A pocas horas del plebiscito y a una semana de conmemorarse la fecha del estallido social que devino en verdadera rebelión social y popular, todas las señales nos indican que la grave crisis social y política que enfrenta el país no se resolverá automáticamente y que las tensiones, las demandas sociales pendientes y la lucha social y política se entrelazarán en los tiempos venideros.
Por de pronto, las miradas se dirigen a los resultados del plebiscito, en el cual el Apruebo saldrá victorioso. Importante será la distancia entre el Apruebo y el Rechazo, los niveles de participación electoral y los indicadores respecto al mecanismo.
Pero en lo relevante es la movilización, pues en el trasfondo de la historia, está la amplia y extensa movilización social, desarrolla hasta hoy y en medio de instituciones cuestionadas y exigencias de un nuevo orden económico social. Un nuevo orden que ponga en el centro los intereses de las mayorías restándoles privilegios a los poseedores del poder y la riqueza y responsables de las injusticias y abusos denunciados.
Una Nueva Constitución, en tanto exigencia se gestó en la memoria social y popular en la larga lucha contra la dictadura. Las tibias reformas acordadas a la Constitución pinochetista no la transformaron en democrática y participativa y tampoco garantizó derechos sociales a las mayorías. En definitiva, por décadas se estructuró un orden social injusto.
Por eso la importancia de dotarse de una Nueva Constitución.
El proceso constituyente en marcha es el resultado de la lucha social y popular, cuya dinámica de movilizaciones solo pudo contener la crisis sanitaria. Pandemia que contribuyó al escenario en que se realiza el plebiscito. Pero el proceso constituyente fue arrancado a las elites políticas y dominantes. No estaba presupuestado que se realizara. Ciertamente el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, fue la respuesta de una elite que, por muy cuestionada, mantiene poder, influencias, alianzas e instrumentos que la respaldan. Y el mundo social y popular, pese a su enorme despliegue de voluntad y decisión carece aún de organización extensa y de los niveles de unidad necesario para alcanzar metas de transformación social más beneficiosas para las mayorías.
En estos tiempos, nada está garantizado. La crisis sanitaria trajo consigo una crisis económica que mantendrá por largo tiempo altos niveles de cesantía, el sistema de pensiones continuará entregando miseros recursos a los jubilados, la crisis de derechos humanos está lejos de encontrar justicia, verdad y reparación a todas y todos quienes sufrieron la violencia institucional desatada. El cuestionamiento a las instituciones se mantiene y día a día nos informamos de escándalos y transgresiones a los propios protocolos y normas establecidas internamente.
De allí que lo ocurrido en los últimos años y los aprendizajes de la memoria les indica a las mayorías que solo la movilización les garantiza avanzar. La desmovilización conlleva que el ejercicio de la soberanía popular sea birlado por las elites dominantes en todos sus matices, incluidas aquellas que pregonan que todo debe cambiar para que todo siga igual.
Los tiempos que vienen requerirán que el movimiento social ajuste demandas, tareas y objetivos para alcanzar un Chile para todos. El devenir exige enormes desafíos. Esos desafíos son del tamaño de las esperanzas y favor de éstas solo cuentan la organización, la unidad y la voluntad de construir ese país inclusivo, justo y digno.
