El martes 7 de junio el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior solicitó el procesamiento de Juan Emilio Cheyre, ex comandante en jefe del Ejército, como encubridor de quince homicidios y secuestros calificados de prisioneros políticos en el Regimiento Arica de la Serena, ocurridos en septiembre de 1973.
En ese momento Cheyre era teniente, y ayudante del entonces coronel Ariosto Lapostol, jefe de la unidad militar, para quien el Programa de DDHH solicitó su procesamiento en calidad de autor de los mismos delitos.
Según ha trascendido, la solicitud de procesamiento de Juan Emilio Cheyre habría generado tensiones, traslados y despidos en el Programa de Derechos Humanos. Una de las solicitudes de renuncia y/o despido correspondería a la del jefe jurídico, Rodrigo Lledó. Según informa el portal del Sitio de Memoria Londres 38, el conflicto se produjo unas dos semanas antes de la salida de Jorge Burgos, como jefe del Ministerio del Interior, “quien se había mostrado como un férreo defensor de Cheyre”.
Esta decisión, informa el mismo portal, se produce poco después de que Jorge Bofill, abogado defensor de Cheyre, afirmara que los testimonios de los sobrevivientes de la Caravana de la Muerte son falsos y que la decisión de los abogados del Programa de DDHH era una «conducta particularmente reprochable» acusándolos de no actuar «de conformidad al principio de probidad».
Por su parte, en el portal de CODEPU, Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo, en referencia a las solicitudes de renuncia expresa su “su preocupación por este hecho, que buscaría inhibir la acción del organismo en contra de un militar considerado, al parecer, “intocable” por algunos servicios prestados a los gobiernos civiles de la transición”. Y agrga al mismo tiempo, la información que “los crímenes de lesa humanidad deben ser investigados y sus autores deben ser encausados y condenados a penas de cárcel efectiva. En esto no pueden haber personajes intocables”
Por su parte, el portal de Londres 38 agrega que “en este escenario, la nueva autoridad designada a la cabeza del Programa, Catalina Lagos, ha sembrado nueva incertidumbre al abstenerse de dar una versión de los hechos a la prensa, explicitando de paso su posición en torno al conflicto”
Al mismo tiempo Londres 38 señala que “estos hechos se suman al reciente otorgamiento de la libertad condicional a dos ex militares que cumplían condena en Punta Peuco, en medio de una verdadera campaña en pro del otorgamiento de beneficios a los violadores de derechos humanos”
Las libertades condicionales, hacen referencia a la del coronel (R) Hernán Reinaldo Ovalle Hidalgo, responsable de tres asesinatos cometidos el 12 de septiembre de 1973 en la intervención de la empresa textil Sumar del Cordón Vicuña Mackenna. El otro beneficiado es José Florentino Fuentes Castro, sargento segundo de Carabineros, condenado a presidio perpetuo como autor de los secuestros y homicidios de tres militantes comunistas que luego aparecieron degollados, el 30 de marzo de 1985, y del secuestro de otras cinco personas.
En las organizaciones de víctimas de la represión dictatorial y en las defensoras de los derechos humanos se extiende la preocupación por las situaciones descritas y desde ellas se exige la adopción de medidas que impidan a futuro la excarcelación de los responsables de crímenes de lesa humanidad un compromiso del Programa de Derechos Humanos en la persecución judicial de los responsables de las violaciones a los Derechos Humanos. No debiera haber intocables señalan.