El nuevo texto de la constitución que debe surgir de la Convención Constituyente debe terminar con los numerosos “amarres” económicos que le afectan. Muchos de ellos provienen de los tiempos de la dictadura, como acontece por ejemplo con los del Banco Central, pero otros son posteriores. Uno de ellos lo constituyen los tratados comerciales internacionales, a partir del suscrito durante el gobierno de Ricardo Lagos con Estados Unidos. La futura Constitución, para utilizar la expresión empleada por Gabriel Palma, debe ser “habilitadora” y, por tanto, permitir establecer aquellas políticas económicas que el país determine. Estos tratados, que niegan la soberanía nacional, defendiendo abiertamente los intereses de inversiones extranjeras, deben eliminarse. Constituyen “amarres” que se busca perseverar, cuando la nueva constitución debe terminar con ellos.
La aprobación o no del llamado Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TPP11), reforzaría de promulgarse, estos amarres, En los primeros días de agosto en un seminario organizado por Icare sobre “como impulsar las exportaciones chilenas” el Ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand, señaló que esperaba que estudios presentados en el evento sirviesen “para que se generase un impulso adicional para darle una segunda vuelta a temas importantes, como la ratificación del TPP11 que está pendiente, algo difícil – señaló – de explicar”. El proyecto a pesar de las reiteradas urgencias solicitadas por el Ejecutivo se encuentra detenido en el Senado, porque sus mesas que son las que deben colocarlo en tabla no lo han hecho, debido a la elevada resistencia que despiertan y la conciencia creciente de lo que significa su aprobación.
El Gobierno buscó aprovechar la aprobación por el congreso peruano y la promulgación por su Ejecutivo de la incorporación del vecino país al TPP11, poco antes de que asumiese el 28 de julio la presidencia peruana Pedro Castillo, para tratar de intensificar la aprobación del tratado en Chile. Con este objetivo elaboró un documento buscando destacar las ventajas que tendría Perú al suscribirlo y no hacerlo Chile dadas las similitudes exportables de ambos países. Constató que el año 2020 Chile exportó a los países del TPP 2.174 productos por unos US$10.000 millones, señalando que 1.468 de dicho total “coinciden con la oferta exportable de Perú” y el vecino país obtendría al adherir al tratado, determinadas ventajas en relación a Chile. Como es conocido el país ya tiene acuerdos comerciales con los integrantes del TPP y los efectos adicionales a obtenerse de incorporarse son por ende limitados y, en cambio, los factores negativos son muy graves.
El Mercurio buscando reforzar argumentos a favor de la aprobación del TPP, al momento de anunciarse la incorporación peruana entrevistó al presidente de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú, Guillermo Ferreyros, preguntándole directamente: “¿Con el TPP hoy aprobado en que productos y mercados Perú podría tener ventajas respecto a Chile?”. La respuesta no fue la esperada. “Yo no creo -respondió- que Perú saque provecho sobre Chile”. Para, a continuación, en la entrevista poner énfasis en otros aspectos. “Lo que es increíble -añadió- es que al sur de Perú y al norte de Chile existe posiblemente uno de los polos mineros más importantes del mundo. Y, sin embargo, la cantidad de industrias y servicios relacionados a la minería sigue siendo muy pobre. A diferencia de Canadá, Australia, Sudáfrica, nosotros, Perú y Chile- recalcó-, deberíamos pasar a tener este polo minero y desarrollar para chilenos y peruanos una industria que no sea solamente para el sector minero, sino también para poder brindar bienes y servicios a otros países”.
Tratados comerciales suscritos por el país establecen que si el inversionista extranjero considera que se le han cambiado las reglas existentes cuando efectuó la inversión, dañando su rentabilidad, puede demandar que se le recompense por las utilidades que dejará de percibir a futuro. Más aún, de tener que resolverse la diferencias en tribunales, quedan expresamente marginados los del país y debe recurrirse a instancias externas creadas para dilucidarlas, como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversión (CIADI). El TPP11 reforzaría este procedimiento cuando está ya en funcionamiento la Convención Constitucional, que debe pronunciarse sobre este amarre.
