En la coyuntura actual del país, el manejo fiscal ha adquirido una importancia muy elevada. El endeudamiento creció extraordinariamente durante la pandemia. El stock de deuda bruta del Gobierno Central Presupuestario, llegó al 31 de diciembre de 2021 a un 36% del PIB. En un contexto de estrechez fiscal, en que se asumió el compromiso de cumplir con el presupuesto aprobado para 2022, con una fuerte reducción del gasto público con relación al efectivo utilizado en 2021. Y en que, al mismo tiempo, se requiere avanzar en cumplir el programa de gobierno con iniciativas que implican disponer de los recursos necesarios.
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, declaró que el presidente Gabriel Boric le dijo que “para él la responsabilidad fiscal y que las políticas tuvieran financiamiento, fueran viables en su implementación, eran muy importantes. En este período -anotó Marcel-, la responsabilidad fiscal es más importante que nunca, porque partimos de una situación fiscal muchísimo más estrecha y porque en el programa del Presidente hay una cantidad importante de responsabilidades que se le asignan al Estado, y para poder asumirlas se debe tener la capacidad de financiarlas en corto, mediano y largo plazo”.
En primer lugar, se ha planteado efectuar una reforma tributaria que origine ingresos para hacer factibles los proyectos que implican necesidades de financiamiento. El Programa establece aumentar gradualmente durante el período de cuatro años de gobierno los impuestos en un 5% del PIB, actuando sobre las exenciones tributarias, la evasión, la elusión, impuestos verdes, altos patrimonios y royalty minero. La experiencia producida en financiar con recursos permanentes el proyecto de la Pensión Garantizada Universal (PGU) debe ser tenida en cuenta. La idea de una pensión básica universal parte de las propuestas programáticas de Boric y constituye una antigua reivindicación progresista mundial, que sigue ganando terreno. Sebastián Piñera, al intentar mejorar su imagen lanzó el proyecto PGU, que contaba con un gran respaldo, pero con un débil financiamiento permanente. En el debate parlamentario registrado se mejoró su financiamiento y se alcanzó a generar recursos por el 0,7% del PIB, gravando exenciones y artículos de lujo.
Desde luego, para cumplir los desafíos planteados, Mario Marcel considera que “la RT (reforma tributaria) tiene una altísima prioridad por el hecho de que va a proveer parte importante de los recursos para el gobierno. El Presidente ha señalado -agregó- que espera generar un pacto tributario, y eso implica que habrá que empezar a trabajar muy desde el principio (…) para buscar la forma de generar ese diálogo, e identificar los acuerdos que puedan plasmarse en uno o varios proyectos”.
Marcel planteó solo ideas generales sobre la reforma como que debe producir equidad horizontal, que quienes tengan condiciones similares tributen las mismas cantidades, y propenda a la equidad vertical, es decir que paguen más quienes ganen más. Manifestó que “las desigualdades distributivas se dan en los ingresos personales, no de las empresas. Ahí -añadió- tenemos una brecha respecto de los países de la OCDE, pues en Chile el peso relativo, en relación con el PIB, de los impuestos indirectos y de los corporativos es relativamente similar a este grupo, pero la recaudación por impuestos a la renta personal es alrededor de la cuarta parte”.
No queda claro que piensa Marcel al hablar de impuestos personales si es gravar a las altas rentas o ampliar el número de quienes pagan impuestos, son dos temas radicalmente opuestos. Según cifras de 2020 del Servicio de Impuestos Internos de diez millones de personas que declararon el 75% está exento por el bajo nivel de sus ingresos, inferior a $1.600.000 mensuales. “No estoy de acuerdo -declaró incluso el senador José García, de RN- en poner impuestos a las rentas del trabajo bajo los límites actuales de exención”. Tampoco agregó a “alguien que gane entre $1millón y $2millones (…) que le aseguro vive estrechamente”.
Un monto importante de recursos debería provenir del gravamen al royalty minero. La invariabilidad tributaria de empresas del sector, establecidas durante la primera administración de Piñera, muy favorables para las empresas privadas, vencerán en 2023. Importante no solo por los ingresos que proporcione, sino también porque debe modificar la estructura de las exportaciones, que crece porcentualmente cada vez más en la forma de concentrados de cobre, que genera un escaso valor agregado en el país y sirve además para sacar del país subproductos. Las tasas del royalty deben establecerse gravando fuertemente las exportaciones de concentrados, estimulando la producción en el país de procesos de mayor valor agregado e impulsen su elaboración y la industrialización en el territorio nacional.
