Más de treinta convencionales constituyentes declararon que “el poder constituyente originario es un poder plenamente autónomo que se establece para reordenar el cuerpo político de una sociedad, teniendo como límites el respeto de los derechos fundamentales. En consecuencia, el proceso abierto por los pueblos no puede ser limitado a la redacción de una nueva Constitución bajo reglas inamovibles, sino que debe ser expresivo de la voluntad popular, reafirmando su carácter constituyente sostenido en la amplia deliberación popular y la movilización social dentro y fuera de la convención”.
Con esa declaración establecieron un decisivo debate en torno a la naturaleza y carácter de la Convención Constitucional próxima a constituirse en el país y que tiene como tarea principal proponer una nueva constitución como lo mandató la lucha social a partir del 18 de octubre del 2019.
La declaración de los más de treinta constituyentes en la práctica se interroga acerca de sí es este un proceso constituyente y soberano o es un proceso limitado y acotado y mandatado por el Congreso.
Desde que en aquel trasnoche se firmó el acuerdo, las preguntas se han sucedido una y otra vez. No hay que olvidar que la Asamblea Constituyente se configura como una demanda en medio de un estallido social que se prolonga en el tiempo y que empuja al gobierno hacia la cornisa y que fustiga a la elite política hegemónica. Es resultado de una movilización social y popular que cuestiona las instituciones y las injusticias sociales amparadas por ellas y la constitución de Pinochet, remozada por los gobiernos civiles sucedieron a la dictadura.
El resultado del plebiscito, las elecciones de constituyentes son la expresión electoral del enorme cambio político generado tras 30 años de un orden social y político que, más allá de “modernizaciones” produjo una secuela de desigualdades sociales y faltas de expectativas para las grandes mayorías.
La reacción a la declaración de los constituyentes no se hizo esperar. Desde los que han expresado respaldo y son partidarios de una asamblea constituyente verdadera hasta aquellos pertenecientes al partido del orden que han cuestionado dicha declaración. José Miguel Insulza, Soledad Alvear, Mariana Aylwin, Andrés Velasco, Gutenberg Martínez, Oscar Guillermo Garretón, Ignacio Walker, entre otros, cuestionan la declaración. Lo mismo hacen los partidos de la derecha y el gobierno.
Este ordenamiento -ante un debate que necesariamente se dará- señala con claridad que estamos ante un escenario en disputa y conflicto entre las representaciones del Chile que no termina de morir y de aquel en gestación. Los representantes de la constitución moribunda y los de la nueva constitución por escribir.
La historia sigue su curso…