El tema de donde se resuelven los diferendos jurídicos, en tribunales externos o nacionales, se puso de actualidad en agosto por la solicitud de la sala penal de la Audiencia Nacional de España a la Corte Suprema de Chile para investigar lavados de dineros efectuados en los años de dictadura por Pinochet en que aparece comprometido el Banco de Chile, controlado por el grupo Luksic y el consorcio financiero estadounidense Citigroup. La fiscalía de la Corte Suprema entregó un informe donde recomendó la autorización. Obviamente en este caso los abogados del banco están en contra, sosteniendo que son los tribunales chilenos los que tienen en este caso la jurisdicción.
Paralelamente, en los mismos días en otro juicio volvió a aparecer el Banco de Chile. En el proceso por malversación de dinero público y lavado de dinero al excomandante en jefe del Ejército, Juan Manuel Fuente-Alba, se acordó investigar separadamente la responsabilidad penal que tienen bancos e instituciones financieras por los movimientos de recursos efectuados por Fuente-Alba que les obligaban a entregar a las instancias controladoras un Reporte de Operación Sospechoso, lo cual no se efectuó. La institución financiera utilizada preferentemente por el excomandante en jefe fue precisamente el Banco de Chile.
Recurrir a instancias internacionales por diferencias comerciales no es una amenaza a futuro, tiene su historia y hay casos en curso en la actualidad, con motivo de la reforma que autorizó a entregar como anticipo un 10% de las rentas vitalicias. La primera presentación fue efectuada el 12 de mayo por el consorcio asegurador estadounidense Ohio National, el cual se acogió al proceso de resolución de controversias establecido en el Tratado de Libre Comercio Chile-EEUU. Este tratado en un libro que escribimos en 2004 analizándolo lo titulamos como “el amarre del modelo”. Se suscribió el 6 de junio de 2003 y entró en vigencia el 10 de enero de 2004. “El tratado con EEUU -escribimos- establece expresamente la defensa irrestricta de los privilegios concedidos a esa fecha a las inversiones de capitales estadounidenses. Un artículo del tratado, paradójicamente denominado “expropiación e indemnización”, establece que Chile no podrá expropiar o nacionalizar una inversión cubierta en el país, es decir aquellas ya existentes, “sea directa o indirectamente, mediante medidas equivalentes a la expropiación o nacionalización”, salvo que sea por utilidad pública y ello en este caso deberá efectuarse de una manera “no discriminatoria, y garantizándose el pago de una indemnización al valor de mercado”.
Fue dijimos la protección a las inversiones extranjeras existentes a todo evento. Con su articulado en términos económicos se buscó hacer inviable cualquier cambio en la estructura de propiedad y hacer imposible en la práctica, por ejemplo, la renacionalización del cobre. Más aún, se estableció en el Tratado que podría llamarse a un arbitraje de establecerse cualquier medida tributaria que se considere “expropiatoria o como una violación del acuerdo de inversión o (incluso) una autorización de inversión”.
En esos días, el representante de comercio estadounidense, Robert Zoellick, calificó el tratado como un acuerdo modelo a nivel mundial. En las negociaciones a efectuarse subrayó “va a ser un modelo para muchas cláusulas”. Para EE. UU. la importancia comercial del acuerdo con Chile fue reducido. Un informe de la Comisión de Comercio Internacional de EE. UU., preparado para el presidente Bush, concluyó que tendría en EE. UU. un efecto “muy pequeño” e “insignificante”. Por tanto, el interés era político y en ese momento proporcionaba a EE. UU. un punto de apoyo muy importante en la perspectiva del Acuerdo del Libre Comercio de las Américas (ALCA) que la Casa Blanca buscaba sacar adelante, así como los tratados a negociarse con otros países. Fue el comienzo de articulados similares en diferentes tratados y que se busca reforzar con el TPP11.
El TLC con EE. UU. suscrito siendo presidente Ricardo Lagos y ministro de Hacienda Nicolás Eyzaguirre, constituyó el punto de partida de otros acuerdos donde se establecieron criterios similares de protección a la inversión extranjera, limitando groseramente la soberanía nacional. El año 2000, el país tenía tratados comerciales solamente con países integrantes de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) y Canadá. La red de acuerdos con otras regiones del mundo se inició durante la administración Lagos, destacando los suscritos con la Unión Europea (2003) y Corea del Sur (2005).