Los ingresos no dependen únicamente de los impuestos. Influye también el nivel de actividad económica, ya que son proporcionales al ritmo que ella tenga. Por ejemplo, el alto crecimiento registrado en el país en 2021 hasta finalizar el año es lo que condujo a que el déficit fiscal anual fuese inferior al estimado, de un 8,3%, cuando se hizo su proyección en septiembre en el Informe de Finanzas Públicas. La actividad económica creció en 2021 un 12% con relación al año anterior, cuando vivió un proceso recesivo, descendiendo 5,8%. El déficit fiscal efectivo se redujo a un 7,6% del PIB, unos US$24.371 millones. El ministro de Hacienda informó que ello permitió ingresar recursos adicionales por US$2.800 millones. Girándose US$4.000 millones para incorporarlos al Fondo de Estabilización Económico y Social, sumándose a los US$2.457 millones con que cerró en 2021. Durante el debate presupuestario se había hablado de incrementarlos solo en US$2.000 millones.
El Imacec de diciembre, con un día hábil más que el mismo mes de 2020, creció en cifras anualizadas 10,1%, expandiéndose por novena y última vez consecutiva en cifras de dos dígitos. Este incremento, en términos porcentuales, fue muy influido por la mayor apertura en comparación con el mes anterior, reflejándose en primer término en los servicios, que aumentaron 12,6%. Por su parte, el indicador desestacionalizado, que compara con el mes anterior, descendió en 0,4%. El sector servicios aumentó en 1,4%, el comercio, en cambio, descendió en 1,4% y la producción de bienes en 1,8%, muy influido por la minería. La comparación con noviembre es aún en realidad mucho más acentuada, porque tradicionalmente el último mes del año tiene un incremento de actividad e ingresos más elevado.
El Informe de Perspectivas de Negocios del Banco Central, publicado a comienzos de febrero, en base de entrevistas efectuadas presencialmente a setenta ejecutivos y respuestas de otros 707 a una encuesta, constató que la inversión por las empresas se encuentra “congeladas” e incluso “algunos’ de los entrevistados, que tienen suspendidos sus proyectos de mediano plazo, se encuentran “privilegiando inversiones fuera del país”. Se espera, señala el informe, “pocas iniciativas nuevas y los proyectos actuales están destinados mayormente a la automatización, al cumplimiento de la normativa ambiental y al reemplazo de maquinarias”.
Las perspectivas son que continuará el alza de los precios y la dificultad en algunos sectores para atender las necesidades de mano de obra. Una menor inversión privada, unido a la reducción del gasto público y las alzas de tasas de interés de políticas monetarias, son factores que presionan a la reducción de las de crecimiento en los meses siguientes. En dirección contraria debe actuar los recursos en poder de las personas. Según cifras proporcionadas por el BancoEstado al finalizar enero las cuentas Rut triplicaban los montos que tenían antes de la pandemia, US$5.600 millones, muy superiores a los US$1.702 de entonces.
En las posibilidades existentes para generar formas de financiamiento hay que detenerse también en el gasto público, pero no para reducirlo estrechando aún más la actividad económica, sino para terminar con la aberración que recursos fiscales entregados como subsidios con fines previsionales, pasen junto a cotizaciones no utilizadas para pagar beneficios a engrosar el fondo de pensiones, que ha sido utilizado permanente como fuente de inversiones por grandes intereses económicos.
En las declaraciones previas a asumir de Mario Marcel insiste en concebir la subsistencia de este fondo con el mismo propósito. Enfrentado a la pregunta de “si podría asegurar que el mercado de capitales puede seguir desarrollándose en condiciones óptimas si ya no existieran las AFP”, contestó: “El mercado de capitales depende de la existencia de ahorros de largo plazo (…). Ese es un tema macroeconómico, si en el futuro podemos seguir incentivando, mejorando, incrementando este ahorro para el largo plazo, por supuesto que vamos a tener un mercado de capitales que podrá seguir funcionando y cumpliendo la labor importante de proporcionar financiamiento de largo plazo en moneda nacional para proyectos de inversión importantes”.
El camino que mejora notablemente las cuentas fiscales, como demanda la exigencia nacional de “no más AFP”, es terminar con este sistema, que funciona en base a cotizaciones, que proporcionan recursos muy superiores a las pensiones canceladas, apoyada además por subsidios fiscales. El excedente generado se incorpora al fondo de pensiones. De poner fin a este sistema modifica sensiblemente el cuadro fiscal. Marcel sigue considerando mantenerlo, para usar de esta manera cotización de los trabajadores como mecanismo de inversión, junto con los subsidios fiscales.
Hugo Fazio
6 de febrero de 2022