El presidente de la República, Gabriel Boric, en su segunda cuenta pública presidencial efectuó el que, a lo menos, se le podría calificar como “arriesgado paso” al anunciar que a fines de julio propondría al Senado la aprobación de la continuidad del proceso del proyecto hasta ahora denominada de reforma tributaria que fuese rechazado por la Cámara de Diputados, el cual proporcionaría el financiamiento necesario para un conjunto de leyes que anunció en su intervención. De esta manera, de no aprobarse la idea se generaría un escenario que haría responsable a la derecha de no dar los votos necesarios para su aprobación, dado que se requiere contar con ellos para alcanzar la votación favorable de dos tercios de los senadores permitiendo así que el proyecto de ley reanude su trámite en la Cámara Baja.
La búsqueda de entendimientos en el Parlamento, el presidente de la República. Gabriel Boric, lo reiteró en su cuenta pública, detallando temas que están pendientes, dependiendo su solución de la aprobación de la “reforma tributaria”, expresión que fue utilizada en nueve oportunidades y cinco en relación con necesidades de gasto específico: una vez para financiar el proyecto de sala cuna universal, otra que se enviaría tras su aprobación un proyecto para terminar con el Crédito con Aval del Estado y sus deudas, una tercera para financiar la deuda histórica de los profesores que se tiene desde la dictadura, la cuarta para avanzar en que cada región tenga su propio Centro de Atención en Violencia Sexual y una quinta para aumentar en US$1.500 millones los recursos para seguridad ciudadana. Son necesidades a atender y para las cuales se precisa de recursos. Entonces la búsqueda de acuerdos con la derecha es un intento efectuado para financiar dichos gastos. Sigue, desde luego, pendiente avanzar en todos aquellos planos que lo permiten las atribuciones presidenciales, para lo cual siempre va a ser necesario contar con el apoyo de la movilización social.
Cuestionamos que el proyecto de ley se siga denominando como de “reforma tributaria’, cuando ya no tiene nada de tal. Una reforma en la regresiva estructura tributaria chilena, dado que tiene un porcentaje muy elevado de su financiamiento en función de recursos proporcionados por impuestos indirectos, como el IVA, requiere modificaciones que a lo menos avancen en reducir esta regresividad, pero ello nunca se va a conseguir con leyes cursadas en acuerdos con la derecha que ha expresado reiteradamente su rechazo a una ley que establezca disposiciones para establecer en cualquier forma un impuesto a los altos patrimonios y que obligue a gravar o terminar con el mecanismo de las utilidades retenidas.
La cuenta pública dejó la impresión que el Crédito con Aval del Estado (CAE) también quedaba incluido en el listado de leyes a aprobar que requieren el financiamiento del proyecto tributario. “El año pasado me comprometí -señaló Boric en la Cuenta, refiriéndose al CAE- a ingresar un proyecto de ley una vez aprobada la reforma tributaria y mi compromiso sigue en pie”. Interrogante que el ministro de Hacienda, Mario Marcel, se apresuró a establecer que no se resolvería con el acuerdo tributario. “El caso del CAE -señaló- va a tener que tener su propia fuente de financiamiento, porque son otros volúmenes de recursos y hay otras fórmulas para hacerlo. Eso tiene que ser -añadió- una propuesta autocontenida”. Sin indicar en qué consistiría.
En cuanto a la deuda histórica con los profesores, que se comenzó a acumular en los años de dictadura, Boric manifestó que “el Estado de Chile no cuenta con los recursos suficientes para hacerse cargo de esta reparación, y por tanto necesitamos allegar más recursos con la reforma tributaria”. Un estudio elaborado por la Fundación Sol y el Colegio de Profesores establece que el monto de la deuda es de unos US$12.610 millones. El presidente del Colegio de Profesores, Carlos Ruiz, criticó el anuncio presidencial. “Íbamos -dijo- en búsqueda de una respuesta concreta, con pasos concretos sobre la reparación de la deuda histórica, tema comprometido en el programa de gobierno del Presidente Boric. Hay un dejo de frustración de parte del profesorado nacional, porque hace un año el Presidente de la República, también en la cuenta al país, dio a conocer que en diciembre del año pasado se enviaba el proyecto de ley para reparar la deuda histórica”.
