Cuando habían transcurrido un par de días desde que el Gobierno depositó en Nueva Zelanda el texto de aprobación del TPP, que tuvo concentrada la atención particularmente en el mecanismo establecido de protección a la inversión extranjera -que no constituye el único aspecto criticable- el gerente general de Empresas Banmédica, controladora de las isapres Banmédica y Vida Tres, Fernando Matthews, dio a conocer que en carta enviada a la ministra de Salud, Ximena Aguilera, con copia a varios otros ministros, comunicó que el consorcio estadounidense al que ambas isapres pertenecen, UnitedHealth Group (UHG), la más grande empresa de seguros y atención médica de EEUU, y el mayor inversionista extranjero en Chile del sector, “en su carácter de inversionista extranjero iniciará acciones utilizando los mecanismos de resolución de conflictos establecidos en Tratados de Libre Comercio suscritos por nuestro país. (…) en dicha instancia – agregó – se reclamará compensaciones de parte del Estado de Chile”.
Desde luego, ello ratifica la unilateralidad de estos tratados, como se denunció constantemente durante el largo debate cuestionando el carácter del TPP, que traslada a instancias ad hoc fuera del país la resolución de diferencias producidas con inversiones de empresas transnacionales. Ello está presente en numerosos tratados. En este caso, concretamente en el TLC suscrito con EEUU durante el gobierno de Ricardo Lagos. La situación específica que le lleva a tomar esta decisión es, se señala en la carta entregada, “la preocupación de nuestra compañía por la situación de las isapres, (…) agravada por la reciente dictación de sentencia por parte de la Corte Suprema en materia de tabla de factores”. Si la Superintendencia de Salud, autoridad que cuenta con facultades para ello, enfatiza la carta no lo resuelve en forma “razonable”, la imposición de una obligación de restitución retroactiva “pueden significar la inviabilidad absoluta de la industria en su conjunto de poder continuar financiando las atenciones de Salud de sus beneficiarios”.
El superintendente de Salud, Víctor Torres, frente a los planteamientos y compensaciones que plantea UHG, manifestó que “lo único que puedo decir, es que tengo que hacer la pega que corresponde, hacer cumplir el fallo de la Corte Suprema”. Este fallo dio a la Superintendencia de Salud un plazo de seis meses para determinar cómo llevar adelante la resolución, lapso que ha cumplido recién su primer mes. Debe recalcarse que UHG llega al extremo de presionar sobre como una instancia estatal debe actuar para cumplir con una resolución de la Corte Suprema.
El senador José Luis Castro, integrante de la comisión de salud de la Cámara Aita, calificó el camino anunciado por UHG como un “recurso desesperado”. “Ellos saben muy bien – comentó- que el fallo de la Corte Suprema está ajustado a derecho (…), por lo tanto, es difícil de ir a otra sede jurídica distinta en el campo económico, cuando las decisiones que tomó la suprema son en función o no de los precios de los últimos años de los precios de los planes base de la prima GES. Es una materia muy específica y que se resolvió colocar a fojas cero, incluso devolviendo o retribuyendo los costos asociados a un exceso de ellos”.
UHG no fue la primera isapre en escoger el mecanismo de protección a las transnacionales establecido en tratados suscritos por Chile, que posibilitan seguir este camino cuestionando resoluciones adoptadas en el país que consideran lesivas, y que niegan el papel a desempeñar por los tribunales de justicia nacionales. En abril ya lo hizo la controladora británica de la isapre Cruz Blanca, Bupa (British United Provident Association), basándose en el tratado firmado con el Reino Unido. Sobre estas presentaciones el ministro de Hacienda, Mario Marcel, manifestó que “lo que es claro, en todo caso, es que los temas más recientes se derivan de un fallo de la justicia y no de una decisión del regulador, que es el tipo de cosas que normalmente generan este tipo de reclamos”. Acciones en el mismo sentido iniciaron antes las compañías de seguros Ohio National (EEUU), Chilena Consolidada (Suiza), Principal (EEUU) y Metlife (EEUU), por anticipos aprobados en aseguradoras de rentas vitalicias. Por su parte, la tercera empresa extranjera en el sector, Nexus Health, también estadounidense, controladora de Nueva Masvida, está a la espera de la resolución de la Superintendencia de Salud para decidir el camino a seguir.
La Corte Suprema ya tiene dos fallos que las isapres cuestionan. El del 18 de agosto detuvo el incremento que las isapres se habían acordado. El segundo del uno de diciembre es sobre la aplicación de los factores de riesgo por edad. Y falta un tercero, que nace de los reclamos masivos de afiliados por los reajustes de los precios de las Garantías Explícitas de Salud. Las isapres han experimentado en los últimos años elevadas pérdidas. En 2020 fue de $137.006 millones y en 2021 de $127.927 millones.
En otro plano, una característica saliente de las exportaciones chilenas desde comienzos del siglo es que China se convirtió en el mercado principal, lo cual es una realidad a tener en consideración. Durante el año 2022 hasta noviembre, las ventas a China, a pesar de su menor crecimiento con relación a lo proyectado por las autoridades de Beijing, aumentaron en cifras interanuales un 5,2%, llegando a US$34.604 millones. Las colocaciones de cobre en el año descendieron en monto un 12% con relación a los ingresos de 2021.
Hugo Fazio
Enero 2023