El pasado 15 de junio se efectuó una segunda presentación de una empresa extranjera apelando a un tratado internacional por la reforma de rentas vitalicias. Lo presentó Chilena Consolidada Seguros de Vida, la séptima empresa en número de pólizas vitalicias otorgadas, filial de la aseguradora suiza Zurich Insurance y se conoció al dar a conocer públicamente la comunicación entregada informando a la Comisión para el Mercado Financiero. La presentación se efectuó a los ministros de Hacienda y Relaciones Exteriores donde se “solicita formalmente dar inicio al periodo de consultas con el Estado de Chile al amparo de lo dispuesto en el artículo 9 del Acuerdo con la Confederación Suiza sobre la Promoción y la Protección Recíproca y su Protocolo”. Afirmando que el anticipo a efectuar del 10% de las rentas vitalicias vulnera “la intangibilidad de los contratos, el derecho a propiedad y otros derechos fundamentales”. Por tanto, los mencionados procesos de consulta con el Estado se encuentran en plena ejecución, teniendo cada uno un plazo de seis meses para alcanzar un acuerdo, lapso que se extienden hacia el último trimestre de 2021 cuando tenga lugar la segunda vuelta de la elección presidencial y encontrándose en desarrollo el proceso de la Convención Constituyente.
Otras empresas de rentas vitalicias por razones similares han recurrido al Tribunal Constitucional. Los primeros en hacerlo fueron Renta Nacional y Bice, del grupo Matte, uno de los mayores beneficiarios de este mecanismo previsional. Requerimiento declarado admisible por el Tribunal. Luego hicieron otro tanto Penta Vida, de Carlos Délano y Carlos Lavín, otros de los mayores beneficiarios, y 4Life. Destacando que vulneran tratados internacionales firmados por Chile.
Lo que significa el sistema de rentas vitalicias y la magnitud de los recursos de los cuales se han apropiado merece un análisis crítico. Recalcaré solo un aspecto, la referencia que hacen de que se estarían vulnerando sus derechos de propiedad. En verdad, son las aseguradoras mediante este mecanismo las que se apropian del ahorro acumulado por años destinado a jubilaciones. Y subrayar que la suma a retirar es solo un anticipo a descontar de los montos previsionales comprometidos. En el año el número de rentas vitalicias nuevas disminuyó. A julio las aseguradoras colocaron en el año 5.820 pólizas. En los mismos meses de 2020 su número fue de 10.797 contratos.
Aprovechando las ventajas que les proporcionan estos tratados inversionistas extranjeros tienen presencia muy grande en sectores económicos de gran importancia. Un ejemplo lo entrega la gran minería cuprífera, en donde grandes consorcios a nivel mundial, incluyendo entre ellos Antofagasta Minerals, controlada por el grupo Luksic, explotan las dos terceras partes. Sus exportaciones la hacen fundamentalmente enviando al exterior concentrados, cuyo porcentaje sobre el total de las exportaciones de cobre es creciente, y lo tienen presente al poner en marcha ampliaciones de yacimientos, como acontece con Spence, explotada por la anglo australiana BHP Billiton. “Llevamos cincuenta años en este sistema extractivo -insistió a mediados de agosto Gabriel Palma en El Mostrador – y seguimos exportando concentrados. Es hora de cambiar”. Sin duda, que estos capitales, de gran peso al interior del país, se jugarán por impedir la renacionalización de la gran minería privada del cobre. Es indignante que consideren aumentar las exportaciones de concentrados como su gran tarea. Es lo señalado por el presidente de Antofagasta Mineral, Jean Paul Luksic, en un seminario efectuado en mayo por el Consejo Nacional de Negocios Chile-China. Es una política antinacional necesaria de revertir.
Consorcios extranjeros entraron solo en la década pasada al sistema de las AFP, otro de los sectores que requiere transformaciones. La colombiana Sura lo hizo en 2011 al adquirir las operaciones en América Latina de ING, incluyendo la AFP Capital. Los consorcios financieros estadounidenses Metlife y Principal, compraron respectivamente Provida y Cuprum en 2013, mientras que Prudencial el 40% de Hábitat en 2016, controlado en partes iguales con la Cámara Chilena de la Construcción, que se expandió a Perú. Lo hicieron con una perspectiva de explotación en el tiempo, que rápidamente se deterioró.