De esta manera, la denominada “reforma tributaria” quedó en absoluta dependencia de lo que la derecha esté dispuesta a aprobar. Antes de avanzar en una propuesta como la efectuada de buscar acuerdos, de inmediato el senador de la UDI, Juan Antonio Coloma, presidente de la Cámara Alta, recalcó que “hay que ponerse de acuerdo en las prioridades y coincidir con ellas. Con falta de crecimiento -agregó-, desempleo y el tema inflacionario, la solución no puede ser simplemente pedirle más recursos a los privados”.
La Cuenta constituyó también un documento en que se explicita el viraje en la política gubernamental. “Si alguien me pregunta -afirma Boric- ¿acaso estas constataciones les han hecho modificar sus principios? Mi respuesta es no (…). Pero si alguien me pregunta, a continuación, ¿acaso al constatar el grado de tensiones que presenta la sociedad chilena, sus miedos e incertidumbres, y el retraso del Estado para darles respuesta les ha hecho reordenar las prioridades? Mi respuesta es sí, tajantemente sí”. Y ello lo lleva a buscar acuerdos. “Este es un gobierno -afirmó el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde- que se ha hecho cargo de las urgencias e impulsa, al mismo tiempo, reformas sociales en el marco de la responsabilidad fiscal”.
De otra parte, la cuenta pública se efectuó poco después que el Banco Central informó que en abril, el Imacec anualizado se contrajo en 1,1% en doce meses, consecuencia de la alta reducción del comercio, de – 7,7%, aportando en -0,7 puntos porcentuales al desplome general. En concreto todos los componentes del comercio contribuyeron a esta disminución, siendo más acentuada en el comercio minorista, destacando las menores ventas en supermercados y establecimientos especializados de vestuario y alimentos. Incide igualmente la reducción en las ventas del comercio automotriz. La industria se redujo en -2,5%, aportando con -0,2 pp. El sector servicios continuó en cifras positivas, cada vez eso sí más bajas, al aumentar en 0,4%, y la minería, que había tenido una caída muy fuerte en marzo, creció en 3,1%.
El Imacec de abril en doce meses constituyó la tercera caída anual consecutiva, en febrero descendió -0,3% y en marzo -1,9%. El Imacec no minero, que aporta cerca de 90% del total, cayó en -1,6%, enterando con este descenso ocho meses de disminuciones consecutivas. El Imacec desestacionalizado, que se compara con el mes anterior no presentó variación. La minería aumentó en 3,9%, mientras el comercio, el resto de los bienes y los servicios disminuían respectivamente en -2,4%, -2% y -0,4%.
Ante este estado de cosas, resulta insostenible la afirmación efectuada por el presidente de la República en su cuenta pública que la economía se recupera con un admirable equilibrio fiscal y una inversión extranjera que el año 2022 fue más alta que los últimos nueve años. (…) tenemos una economía resiliente -añadió- y la vamos a cuidar porque sabemos que sin estabilidad económica las familias chilenas no podrán conseguir la tranquilidad que necesitan para alcanzar sus metas”. Una situación económica de estanflación como vive el país obviamente no constituye un escenario de “estabilidad económica”, sino de uno en que imperan desequilibrios.
Además, tampoco la economía todavía está en un momento, como se señaló en la cuenta presidencial de recuperación gracias a un “admirable equilibrio fiscal”. Por lo demás, una política de equilibrio fiscal no es precisamente el camino para superar el estancamiento y tampoco contribuye a revertir el histórico problema de la baja productividad. Tampoco resuelve las limitaciones fiscales el proyecto de reforma de pensiones presentado por el Ejecutivo, el cual destina un alto porcentaje de las cotizaciones al mercado de capitales, mientras crecientemente el gasto provisional es financiado con recursos fiscales, que por tanto no se pueden destinar a otros objetivos.
Por su parte, incluso en el primer trimestre de 2023, las treinta empresas que componen el IPSA registraron una disminución interanual de sus utilidades de 32,02%. Sus ingresos aumentaron un 6,9%, insuficientes para compensar el incremento de los costos de venta y los gastos de administración. Las dos terceras partes de estas empresas tuvieron resultados inferiores a los del primer trimestre de 2022. Por su incidencia en el total la caída en las ganancias de la Compañía Sudamericana de Vapores (CSAV), las cuales descendieron de US$1.401 millones anotados en 2022 a US$598 millones, incidieron de manera importante en el resultado general.
