La Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen), comparando la participación porcentual en deciles, muestra que el Índice Palma donde se establece la relación entre el 10% de los hogares de mayores ingresos con el 40% de menores, empeoró al ser en 2017 el primero superior en 2,7 veces en circunstancias que en 2015 era de 2,5 veces. La distribución sería aún peor si se comparase el 1% o el 0,01% de mayores ingresos en su relación con el ingreso total. “Después de Piketty –ha recordado en estos días Eduardo Engel- tenemos claro que la mayor parte de la mala distribución del ingreso está entre el 1% de mayores ingresos, la Casen capturó eso muy mal”.
De otra parte, los deciles de mayores ingresos autónomos per cápita del hogar aumentaron su participación sobre el total de 35,2% a 36,2%, en cambio los dos deciles de menores ingresos lo hacen solo de 15,3% a 15,6%. El ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, lo explica destacando “un deterioro del mercado del trabajo sobre todo para los primeros deciles, que ha llevado a estos resultados en materia de distribución”, sin mencionar lo acontecido en los excedentes de explotación (ganancias del capital y captación de los rentistas), ni pensar en la explicación de por qué su múltiplo creció en número de veces con relación a los sectores de menores ingresos. Mucho menos lo hará comparando con el 1% o el 0,01% de mayores ingresos.
La comparación de años que consigna el deterioro distributivo corresponde al período de la administración Bachelet, durante el cual como ha destacado la propia expresidenta “se corrió el cerco” en varios temas relevantes, pero por lo general ello se efectuó sin tocar a los intereses económicos dominantes. Incluso no se produjo con la reforma tributaria, que en su concepción original cumplía en cierto grado dicho objetivo, aunque se elaboró sin mencionar al cobre ni afectar a los rentistas que tienen posiciones dominantes, pero finalmente se consensuó abiertamente con la derecha, que en las condiciones existentes en ese momento privilegió mantener mecanismos elusivos en vez del monto de la tasa de impuesto de primera categoría. La distribución del ingreso es la proporción en que se reparte su monto total. Por consiguiente, para aumentar la participación de las remuneraciones debe disminuir porcentualmente en relación con la de los excedentes de explotación, logro no fácil de alcanzar. Desde luego, ello requiere de políticas que actúen en esa dirección. Y lo concreto es que no existieron.
El deterioro distributivo en el país se inició en los años de dictadura cuando se produjo una fuerte reducción de la participación de las remuneraciones en la distribución funcional del ingreso, que mide la participación sobre el total que tienen los factores productivos, siendo inferior actualmente al 40%. Ello significa que los excedentes de explotación son superiores al 60%. Durante el gobierno de Salvador Allende el porcentaje de las remuneraciones sobrepasaba ese 60%, la pérdida experimentada por el factor trabajo desde entonces es gigantesca, teniendo un fuerte impacto negativo en la distribución del ingreso. La única forma de mejorar la distribución es que este porcentaje crezca por encima de los excedentes de explotación. En el primer semestre de 2018, el Índice de Remuneraciones del INE descendió en 0,9% entre enero y junio, mientras que en términos reales en este último mes apenas aumentó anualmente en 0,1%.
Claudia Sanhueza, en un artículo reciente destacó la experiencia de los países nórdicos (Dinamarca, Finlandia, Suecia y Noruega) señalando que en ellos la participación de los trabajadores está entre un 60% y 70% del total, como era durante el gobierno de Salvador Allende. “Los estudios indican que lo más distributivo en estos países –escribió- son sus políticas de negociación colectiva, que han logrado más empleos, mejores salarios y más productividad. Las tasas de sindicalización en estos países –agregó- superan el 90%, con sindicatos que negocian en diferentes etapas (empresas, ramas, nacional), con una alta cobertura de negociación colectiva”. Niveles de negociación que no se ha podido alcanzar en el país y que las ideas adelantadas por el gobierno Piñera de reforma laboral van dirigidas a debilitar la presencia sindical buscando promover otras alternativas, que la experiencia ha demostrado no pocas veces son estimuladas por el sector empresarial. La atomización sindical, por tanto, es un factor que actúa negativamente.
El premio Nobel Paul Krugman expresó su acuerdo con la propuesta efectuada por los senadores Chuck Schumer y Martin Heinrich para que instruya a la oficina de Análisis Económicos, encargada de realizar cálculos del producto interno bruto, para que los efectúe “sobre quién se beneficie del crecimiento económico”. Ello lo considera una necesidad en EEUU, también lo es en Chile. En Estados Unidos, ejemplificó Krugman, “las cifras del PIB han sido buenas en los últimos trimestres, pero gran parte de ese crecimiento ha ido a engrosar los beneficios empresariales, mientras que los salarios medios reales no se han movido. Elaborar estos análisis –agregó- es difícil pero no imposible. De hecho, los economistas Thomas Piketty, Emmanuel Sáez y Gabriel Zucman ya han realizado cálculos muy detallados a lo largo del pasado siglo. El principal mensaje es que el crecimiento va desproporcionadamente a la cúspide y no se comparte con la mitad inferior de la población (…)”. Lo que ha pasado con la distribución funcional de los ingresos en Chile desde los años de dictadura es otro ejemplo brutal en la misma dirección. Que ello no se haya modificado en lo fundamental desde el término de la dictadura es una gran tarea pendiente, que lo ratifica la Casen 2017.