¿Qué indican las cifras actuales al país en materia de inversión extranjera directa (IED)? Durante el primer semestre se contabilizaron por este concepto US$7.681 millones, monto un 7,1% inferior a los mismos meses de 2020, pero esta cantidad se encuentra entre las cifras más elevadas para la primera mitad de un año desde 2003. “Los US$7.681 millones -manifestó InvestChile- son un 30% superior al promedio del quinquenio y un 16% superior al promedio de la serie 2003-2021”. El monto más alto en un primer semestre desde 2003 se registró en 2012, cuando llegó a US$12.809 millones, para luego descender durante los cinco años siguientes y recuperarse en 2018.
Según siempre InvestChile, la cartera de proyectos al 30 de junio era de US$23.976 millones, siendo los de mayores montos los del sector de energía (US$9.164 millones) y minería (US$6.974 millones). Por países, el listado era encabezado por China (US$5.646 millones), seguida por EE. UU. (US$ 5.073 millones) y Canadá (US$4.056 millones). El director de InvestChina, Andrés Rodríguez, destacó la existencia de proyectos chinos en todos los sectores. “En número – detalló – lideran los proyectos misceláneos (…), mientras que en montos, los de energía, con un total de US$3.849 millones. (…) el sector energético en Chile ha atraído a varias compañías chinas en los últimos años”.
A inicios de agosto, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) entregó su informe anual de IED, constatando que en la región durante 2020, un año de pandemia y recesión, se contrajo en 34,7%, anotando US$105.480 millones. En la década pasada, el monto más elevado se registró en el año 2012, cuando se alcanzó un récord histórico, US$215 millones al que siguió un curso descendente hasta 2018, cuando alcanzó a US$177 millones, para descender nuevamente en los dos años posteriores.
“Las inversiones de las transnacionales -señaló Alicia Barcena, secretaria ejecutiva de Cepal- se redujeron y se profundizó la tendencia de los inversionistas a irse a los países desarrollados. Y -se preguntó-, ¿por qué? Porque los países desarrollados -se contestó- han mandado señales muy claras de inversiones públicas que van a ir a sectores estratégicos, como la infraestructura, tecnología o sostenibilidad ambiental”. Alicia Barcena demandó establecer un marco regulatorio multilateral. “Nuestra región -subrayó- se ha localizado en proteger a los inversionistas pase lo que pase, no importa si deteriora el empleo o el medioambiente (…)”.
El monto de IED de la cuenta de capitales de la balanza de pagos se compone de tres variables: nuevas inversiones, instrumentos de deuda y utilidades reinvertidas. Estas últimas constituyeron para Chile en enero-junio US$4.726 millones, un 60% del total, teniendo un incremento de 77% anualizado. Los nuevos recursos de inversionistas para operaciones en el país fueron de US$2.990 millones, reduciéndose en un 31%.
A partir del año 2018 la inversión extranjera directa procedente de China pasó a ser muy significativa en la economía chilena. A nivel mundial su participación, de acuerdo a cifras de la Unctad, que la colocaba en 2002 en el lugar 25, se ubicó en 2020 en el primero A América Latina comenzaron a llegar “de forma más regular – escribió Ignacio Tornero, investigador asociado del Centro de Estudios Internacionales UC – a partir de 2010 y América del Sur solo habría recibido un 10,2% del total mundial en el período 2005-2020. En el caso de Brasil, si bien este ha sido el principal receptor de IED china en la región en el período 2005-2020 (aproximadamente US$60.500 millones), con el 47% del total, China no se encontraba entre los principales inversionistas extranjeros. Finalmente, el caso chileno no dista sustancialmente de la realidad brasileña (…), si bien China se ha convertido en un inversionista importante a partir de 2018, el stock de inversión china en nuestro país solo alcanzaría al 11% del de Estados Unidos, España y Canadá conjuntamente”
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Pero, en los últimos tres años China ocupó una posición de vanguardia en las inversiones hacia Chile. Una encuesta, realizada en julio, por Asía Desk de EY colocó al país como el preferente para las inversiones chinas en la región, superando a Brasil y México. Siendo considerada como un centro de administración para controlar las efectuadas en América Latina, considerado un eslabón de la Ruta de la Seda, el gran proyecto de Beijing para intensificar su presencia a nivel global. Las áreas de inversión que privilegian son transporte, logístico y puertos, seguida de minería y energía. Este último sector es el que hasta ahora encabeza las inversiones efectuadas en el país.
Hugo Fazio
Agosto 2021