Las menores ganancias en la sociedad de inversiones del grupo Luksic, eran esperadas por la reducción de las tarifas y del volumen transportado de las empresas marítimas globales, que constituye su única fuente de ingresos. Hapag-Lloyd redujo en un 27,9% sus tarifas promedio y de 4,9% el volumen transportado. Ello condujo a que dejase de ser la empresa de mayores ganancias del IPSA, lugar que fue ocupado por SQM, aunque las utilidades de la minera no metálica también se redujeron en un 5,91%, desplazando al segundo lugar a CSAV. La matriz no minera de los Luksic, Quiñenco, ante todo por las menores ganancias recibidas de CSAV, retrocedió al tercer lugar. Estas tres empresas explican un 43,08% de las utilidades totales en el primer trimestre del año en curso, mostrando una vez más la fuerte concentración registrada en las utilidades. En el cuarto lugar, muy lejos de las tres primeras, figuró el Banco de Chile, también controlado por los Luksic, en este caso en conjunto con el consorcio financiero estadounidense Citigroup. Y en el quinto Enel Américas, controlada por la italiana Enel.
Dos empresas del retail registraron pérdidas, como consecuencia de la caída en el comercio, Falabella, que anotó su tercer trimestre con cifras en rojo, y Ripley. “La caída en las utilidades de Falabella y Ripley -manifestó Carolina Ratto, de Credicorp Capital- se debe a los débiles resultados del banco y márgenes negativos en la operación de tiendas de departamentos, entre otros”. Cencosud, por su parte, redujo sus utilidades en 23,5%, pero “sigue siendo el retailer más resiliente -destacó Carolina Ratto- dado que muestra crecimiento en primera línea, también explicado por las últimas adquisiciones en Brasil y Estados Unidos”. En general todas las empresas del retail disminuyen el número de sus trabajadores Falabella, en el primer trimestre las redujo en 4.297 trabajadores, de los cuales 1.753 se dieron en Chile. Ripley en 2022 lo hizo en 121, Tricot en 192, AD Retail en 102 y La Polar en 518. Empresas con utilidades también registraron disminuciones. Cencosud, en todos los países, incluyendo EEUU, pasó de 122.891 a 120.611. En el país, el personal de Cencosud se redujo en 4,3%, 2.186 personas. Por su parte, SMU, controlado por el grupo Saieh, que también obtuvo utilidades, lo contrajo levemente de 24.454 a 24.197 trabajadores.
Los resultados por sector económico dados a conocer por la CMF mostraron una caída en el primer trimestre de las utilidades de 29,56%, al alcanzar a US$3.387 millones Ello se produjo a pesar de que las ventas crecieron un 4,74%. Las menores utilidades del sector de telecomunicaciones llegaron a 90,11%, las del sector forestal a 70,83%, las de la minería a 45,46%, la de los bancos a 20,19%, las de viñas a 12,05%, las de la construcción e inmobiliarias a 10,45% y las de consumo a 6,46%. Aumentaron las ganancias del sector eléctrico en 41,80% y las de salmones 16,28%.
En el caso de los bancos, en enero-abril sus utilidades en doce meses bajaron un 26,75%. Las colocaciones en abril se redujeron un 3,8% en cifras interanuales. Los créditos comerciales lo hicieron en 5.9%, teniendo cifras negativas durante nueve meses consecutivos; la de consumo en 4,56%, por quinto mes. Los hipotecarios aumentaron un 1,35%. La morosidad a 90 días creció un 32,4%, alcanzando un 1.91% de la cartera total. En cambio, las empresas eléctricas tuvieron un comienzo de año positivo. Colbún, del grupo Matte, incrementó sus ganancias en 85,1%, Enel Chile en 132% y Engie en más de 400%. Latam Airlines volvió a figurar en el listado del IPSA, registrando el decimosegundo lugar, obteniendo utilidades de $96.140 millones, en enero-marzo de 2022 había tenido pérdidas.
A comienzos de junio, el grupo Matte, cuyas inversiones y utilidades en todos los últimos años procedían de Brasil, anunció que la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC) iniciaría operaciones productivas en EEUU, convirtiéndose en el noveno país donde tiene tal presencia, al adquirir la empresa Powell Valley, que posee dos fábricas en el estado de Kentucky dedicadas al desarrollo de productos de remanufactura en madera, en cerca de US$40 millones. Una de las instalaciones está ubicada en Clay City y la otra en Jeffersonville.
