Al aprobar la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados la idea de legislar en el proyecto de reforma tributaria de Piñera, el proceso de discusión ingresó a una nueva etapa. No solo porque se entra específicamente a la discusión y aprobación o no de su articulado, sino porque se entrega plenamente la iniciativa en la discusión al Ejecutivo, lo cual es particularmente exigente en este sentido cuando se trata de recursos públicos, quien además en último término dispone del derecho a veto. Antes de la aprobación lo había expresado claramente al senador democratacristiano Francisco Huenchumilla “Si (…) se vota la idea de legislar (como se aprobó), el gobierno va a imponer su tema, porque después del segundo, tercer trámite, vamos a terminar en una comisión mixta y el gobierno lo va a imponer mediante el veto. Para rechazar el veto –agregó- necesitamos los dos tercios y no los tenemos. Mientras no resolvamos el tema de la integración –señaló en marzo-, soy partidario de rechazar la idea de legislar”.
Esta idea se aprobó fruto de un acuerdo producido entre la directiva de la DC y el Ejecutivo, luego de sucesivas reuniones iniciadas después del encuentro efectuado entre Sebastián Piñera y el presidente de la DC, Fuad Chahín, en La Moneda. Ya al finalizar esa reunión Chahín insinuó el camino que se comenzaba a recorrer al decir que el PDC quedaba a la espera que “el gobierno acepte algunas de nuestras propuestas”. Así fue, el Ejecutivo concordó con algunas de ellas sin tocar el núcleo de su proyecto, el cual la encuesta Plaza Pública de Cadem consideró que en un 66% de la muestra beneficia solo a las grandes empresas.
El ministro del Interior, Andrés Chadwick, quien según declaró públicamente Cecilia Pérez, ministra de la Secretaría General de Gobierno, “fue clave en los acuerdos de modernización tributaria que se alcanzaron (…)” destacó luego de la aprobación de la idea de legislar la significación de las reuniones con Chahín. “Confiamos –expresó- plenamente en la DC. Hemos creado una interlocución seria, con respeto, fiable, donde nos hemos puesto de acuerdo en cuestiones fundamentales”, las cuales no detalló. Para a continuación, indicar que existe en el proyecto una “línea roja”, que no quieren ceder, el “sistema integrado” o el término del sistema “semiintegrado”.
Es importante recordar, ¿cómo surge este mecanismo? Para explicarlo y hacer un sucinto resumen de los procesos vividos en las reformas tributarias debemos hacer algo de historia. En las primeras semanas del segundo gobierno de Michelle Bachelet se presentó un proyecto de reforma tributaria, cumpliendo con el programa que tenía cuatro objetivos centrales. El primero aumentar la carga tributaria con el propósito de financiar con ingresos permanentes las reformas comprometidas. El segundo avanzar en equidad tributaria para así mejorar la distribución del ingreso, que en el país era y sigue siendo profundamente regresiva. El tercero incentivar el ahorro y la inversión. Y finalmente disminuir la elusión y la evasión.
El incremento de los ingresos tributarios el proyecto original se propuso obtenerlos fundamentalmente por tres vías. Una era aumentar los gravámenes de primera categoría, el impuesto a las utilidades de las empresas que propuso subirlos gradualmente del 20% al 25%; el segundo por el mecanismo de renta atribuida, que aseguraba los fondos a producirse con el tributo de segunda categoría, cuyo esquema es progresivo; y la tercera provenía de la eliminación del Fondo de Utilidades Tributables (FUT), utilidades que no se repartían a los socios o accionistas de las empresas y se habían convertido en un gigantesco conducto elusivo. El FUT la ley lo eliminó también a futuro, pero como veremos se reprodujo en el sistema semiintegrado.
Uno de los ejes de la oposición a la reforma tributaria desde el gran empresariado lo constituyó desde un comienzo la eliminación del FUT. “Es que el problema de fondo, –explicó Juan Andrés Fontaine, actual ministro de Transporte y Telecomunicaciones luego de producirse “la cocina” en el cual se transformó el proyecto inicial – no es el FUT, sino es que queremos tener en Chile un incremento a la inversión y el ahorro mediante un tratamiento diferente a las utilidades que se invierten y a las que se retiran”. La experiencia vivida con el FUT fue que de los montos no distribuidos producto de las utilidades menos de la mitad, de acuerdo con las cifras del SII, se destinaba por las empresas a inversión productiva y un porcentaje mayoritario se dirigía a la especulación financiera o se sacaba del país.
