Por Carlos Romeo
El Presidente de Bolivia Evo Morales al asistir a la primera graduación de oficiales en la Escuela Militar Antimperialista en su país, dijo según informa la prensa, que
“…el Gobierno ‘no está inventando nada’, sino que está ‘institucionalizando’ ese pensamiento libertador dentro de las Fuerzas Armadas”.
“No estamos en tiempo de invasión, sino de integración de los pueblos. No son tiempos de saqueo, sino tiempos con política solidaria”, opinó.
Por ello, un Ejército reformado según esas referencias ideológicas debería ser “un modelo”. Desde ahora, para ascender al grado de capitán todo oficial boliviano deberá graduarse en esa escuela.
Siguiendo los pasos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela, el líder del proceso revolucionario boliviano ataca una cuestión política estratégica en el concierto latinoamericano.
Es conocido el dicho, valido durante mucho tiempo en la América Latina, de que “se puede hacer una revolución con el ejército, sin el ejército, pero no contra el ejército” en referencia a un concepto de revolución equivalente a un golpe de estado. Porque hasta los niños saben que las fuerzas armadas de un país existen fundamentalmente para garantizar el orden económico y social existente, bajo el pretexto difundido una y otra vez de defender la patria de la agresión externa, misión de los militares que desde la guerra fría incluyo también y como la más importante, defenderla del enemigo interno denominado comunismo.
Un ejemplo ya clásico de lo dicho es lo que sucedió en Chile el 11 de septiembre de 1973 y que se prolongó por 17 años. Si la oficialidad chilena que en su gran mayoría actuó como lo hizo, es porque así fueron formados en sus respectivas escuelas miliares por profesores que le inocularon ideas sobre su misión profesional, vale decir una ideología, termino rechazado por ellos toda vez que, para ellos, sus ideas son ciertas por definición, en el sentido de naturales y científicas, a diferencia de las extrañas que difieren de ellas y cuyo registro escrito fue quemado en las piras de libros ardiendo con que adornaron las calles de Santiago después del golpe. Con ello y desde luego que sin saberlo, demostraron así que, en el fondo, de lo que se trataba era de una confrontación de ideas sobre qué es una sociedad, cómo debe estar organizada y dirigida y cuál es el rol al que tienen derecho todos sus habitantes en su interior. Todos sabemos que Pinochet, el máximo líder del golpe de estado, admiraba a la “wehrmacht” hitleriana pese a su comportamiento barbárico durante la segunda guerra mundial y que Leigh, el aviador, consideraba a la “luftwaffe” alemana lo máximo en fuerza aérea, probablemente sin saber lo que había hecho en Guernica durante la guerra civil española y que Picasso ha conservado para la posterioridad con su obra al respecto.
Es francamente llamativo que en las largas y detalladas constituciones de la mayoría de los países latinoamericanos no haya mención sobre el control político que la sociedad debería ejercer sobre la formación de sus militares. Quizás la respuesta está en que se da por descontado que su misión social, el conservar el orden existente, no requiere ser aclarado toda vez que también son los políticos quienes finalmente aprueban los presupuestos para los ministerios de la defensa y del orden interior en el entendido de que policías y militares los emplearan debidamente. No es el caso del monstruo del Dr. Frankenstein toda vez que su posible comportamiento violento cuando se desafían los intereses de sus amos, estaba ya previsto por sus creadores.
Lo que Evo Morales ha hecho y antes que él Hugo Chávez, es cambiar la mentalidad profesional “pseudo” apolítica de los militares profesionales por otra, que les recuerde permanentemente que no son más que un parte del pueblo uniformado dotado de armas también pagadas por ese pueblo para, ante todo y por encima de todo, defender a ese pueblo del que forman parte de todo real peligro externo de avasallamiento por fuerzas enemigas, sean estas militares o de otro tipo.
La Habana, 17 de diciembre del 2016