“Este es un paso fundamental -declaró desde EEUU el presidente de CMPC, Luis Felipe Gazitúa- en la historia de Empresas CMPC. Si bien hace décadas que nuestros productos se comercializan en Estados Unidos, ahora podremos producirlos acá mismo, recogiendo toda la experiencia y conocimiento de una compañía especialista como Powell Valley” . En EEUU, CMPC efectúa ventas anuales por un monto cercano a los US$550 millones, de los cuales el 40% son del negocio de la madera. En la producción de remanufacturas producidas por CMPC, EEUU es su principal mercado, ya que le envía el 90% de su producción.
“Lo que hace unos diez meses era una táctica reservada y algo tímida -comentó La Tercera, antes de la Cuenta Pública-, hoy la estrategia del gobierno de negociar con el empresariado las grandes reformas es explícita”. Las reformas que se busca implementar son en la realidad actual la tributaria, que sufrió un rechazo en su primer trámite en la Cámara de Diputados, y la previsional que aparece empantanada. Desde luego, al privilegiar este camino, se deja de lado las modificaciones de fondo contenidas en el programa de gobierno
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La táctica seguida por el ministro de Hacienda, Mario Marcel, relató la publicación, era desde el año pasado “privilegiar una discusión técnica con los privados en la reforma tributaria y de pensiones, que le sirviera de soporte para luego conseguir los votos y la venia del mundo político. La calculada estrategia del ministro tuvo un fuerte revés luego de que a principios de marzo pasado la Cámara de Diputados rechazara la idea de legislar la reforma tributaria, lo que asestó la derrota más dura a Marcel y el equipo económico desde que llegó a Teatinos 120”. Ello impidió que Marcel buscase un acuerdo en el Senado “teniendo como base el pacto a nivel técnico conversado durante meses con el empresariado”.
La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, el 30 de mayo, en esta dirección insistió en el camino de alcanzar el consenso con los actores privados. “El momento de los acuerdos -dijo- llegó. Esta semana -agregó- siguen trabajando los equipos del ministerio del Trabajo, Dipres y Hacienda, para ir modelando alternativas y nos vamos a reunir con los empleadores, especialmente con el presidente de la CPC, por esta misma temática” .
El informe de la Dirección de Presupuestos de abril constató que la recaudación fiscal disminuyó un 29,1% real anual, obteniendo recursos equivalentes a un 3% del PIB. En términos desagregados, la gran mayoría de los subcomponentes de los ingresos fiscales descendieron, con la sola excepción de los correspondientes a la renta de la propiedad, debido al impacto de los traspasos provenientes del litio. En 2022 los ingresos en este ítem constituyeron el 84,9% del total, cuando solo representaban en los años anteriores un 13,3%. A abril, los ingresos tributarios en doce meses se contrajeron un 12,5%, los de la minería privada, un -56,9%, y los de Codelco un -23,9%.
La contracción de la actividad económica va acompañada de un crecimiento en el número de cesantes y en la tasa de desempleo. En el trimestre móvil febrero-abril, el número de cesantes en doce meses se incrementó en 18,3%, al perderse 120.723 puestos de trabajo, afectando a 853.902 personas. En cuanto a la tasa de desempleo aumentó a 8,7%, un punto porcentual más que en igual lapso del año 2022, siendo su sexta alza consecutiva, llegando a un nivel de 8% entre los hombres y de 9,5% en las mujeres. Las tasas más elevadas de desocupación por regiones se dieron en Atacama (9,8%), Región Metropolitana (9,6) y Antofagasta (9,5).
La fuerza de trabajo creció en 3% en doce meses llegando a 9.850.631 personas, habiéndose incorporado al mercado laboral 238.138 personas, pero no todas ellas encontraron trabajo, aumentando los ocupados en 1,9% y, por tanto, también los desocupados. La tasa de participación laboral llegó a 60,9%, con un incremento interanual de 1,2%, inferior a su porcentaje previo a la pandemia de 63,2%. Y la tasa de ocupación alcanzó a 55,6%, con un alza de 0,5% en doce meses. La fuerza de trabajo para alcanzar el mismo porcentaje anterior a la pandemia debe llegar a 10,2 millones de personas.
Hugo Fazio
4 Junio 2023