Por Hugo Fazio
La Controlaría General de la República (CGR), al finalizar junio, dio a conocer una instrucción a la Superintendencia de Pensiones (SP), para que inicie un proceso de invalidación de la fusión Cuprum-Argentum, efectuado por el consorcio financiero norteamericano Principal Financial Group y aprobado en un cuestionado fallo por la SP, lo que le otorgó un beneficio tributario ascendente a US$130 millones. El documento fue suscrito por la contralora(s) Patricia Arriagada al inhabilitarse el titular, Jorge Bermúdez, por conflicto de intereses, dado que había preparado un informe a un estudio de abogados sobre un proceso de fusión similar efectuado por otro consorcio financiero estadounidense, Metlife, de la AFP Provida con Acquisition, que le proporcionó un beneficio de US$280 millones.
En diciembre de 2015, ya la CGR había cuestionado el actuar de la SP dirigida por Tamara Agnic, que luego renunció. El nuevo superintendente, Osvaldo Macías, a comienzos de marzo, ratificó la validez de la operación entre Cuprum y Argentum, pese a constatar que el proceso de aprobación no había sido el más adecuado, ya que a su juicio se debía velar por la certeza jurídica y la confianza legítima. Patricia Arriagada en su nuevo comunicado establece que una decisión de esa naturaleza debía “ser el resultado de un procedimiento administrativo en el que, una vez conferida audiencia a los interesados y con los méritos de los antecedentes del expediente, la Administración resuelva la mantención o expulsión del ordenamiento jurídico de los actos en cuestión, situación que no ha tenido lugar en la especie”. Por tanto, la determinación que adopte la SP será después de haber efectuado ese proceso administrativo y entregaría en ese momento su resolución final.
La SP acusó recibo del documento de la CGR comunicando que “procederá de acuerdo a lo instruido por el órgano contralor e informará los detalles del proceso de invalidación para que las partes interesadas puedan participar”. Tiene un plazo para su implementación de quince días, no estableciéndose en cambio lapso para resolverlo, en una situación que ya se prolonga por un período muy largo y que produjo beneficios a los consorcios financieros norteamericanos al utilizar el goodwill y reducir su cancelación de impuestos, Desde luego, la resolución que se adopte de la fusión Cuprum-Argentum necesariamente impactará a la de Provida con Acquisition, la cual también fue aprobada por la SP y por la cual el senador Navarro presentó una medida prejudicial buscando acceder a documentos de su proceso de constitución. Ambas operaciones produjeron a los consorcios financieros estadounidenses un beneficio tributario de US$410 millones.
El abogado Luis Cordero, que asesoró a la norteamericana Principal, calificó el documento de la Contraloría como “prudente”. “Porque –explicó- los solicitantes, lo que querían, era que la Contraloría ordenara a la Superintendencia invalidar la operación. Y lo que hace el dictamen –agregó con satisfacción- es dejar esa potestad en la Superintendencia (…). La diferencia –recalcó- no es sobre el fondo del asunto, sino que sobre el procedimiento utilizado”.
Resulta evidente que la CGR decidió no insistir sobre el tema de fondo. Esa responsabilidad claramente le corresponde al Ejecutivo. La pregunta que necesariamente surge es por qué se nominó a estos personeros a cargos de la Superintendencia, los cuales han privilegiado aceptar fusiones fantasmas, beneficiando a intereses transnacionales y no defendiendo los del país. Casi inmediatamente la SP ingresó una consulta a la TGR acerca de si Osvaldo Macías, que firmó la resolución validando la operación, y el abogado Andrés Culagovski, al cual le correspondió elaborar el informe jurídico de la resolución, deben inhabilitarse en el proceso de invalidación.
Un organismo estatal específico que debe pronunciarse es el Servicio de Impuestos Internos (SII). “Hay un tema tributario –expresó el director del Centro de Gobierno Corporativo de la Universidad de Chile- y cuya autoridad competente para diferirlo es el Servicio de Impuestos Internos”, institución que según las informaciones de prensa continúa el proceso de revisión de la Operación Renta en la cual se hizo efectiva la primera operación del goodwill, la cual permitió a tres empresas norteamericanas, MetLife, Principal Financial Group y la cadena supermercadista Walmart, en sus resultados trimestrales obtener en sus balances una elevada rentabilidad.
