Max Oñate Brandstetter
“Ésta no es una medida contra el movimiento estudiantil,
sino contra una pequeña parte de él”
(Mahmud Aleuy)
Con esta frase, el Subsecretario del Interior del presente gobierno justifica ante la opinión pública la medida gubernamental de demandar a los padres de los secundarios que destruyan bienes públicos. Toda la justificación aparece como parte de una agenda anti delincuencia y al enmarcar al movimiento estudiantil (o alguna consecuencia de la movilización de éste) como un sujeto movilizado criminalizable.
En el gobierno encabezado por Sebastián Piñera, intentaron acordar la “Ley Hinzpeter”, o ley “Anti-encapuchados”, donde, en aquel contexto, los partidos de oposición (de ese entonces), acusaban que la medida estaba hecha, para en tiempos de crisis (producida por la falta de voluntad política del gobierno de entregar derechos) reprimir a la movilización, por lo que con “justa consecuencia política” y con algo de “respetar la lucha que da la ciudadanía, lejos de todas y cada una de las estructuras partidarias”, los diputados y los senadores de la concertación se negaron a legislar a favor de la represión, pero hoy, en circunstancias similares ante la ciudadanía no niegan aplicar ni legislar. ¿Por qué ocurren estos “virajes políticos”?
La política (empresarial, representativa, burocrática, pública, etc.) está sumergida en una crisis, y como tal solo puede buscar bases de apoyo ante la ciudadanía, prometiendo evoluciones institucionales que (“oh, vaya por fin”), hacer de este Chile, el país de todos, con todos incluidos, todos participando, todos siendo parte de esa utopía republicana, que por fin, después de 27 años, la alegría ya viene.
Por otra parte, la política institucional (pues hay relaciones políticas cotidianas más allá del aparato público y los partidos) se realiza mediante negociaciones entre las fuerzas políticas representadas en el parlamento y por tanto podemos explicarlo. ¿Es posible pensar un Chile con una nueva constitución, si previamente la coalición gobernante, no entrega ninguna clase de concesión a la oposición? ¿En el marco de la democracia representativa, existe la posibilidad de no negociar con la oposición e imponer una nueva constitución inmediatamente?
Es en este sentido del cómo podemos comprender las contradicciones ideológicas, incompatibilidades valóricas (conflicto de interés), transacciones políticas y financieras, fraudes, y todo lo que últimamente ha alejado a la ciudadanía de la participación política, que desencadena de la democracia representativa, aquella que otorga plena autonomía y plenos poderes a los elegidos, por lo que la ciudadanía solo sirve para firmar un documento cada 4 años y nada más, puesto que en plena movilización se vuelve indeseable (a menos que se movilicen “sin violencia” y en las condiciones que el gobierno quiere que se movilicen).
Ante los tipos de democracia, podremos agruparlos en 3 grandes opciones, que han deambulado por la historia, aplicándose en distintos contextos políticos:
Primero, la democracia directa, donde todos los participantes del espacio político (desde los Estado-Nación hasta la idea de las federaciones productivas de trabajadores o incluso pequeñas aldeas) tienen la misma incidencia, el mismo poder en la toma de decisiones y el mismo poder de representación y ejecución. Es el caso de la segunda república de Francia y la antigua Grecia, por mencionar algunos.
Segundo, la democracia representativa, que consiste en elecciones periódicas, donde los electos pueden decidir a plena voluntad (de acuerdo entre ellos), por lo que el rol de la ciudadanía es delegativo y pasivo.
Tercero, la democracia participativa, donde simplemente es la democracia representativa con elementos plebiscitarios, vale decir, que cada cierto tiempo la ciudadanía interpone contrapesos a la decisión política institucional, mediante un plebiscito. En el Chile democrático no practicamos este tipo de democracia y no hay tradición plebiscitaria en nuestra nación democrática de 27 años.
Las medidas que ha realizado el gobierno, no solo es la posibilidad de demandar a los padres de los niños “delincuentes” de la movilización de quienes quieren educación gratuita, además normas “antifiltraciones” (contra quienes entreguen información y/o carpetas de quienes sean investigados siendo parlamentarios), control de identidad preventivo (que se asemeja a la detención por sospecha, pero tiene otro “legitimo nombre” en democracia); todo ello, largamente cuestionado por Amnistía Internacional y otras organizaciones que ven con malos ojos estas medidas, pero son el reflejo de la negociación política, que hoy permiten instalar el proceso constituyente, a condición de reprimir a quienes están movilizados y a defraudar a quienes confían en sus proyectos.
Continuar con la democracia representativa es continuar con la crisis política desarrollada en Chile, porque esta genera una nula capacidad de control sobre los autónomos representados, lo que ha abierto cada vez más la brecha de lejanía de la institucionalidad democrática y la sociedad civil.
(1)El autor es Cientista Político, licenciado de la Universidad Academia Humanismo Cristiano.