Un editorial de El Mercurio, al analizar los datos de desigualdad en los ingresos, se lo trata de explicar por dos “factores principales detrás de ello. Por una parte –señaló- sigue habiendo personas con baja calificación para acceder a remuneraciones más elevadas (…). Por otro lado, los subsidios monetarios continúan siendo relativamente bajos e impactan muy poco en los ingresos autónomos (las remuneraciones son la principal fuente de los ingresos autónomos). El gasto público –concluyó-, durante la pasada administración se elevó significativamente, pero hasta ahora no ha tenido mayor impacto redistributivo (…). El análisis mercurial se centra en lo sucedido en los sectores de menores ingresos, sin tratar de explicarse las razones de fondo por el bajo crecimiento de las remuneraciones, imposible de verlo a profundidad sin considerar la conducta de quienes las cancelan y las políticas públicas salariales. Y mucho menos se detiene en como actúa el porcentaje minoritario de la población que se apodera de un monto elevado del ingreso total.
El análisis efectuado por el ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, es muy similar, consultado sobre qué debe hacerse luego de conocerse los resultados de la encuesta. “Ellos lo que hacen –recalcó- es reforzar la importancia del crecimiento. Hoy tenemos la certeza –agregó- de que los más afectados cuando no hay crecimiento son los más pobres”. Ni una palabra sobre cómo mejorar la distribución. Más crecimiento significa que el total a repartir es superior, pero ello nada tiene que ver con la distribución. La resistencia a tocar este tema es, como escribió Branko Milanovic, del departamento de Investigación del Banco Mundial, que al hacerlo se “afecta la estructura subyacente del poder económico y político”. Por eso Moreno no se refiere a que sucede con la contraparte en la distribución de los ingresos y las políticas que ha defendido, así como la oposición abierta a cualquier medida que toque su posición privilegiada en ella. ¿Será necesario recordar que él presidió el máximo organismo empresarial, la Confederación de la Producción y el Comercio?
Por lo demás, como lo señaló Dante Contreras, director del Centro de Estudios del Conflicto y Cohesión Social (COES) de la Universidad de Chile, “la Casen mide muy mal los ingresos altos. La tasa de respuesta en las comunas de más altos ingresos está cerca de 30%. Eso lleva –concluyó- a que las medidas de desigualdad sean cuestionables. A mi juicio, la desigualdad que estamos registrando desde mediados de los 2000 está subestimada”. Si la desigualdad se calculase por percentiles y se mide la participación del 1%, 0,1% y 0,01% sobre el ingreso total, se tendría una visión aún más regresiva de la magnitud de la desigualdad.
“(…) la Casen 2017 –reflexionó el senador Jaime Quintana- nos muestra algo que pocos quieren ver: aunque hagamos muchos cambios y reformas mientras las bases del modelo sean las mismas, la desigualdad no va a cambiar”. Efectivamente, el predominio de las concepciones neoliberales va dirigidas a beneficiar a una minoría. Ahora bien, los cambios que modifican la distribución del ingreso deben afectarla, si se piensa en reducir el papel hegemónico de esa minoría, ante todo el 0,01% de las personas de más altos ingresos, que en la actualidad tienen a uno de sus miembros en la dirección del Ejecutivo. Eso no sucede actualmente, tampoco se produjo durante la administración de Michelle Bachelet.
Por su parte, la pobreza multidimensional, que considera lo que sucede en acceso a la educación, salud, trabajo, vivienda y seguridad, experimentó un descenso en comparación al año 2015, reduciéndose de 20,9% a 20,7%, afectando a 3,5 millones de personas. Los indicadores multidimensionales –señaló también Dante Contreras- muestran que una fracción relevante de la población aún vive con carencias” (31/08/18). Esta es la dimensión real más aproximada de la que acontece en esta esfera. Ella es particularmente elevada en algunas regiones: Araucanía (28,5%), Tarapacá (24,9%), Ñuble (24,6%), Atacama (23,2%) y Los Ríos (22,2%). Siendo inferior al promedio nacional en Magallanes (10,8%), Antofagasta (16,4%), Biobío (17,4%) y O’Higgins (18,5%).
En la pobreza multidimensional incide fuertemente lo que acontece en materia de seguridad social, estando muy presente la situación de quienes están al margen del sistema previsional o solo reciben el aporte previsional solidario, que es muy bajo, lejos de la línea de pobreza. El 10,7% de los hogares tiene una persona de edad que ya no trabaja sin jubilación. La Casen 2017 entrega otros datos impactantes. Un 6,6% de los hogares tienen problemas en acceso a servicios sanitarios básicos como un inodoro o agua, aumentando en tres puntos en relación con la medición de dos años antes. “(…) estamos hablando –cuantificó el ministro de Desarrollo – de 850.000 personas que no tienen acceso a agua ni baño dentro de la casa”. Los desafíos que enfrentar son variados, desde temas generales a puntos específicos.
Hugo Fazio
Septiembre 2018