El abogado Luis Cordero fue consultado sobre que acontece si la SP “llega a una conclusión diferente”, afirmando: “Las hipótesis son múltiples desde los problemas de arbitraje internacional dado que los que están detrás de esto son inversionistas extranjeros, hasta eventuales responsabilidades patrimoniales del Estado”. ”Fuentes de la Industria –dio a conocer a su vez El Mercurio intencionadamente en la misma dirección- indican que si llegara a reversar cualquiera de las dos operaciones, el Gobierno sería llevado al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas e Inversiones (Ciadi), lo que lo expondría al pago de una indemnización de no llegar a un acuerdo, (…) podría afectar directamente la atracción de inversión extranjera”. Ello está en la línea de la amenaza efectuada en enero por el presidente de Principal Internacional, Luis Valdés, afirmando que Chile no se puede dar el lujo hoy de minar la confianza de los inversionistas extranjeros (…) y hay que ser muy claro es que estas cosas no son gratis”.
Es la misma amenaza efectuada últimamente por empresas de capitales colombianos del Transantiago en dificultades económicas si no se aceptan sus exigencias. Argumentan que sus dificultades se originan en el incumplimiento del plan de obras comprometidas en el año 2007 por el Estado cuando se creó el Transantiago, en que se habló de construir trescientos kilómetros de corredores para buses. Este objetivo se modificó a 102 kilómetros en el Plan Maestro de Infraestructura para el período 2011- 2015. Hasta 2014 se habían construido 69 kilómetros. Entre 2014 y 2016, o sea durante el actual gobierno, se sumaron cuarenta kilómetros más. Ahora bien, al renegociarse el 2012 los contratos se les concedió a Alsacia-Express y Subus, las empresas de capitales colombianos, una indemnización respectivamente de casi US$80 millones y US$54 millones. Ambas empresas explican el 41% de los servicios del Transantiago.
Sus problemas provienen, sostiene Guillermo Muñoz, director de Transporte Público Metropolitano, de sus niveles de endeudamientos. “Estas empresas, todas – señaló-, tienen Ebitda positivos, por lo tanto tienen que cubrir los gastos de la operación, pero tienen que resolver los problemas con sus acreedores”. La situación más difícil la presenta Alsacia-Express, dado que emitió un bono en EEUU que lo renegoció en 2014 y en 2016 tienen que ver su pago nuevamente con los acreedores cuando ya en junio no cancelaron los intereses. “Teníamos un pago de deuda de US$23 millones – señaló su director, José Ferrer- (…) y no pudimos cumplir ni siquiera en forma parcial y por lo que caímos en un default (suspensión de pago)”. Se trata de una deuda ascendente a US$400 millones, “de los cuales –constató Ferrer- US$350 millones corresponden a los bonistas, mientras que el resto es con (…) los fabricantes de buses (Volvo y Scania). Además, hay deudas hipotecarias por un terminal. Es el monto más alto del sistema”. Por su parte, Subus adeuda a bancos US$180 millones.
La amenaza de recurrir al Ciadi también fue efectuada por el gerente general de la empresa italiana Intergas, Rodrigo Larrondo, en el caso que se apruebe en el Congreso el proyecto de ley que establece límites a la rentabilidad de los negocios del gas por red. “(…) si el proyecto saliera sin correcciones –manifestó-, los inversionistas extranjeros de Intergas demandarán al Estado de Chile ante el (…) Ciadi, porque es un cambio radical a las reglas del juego, que viola absolutamente las condiciones en las que se hizo la inversión”. Con el agregado que “se verá en su momento si corresponde la posibilidad de recurrir al tribunal constitucional”, transformado así cada vez más en una tercera cámara legislativa. .
El llevar las diferencias al Ciadi se fundamenta, debe recalcarse en tratados de libre comercio suscritos por el país en que se renuncia a la soberanía nacional de producirse diferencias con inversionistas extranjeros, lo cual adquiriría una fuerza aún mayor de suscribirse el Tratado Transpacífico que encuentra oposición creciente para su aprobación incluso en los propios EEUU. En el caso de las fusiones aprobadas por la SP es aún más grave ya que significa como se señaló un elevado daño fiscal para el país que aumenta los beneficios obtenidos por los consorcios financieros norteamericanos.
Mientras tanto, continúa pendiente de resolución la petición efectuada por el senador Alejandro Navarro y un afiliado de la AFP Cuprum para que los Tribunales de Justicia determinan que se dé a conocer el expediente de la fusión fantasma efectuada por Principal Financial Group y que el 20° Juzgado de Civil de Santiago, contra normas elementales de transparencia, negó considerándolo “información secreta, confidencial y estratégica”. El senador presentó un recurso de reposición que nuevamente fue rechazado por el Tribunal. Sin embargo, la Corte de Apelaciones dio lugar a la apelación subsidiaria presentada por el parlamentario y debe resolver si se liberan o no los documentos solicitados. Resulta obvio comprender porque Principal y Cuprum se negaron a que se conozca los antecedentes de una fusión que no reunía los requisitos para aprobarse.
Julio del 2016