Por Carlos Romeo
Este es un simple ejercicio de lo que se denomina especulación en teoría del conocimiento, de interés para quienes tengan tiempo para leerlo. Eso explica la osadía de hacer un análisis político de un caso concreto para extraer recomendaciones, a 2000 kilómetros de donde están sucediendo los hechos analizados.
En este ejercicio intelectual se parte de tres hipótesis, de cuya validez depende todo el razonamiento siguiente, por muy respetuoso que uno sea de las reglas de la lógica.
La primera consiste en que para las fuerzas políticas revolucionarias venezolanas está fuera de cuestión y de una posibilidad real, todo intento de expropiar a los capitalistas que operan en el país, salvo casos muy particulares.
La segunda, es que el comportamiento racional del capital, bajo cualquiera de sus formas, es actuar para poder ampliarlo acumulando más capital.
La tercera, es que las fuerzas revolucionarias venezolanas actuaron, actúan y actuaran, respetando los preceptos de la actual Constitución Venezolana.
Vamos a tratar de definir una situación particular en un contexto social determinado, que pretende describir lo que acontece hoy en Venezuela y proceder a un análisis lógico a partir de las hipótesis establecidas.
En medio de un proceso revolucionario que ya lleva 17 años, hoy en día se aprecia una división entre sus ciudadanos que los divide en no menos de un 40% en contra de la política que lleva a cabo el Gobierno Revolucionario y el resto a su favor, porcentajes que fluctúan alrededor de una división por la mitad del conjunto de los electores en dependencia de las coyunturas concretas bajo las cuales se llevan a cabo elecciones que abarcan a todo el país.
En ese contexto, el dominio de las instancias del Poder Político en Venezuela está dividido.
Una de las dos grandes fuerzas en pugna, la fuerza política revolucionaria controla el Poder Ejecutivo y en virtud de la Constitución vigente, también al Poder Judicial, arbitro legal supremo de los conflictos entre esta y la otra fuerza política, la de la oposición, que controla a su vez al Poder Legislativo, el cual y en virtud de la Constitución vigente, si bien puede negarse a cooperar para lograr nuevas leyes de tipo revolucionarias, no puede deshacer lo ya legislado por las fuerzas revolucionarias ni impedir nuevas medidas legales de ese tipo por la vía de Decretos presidenciales.
El árbitro de facto de la confrontación política son las fuerzas armadas bolivarianas que a raíz de la formación ideológica que profesan como resultado de su origen social y de la labor en su seno del Comandante Hugo Chávez, se definen como bolivarianas y servidora de los intereses populares, lo que conlleva paz social. (Quizás esto último debería ser considerado como una cuarta hipótesis implícita en el análisis lógico que se realiza.)
El sustrato de ese panorama político es el hecho de que la economía venezolana está dividida, 30 % en manos del estado en donde se incluye la producción y comercialización de los hidrocarburos, además de la propiedad de los recursos naturales del país, y 70 % en manos privadas que abarca a la casi totalidad de la elaboración de productos y servicios necesarios para el consumo de la población, además de la mayoría de los medios de comunicación social, periódicos, televisoras y radios. Digamos, además, que el sector privado de la economía venezolana es la profunda retaguardia y fuente de financiamiento de la fuerza política contrarrevolucionaria que lógicamente no tiene, fuera de los alardes demagógicos pseudo doctrinarios y ambiciones personales, otro motivo en su accionar que no sea el defender al empresariado nacional, dándole así un rostro representativo en la lucha política.
Imposible excluir en este panorama el rol del Gobierno Norteamericano para el cual el regreso a una situación política interna en Venezuela del tipo vigente en la Cuarta República es un “must”, tanto por sus intereses en Venezuela como por el efecto que el proceso venezolano tiene en el panorama político americano. Por ello su apoyo decidido a la oposición política venezolana.
Si bien en un país altamente dependiente del comercio exterior como Venezuela, el Estado también controla la utilización de las divisas provenientes de sus exportaciones y préstamos internacionales, no puede dejar de ponerlas a disposición del sector económico privado para el normal funcionamiento de sus instalaciones. En efecto, si bien cada empresa privada tiene como fundamental su propio interés individual, las relaciones mercantiles en las cuales está inmersa le confieren objetivamente un rol social más o menos significativo según el rol que desempeña.
Agreguemos a lo dicho que en adición a los recursos financieros de que dispone el Gobierno por la vía de impuestos y tributos, en el caso de Venezuela también se apropia de la llamada” renta petrolera” derivada de la renta que lo consumidores externos de los hidrocarburos venezolanos deben forzosamente pagar al adquirir un recurso natural, finito, no renovable y propiedad de quienes lo poseen.
En el contexto del cuadro político y económico descrito se puede establecer un principio objetivo y por tanto valido, se acepte conscientemente o no, tanto para las fuerzas políticas revolucionarias como por las contrarrevolucionarias y en particular por los dueños de empresas en Venezuela: el sector privado de la economía es objetivamente necesario para toda la sociedad venezolana. Si esto es así, para que la economía venezolana opere satisfactoriamente dentro de sus limitaciones, a las fuerzas revolucionarias se les presenta una sola opción lógica: o expropian a los propietarios de esas empresas para hacerse cargo de ellas, o bien coexisten con ellos. Y a los empresarios privados la única opción es: o vencer políticamente a las fuerzas revolucionarias mediante la oposición organizada, o aprender a coexistir con ellas.
