Por Max Oñate
“… las ambiciones de los ricos son mucho más
destructivas de las formas de gobierno que las del pueblo.”
(Aristóteles – La Política)
Este lunes 21 de marzo, se realizó una sorpresiva e inesperada marcha, en la plaza de la constitución, contra la ley de aborto recientemente aprobada.
Nuestra actual Constitución sigue siendo la aprobada en 1980, aunque está por resolverse dentro de un año y con un “nuevo parlamento” sin representación bipartidista o binominal, una nueva Constitución de la República. La Constitución del ´80 señalaba que: “La mujer está siempre obligada a tener el hijo, en toda circunstancia, como parte de la cruz, que coloca al ser humano. La madre debe tener al hijo aunque este salga anormal, aunque no lo haya deseado, aunque sea producto de una violación o, aunque de tenerlo, esto derive su muerte. Una persona no puede practicar jamás legítimamente un aborto, porque es un homicidio y todas las consecuencias negativas o dolorosas constituye, precisamente, lo que Dios ha impuesto al ser humano” (1) La reforma propuesta por el gobierno considera tres causales específicas: riesgo de la vida de la madre, inviabilidad del feto y en caso de violación.
Sin embargo en nuestra historia constitucional, esta reforma no es una innovación política, sino una reincorporación de un derecho constitucional de 1931, el cual señalaba: “Sólo con fines terapéuticos se podrá interrumpir un embarazo o practicar una intervención para hacer una estéril a una mujer”(2)
En este contexto debemos entender la historia constitucional y política de nuestra nación que lamentablemente se encuentra en la sombra de la ignorancia, puesto que solo el fanatismo religioso y la posición de los sectores más conservadores de este país avalan amparados en la tradición militar del gobierno de facto, como ocurre con el diputado de Renovación Nacional, René García, quien ante esta ley declaró: “El gobierno militar o dictadura, como quieran llamarlo; mataba a personas grandes, ustedes las matan antes de nacer.” (3)
Tras esta clase de declaraciones y ante la legislación favorable al aborto, se realiza aquella “legítima expresión” de una “manifestación ciudadana”, donde la mayoría de los asistentes eran menores de edad, encabezada por algunos estudiantes universitarios de la cota mil, como Universidad del Desarrollo, Adolfo Ibáñez y Universidad de los Andes, además de colegios como Nido de Águilas y con panfletos de la UDI.
La votación en esta reforma tuvo como resultado 66 votos a favor y 44 en contra, por lo que no votaron tan solo 20 diputados, es decir, que la derecha necesariamente votó a favor (o muchos de sus miembros). Por otra parte, el “equilibrio político de la representación bipartidista” parece que hoy no impide legislar en materias de aborto, por lo que aquella posición retrograda es hoy un número irrelevante.
Seamos claros, Carlos Ibáñez del Campo no era comunista, si bien salió elegido por el Frente Popular (coalición de centro-izquierda de la década del 30), más bien fue un golpista adelantado, luego un entusiasta persecutor del Partido Comunista, pero fue con él gobernando donde se legisló sobre la materia de aborto.
Hoy, los comunistas no son mayoría en el gobierno y su influencia no es tal como para establecer “la dictadura del proletariado” o acusar a aquellos de propulsores o ejecutores de una ley preexistente en nuestra propia carta magna de carácter liberal. Esto sería ver con una óptica de la guerra fría la política del siglo veintiuno. Esto obligaría a razonar que cuando se habla del aborto, ¡los comunistas fueron!, aunque ya es probado que son legislaciones liberales de repúblicas occidentales. Cuando se habla de educación, ¡los comunistas fueron!, siendo que el grueso de la movilización no la compone ningún partido ni hay presencia determinante de una hegemonía partidaria en este sector movilizado. Todo parece ser responsabilidad de los comunistas..
Cuando se trata de legislar y modernizar derechos, salta a la vista la Guerra Fría en la memoria de los sectores derechistas y conservadores de esta sociedad que ni siquiera es capaz de visualizar a los actores políticos involucrados contra sus creencias y contra sus intereses. Esta es la clara prueba del analfabetismo político que gozan los políticos profesionales y los legisladores del país. Pero para sorpresa de todos, esta ignorancia se origina y pertenece a los sectores más instruidos y privilegiados de nuestra sociedad. ¿A qué se debe este analfabetismo político conservador si tienen acceso a lo mejor en información? ¿Será un símbolo de la desesperación y decadencia?
Lo que es claro, que todos esos descontentos fueron los que perdieron en la decisión de esta tan polémica legislación.
Marzo del 2016
(1) Constitución de República de Chile, Capítulo III: Derechos y deberes constitucionales; Artículo 19, N° 1: “La ley protege la vida del que está por nacer”. 24 Agosto 1989.
(2) Sobre la ley de aborto, Ley N°2.263, República de Chile, 1931.
(3 )Sobre asesinato de niños, se recomienda ver: Comisión de Verdad y Reconciliación (Informe Rettig), de 1991.