguro de hablar de una “identidad estudiantil”, más que de un “movimiento”, que eleva la cara de José Huenante, detenido y desaparecido el 2005, con 17 años de edad. Por otro lado, con una cara más capitalina, la cara de Manuel Gutiérrez, secundario asesinado en las jornadas de protesta del 2011. Eso demuestra una identidad del “no solo no han cumplido nuestras demandas, no solo no tenemos educación gratuita universal, sino que además nos han asesinado a algunos compañeros en esta contienda social”.
Eso contrasta con el hecho de que hay torturadores presos con altas jubilaciones, pero no educación gratuita, que las instituciones que ejercen las funciones de represión están cuestionadas por robos al interior de estas, que la iglesia no es un referente. Esta es la crisis social que la elite no quiere ver, sabiendo aun que un país como Chile, no resiste sin políticas públicas, con una economía creciente al mismo ritmo que el desempleo y la mala distribución de ingreso, tomando en cuenta que “más crecimiento significa que el total a repartir es superior, pero ello nada tiene que ver con la distribución”(2), por lo que, mayor crecimiento solo significa mayor concentración de la riqueza en los grupos dirigentes de la economía de este país, en este contexto de recesión económica.
Se pretende educar a “costo 0”, pagar pensiones a los torturadores y quien proteste, se le saca del colegio, si no paga pasaje, no se le permite sacar ni licencia de conducir.
Será muy tarde cuando, resultado de la pobreza y la restricción, quieran entablar la estrategia del “dialogo ciudadano”. Golpear a un niño es un delito, aunque sea en nombre de la Ley.
(2) http://dilemas.cl/distribucion-del-ingreso/
*El autor es Cientista Político, licenciado de la Universidad Academia Humanismo Cristiano