Para ambos la alternativa es: triunfar o coexistir, con una muy importante diferencia en el caso de las fuerzas revolucionarias, toda vez que estas pueden triunfar coexistiendo con las empresas privadas.
Hasta ahora, ni las fuerzas revolucionarias han sido lo suficientemente capaces, tanto política como organizadamente, ni han tenido la voluntad, de expropiar a los empresarios privados, ni los empresarios privados para derrotar políticamente a las fuerzas revolucionarias mediante las fuerzas de la oposición que lo representan. Es un impase, no reconocido por las partes, pero impase de todas maneras, que se prolonga en virtud de la esperanza de vencer por cada una de las partes en conflicto. La oposición, concentrándose en un arriesgado Referéndum Revocatorio del Presidente Maduro. Las fuerzas revolucionarias, en que con el tiempo subirá el precio del petróleo y podrá “deshacer el entuerto” de la última elección de Diputados a la Asamblea Nacional cundo perdió la mayoría, y mejorar el resultado de la elección del Presidente Maduro en el 2013 que gano por apenas 1,7 %.
Y detrás de ello, la actitud de las Fuerzas Armadas Bolivarianas de no permitir un quiebre del orden institucional.
Lograr un acuerdo de paz, o al menos un armisticio prolongado, no es fácil como lo han mostrados recientemente los colombianos durante cuatro años de conversaciones entre el Gobierno de ese país y las FARC-EP.
En todo acuerdo no puede haber vencedores de una parte y perdedores de la otra. Eso sería una capitulación, y de lo que se trata es de resolver un impase en donde ambas partes, y en particular el pueblo venezolano, deben poder ganar con relación a la situación actual, que es la base lógica de toda relación contractual valida.
Sería un tipo de “contrato social” en el cual se reconocen los deberes y derechos de las empresas privadas, así como el comportamiento del Estado hacia ellas, en aras de lograr normalizar y dinamizar la actividad económica nacional, despojándola de cualquier rol activo en la confrontación política, que no sea el que se deriva del cumplimiento de su responsabilidad social. En pocas palabras, dedíquense a ganar dinero en el contexto político existente en Venezuela.
Los aspectos centrales de un eventual acuerdo contractual entre Gobierno Revolucionario y empresarios privados, deberían reflejar los propósitos siguientes:
– La confrontación política es legítima y se limitará a que se desenvuelva únicamente en el terreno que le corresponde, siguiendo para ello las reglas constitucionales.
– Se reconoce el rol social que desempaña toda empresa y por tanto se considera legítima su finalidad particular de prosperar y ampliarse, contando con los recursos sociales que requiera para ello, según las disponibilidades del país.
– En reciprocidad a este reconocimiento de su función social por él Gobierno, las empresas honraran el acuerdo rechazando todo tipo de acción con relación a su quehacer, que pueda llegar a tener implicaciones políticas.
– La función social que desempeña una empresa, legitima las formas de propiedad privada que asume, dentro de lo que la Constitución especifica al respecto.
– No es propósito del Gobierno estatizar las empresas privadas, a menos de que haya para ello una poderosa razón en un caso puntual de interés social, pagándose el importe que se acuerde con los propietarios.
Tal como ha acontecido hasta ahora, el Gobierno Revolucionario Venezolano ha logrado llevar a cabo un proceso de profunda redistribución del ingreso y de la riqueza en beneficio de los sectores sociales más desfavorecidos de la nación, sin necesidad de expropiar a los empresarios propietarios del capital. No hay razón para que no lo siga haciendo y al mismo tiempo lanzarse a un desarrollo económico que vaya independizando gradualmente al país de la renta petrolera, de acuerdo a las posibilidades de la economía nacional, y sin expropiar las empresas privadas.
Si las fuerzas revolucionarias venezolanas lograran de esta manera sortear esta etapa de “vacas flacas” a consecuencia del precio del petróleo y al mismo tiempo las consecuencias de la derrota durante la elección parlamentaria en diciembre del 2015, transformaría derrotas en victoria sin pagar por ello, porque nunca que se sepa, se ha propuesto “expropiar a los expropiadores” como lo hicieron los cubanos hace 55 años atrás, pero en un mundo y en circunstancias muy diferentes.
¿Y los empresarios? Bueno, en la Republica Popular Chima, en donde manda sin lugar a ninguna duda el Partido Comunista Chino, cada día hay más y mayores empresarios privados que coexisten con el poder político en manos de un solo partido y no pierden su tiempo, a saber, en sostener a políticos profesionales equivalentes a Capriles o a Ramos Allup para que los representen. FEDECAMARAS, la máxima organización de los empresarios venezolanos, podría enviar una delegación a China para estudiar la coexistencia del capital con un Estado socialista. La razón de ser del capital es acumular más capital. ¿Que se lo impediría en Venezuela si cumplen con su rol social?
Más que Zapatero, el intermediario para buscar un acuerdo entre Gobierno y la oposición real, debería ser el Secretario General del Partido Comunista Chino.
Los pueblos siguen a los vencedores porque siempre son ellos quienes pagan por las derrotas. Y vencer, aunque sea por medio de un pacto, significa mantener a la mayoría de los electores y a las fuerzas armadas bolivarianas respaldando al Gobierno Revolucionario.
¿Es válida esta especulación política para el caso actual de Venezuela? Es a los venezolanos considerarla.
La Habana, octubre del 2016