Por Max Oñate Brandstetter
“Con su economía de mercado y
su democracia restituida,
Chile es ahora excepción y modelo”
José Piñera
El principio de la formación electoral de un gobierno temporal, en el marco de un régimen democrático, se basa en la representación de mayorías, por tanto de voluntad general de la conducción política del Estado y de la estabilidad política, tras establecer la confianza del consenso general de la sociedad civil.
Tras la segunda marcha “oficial” de la movilización de “No + AFP”, el gobierno, la Presidenta de la República, a través de las cámaras televisivas, ha aplaudido el carácter pacífico de la movilización, advirtiendo de paso que “los cambios no se hacen de un día para otro”, lo que permite inferir que las AFP no se irán de la escena nacional, cosa que sería muy coherente con los discursos anteriores de reformar lo existente, pero en ningún caso alejar al capital financiero del poder sobre los derechos, alguna vez declarados universales.
Esto ha traído como costo, el resultado de las encuestas (alabadas por toda la elite política) que posesionan a este gobierno con la más alta desaprobación y la más baja aprobación de gobierno alguno desde el retorno de la democracia.
La prensa construye juicios digeridos y procesados de la realidad, con criterios de los dueños hacia el resto de la sociedad y parte de ese trabajo es criminalizar la movilización social -más aún si en esta hay hechos de violencia-, señalándola como la maldad que ataca a la inocencia en la república y que “todos debemos rechazar” y “desear que sea eliminada” de las “legitimas demandas ciudadanas pacíficas y respetuosas de la ley”.
Sin embargo, en las dos principales marchas de esta causa, se han registrado incidentes tras el término de estas, aunque esta vez la prensa, por alguna razón políticamente estratégica, no la ha puesto en la categoría de condenable, como si se ha ejecutado para otros movimientos sociales.
En este contexto, se han desarrollado marchas comunales o locales, sin autorización alguna del gobierno local; lo que ya la haría identificarse con un movimiento social “ilegal” y “violento”, pues se pone a sí mismo por encima de la voluntad de las autoridades y por encima de la legalidad
¿Por qué ésta vez los medios han ocultado los rasgos “violentos” de algunas de las movilizaciones “no autorizadas” que se posesionan por encima de la ley? Para obtener la respuesta de esta interrogante, debemos ver la continuación de este movimiento social y su tratamiento tanto televisivo, como también político institucional que ha de enfrentar.
El presente gobierno ha tenido desde el principio una fuerte crisis comunicacional, agregando el hecho de que prometió un paquete de reformas, recolectando la esperanza electoral sobre profundas transformaciones, que en la práctica no ha desarrollado al nivel de lo prometido y ha generado un malestar social, que contrario a otras veces, aparenta dosificar su fuerza para evitar el desgaste de la movilización.
Sobre el caso de las AFP, el lenguaje político expresa que “no hay cambios de un día para otro”, pero para eliminarlas –esto sin tomar en cuenta con la ilegalidad que les hace funcionar, producto de la incompatibilidad constitucional que tiene el sistema de fondo de pensiones y la Constitución de 1980- necesitan mayoría simple; es decir, el 50 + 1 de los votos en ambas Cámaras, número más que suficiente para la coalición gobernante, que podría eliminar el problema de los pensionados, legislando sobre una causa económica y política que no fue promesa electoral, ni parte del programa, que las “grandes mayorías” -principio en el que se sujetan los gobiernos en la democracia representativa- están exigiendo en las calles, obteniendo un “Sí + AFP” como respuesta.
¿Por qué desde aquel movimiento se elabora la estrategia de plebiscitar sobre el sistema de AFP que debe regir en Chile, si existe paralelamente el “proceso constituyente”?
¿Por qué no se esgrime este argumento desde “La Moneda” hacia la sociedad civil movilizada?
¿Por qué en pleno proceso constituyente, se levantan movilizaciones contra los dueños del capital financiero y la respuesta del gobierno es dejarlos donde están, pero prometiendo “reformar sus funciones”?
¿Por qué en pleno proceso constituyente se han armado grandes movimientos sociales, no para reivindicar el proceso –o para negarlo como lo haría cualquier oposición política ante la probabilidad de “refundar” Chile- de transformación, sino para convertir en derecho universal, algo que es monopolio de los inversionistas de los fondo de pensiones y otros negocios del capital financiero?
¿Es legítima la aparición de los partidos con filiación del gobierno, en las movilizaciones sociales, cuando son ellos los que votan por hacer reforma –a costo de mantener el mismo sistema- a lo que los movimientos sociales quieren erradicar?
Además de todo esto, sumémosle el hecho de que los vendedores ambulantes, en caso de ser sorprendidos y atrapados en su comercio, se le confisque la mercancía y se le cobre una multa de $200.000, es literalmente, un acto que arrastra a la delincuencia a quienes trabajan de esa forma, en un país de los 10 en el mundo con peor distribución de ingreso, con una democracia de baja participación electoral, con una ilegitimidad de la representación pública y fuerte movilización social en “pleno proceso constituyente”.
El autor es Cientista Político, licenciado de la Universidad Academia Humanismo Cristiano.