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto inicial del gobierno de Michelle Bachelet. En el segundo trámite legislativo, a pesar de que el Gobierno tenía mayoría en el Senado, se acordó erradamente consensuarlo con la derecha en la Comisión de Hacienda. El paso se asemejó al dado en los inicios de los gobiernos de la Concertación cuando se acordó en ese momento con RN modificar el incremento propuesto a las utilidades de las empresas por un aumento en el IVA, el impuesto más regresivo. Este precedente negativo lo detallamos en nuestro libro El Programa Abandonado publicado en 1995 y que hace un balance del gobierno de Patricio Aylwin.
El 2014
En la “cocina” de la Reforma Tributaria, y en el cuadro de correlación de fuerzas existentes en ese año 2014, cuando había transcurrido poco tiempo de la aplastante victoria electoral de Michelle Bachelet, la derecha estuvo de acuerdo en aumentar el impuesto a las utilidades en un segundo mecanismo creado en ese momento, al 27%, además del de renta atribuida, que pasó a ser opcional, en que al igual que en el FUT no es obligatorio distribuir las utilidades, ese mecanismo fue el semiintegrado que ahora se busca terminar. Uno de los asesores de RN en la “cocina”, Sebastián Guerrero, lo explicó claramente. “(…) lo importante –señaló- es que se resguardó el principio de tributación sobre rentas percibidas y dejando la renta atribuida como una opción de los contribuyentes. Con esto -sostuvo, repitiendo una falacia utilizada para fundamentar el FUT-se protege el ahorro y la inversión”.
El mismo reconocimiento efectuó al hacer una síntesis de la “cocina” el hoy director y también en ese entonces del udista Instituto Libertad y Desarrollo (ILD), Luis Larraín. “(…) al revisar los contenidos del acuerdo –escribió- se constata que efectivamente se modera el desincentivo a la inversión y el ahorro, al hacer opcional el sistema de renta atribuida, ofreciendo como alternativa un régimen parcialmente integrado que rescata parte de las ventajas del sistema vigente”, es decir al existente hasta antes de la reforma tributaria de 2014.
Dado que obtenían su objetivo principal en ese momento, la derecha aceptó que en este sistema de distribuirse las utilidades el crédito a descontar en el pago del impuesto de segunda categoría fuese de 65% y no de 100%, como era habitual en el esquema anterior, obviamente siempre que se entregase a sus dueños o accionistas el total de lo acumulado como por concepto de utilidades. Para ejemplificarlo con cifras del Servicio de Impuesto Internos del año 2013, un 38,1% de las utilidades retenidas con el FUT se encontraban en poder de sociedades de inversión, que destinan sus recursos a operaciones financieras.
El acuerdo se gestó en lo fundamental antes de que se plantease en la Comisión de Hacienda del Senado. Al igual que en la realidad actual con las tratativas DC-Ejecutivo, la aprobación de la idea de legislar se acordó en reuniones del gobierno con la derecha. “Los contactos para producir el entendimiento se iniciaron mucho antes de suscribirse el protocolo -según dio a conocer el secretario general en ese entonces de la UDI, Javier Macaya, como relatamos en nuestro libro Chile en Tiempo de Reformas, en el cual uno de sus capítulos es precisamente dedicado a la Reforma Tributaria de 2014- (…) no teníamos muchas expectativas –agregó- (…) pero con el paso de los días nos encontramos con que Hacienda fue cediendo en puntos muy importantes que tenían que ver con el corazón de la reforma que habían dicho no se iba a modificar.
“Las reuniones –relató- entre (el ministro de Hacienda) Alberto Arenas y los senadores Andrés Allamand y José García de RN comenzaron a efectuarse en el Hotel Kennedy de Vitacura (…). Acordándose que el acuerdo debía elaborarse en estricta reserva y debería materializarse en la Comisión de Hacienda del Senado y no como un entendimiento bilateral entre RN y el Ejecutivo. Se reservaron para ellos las decisiones políticas, creándose además una instancia legislativa y otra técnica (…)” (pág. 105-106 del mencionado libro).
Más aún se estableció que las indicaciones al proyecto serían preparadas por Hacienda, pero en consulta con técnicos de los partidos de gobierno y oposición. En consecuencia, se renunció a que el Ejecutivo tuviese la ventaja exclusiva de su presentación. ¿Se habrán tomado ahora acuerdos similares “fundamentales”, como dice Chadwick entre la DC y el Ejecutivo?
La importancia del sistema semiintegrado se reiteró después de consensuarse la “cocina”. Lo fundamental del protocolo, destacó Rossana Costa, en ese entonces subdirectora del ILD y ahora integrante del Consejo del Banco Central, es “que hace un aporte relevante al poner incentivos al ahorro con el sistema semiintegrado”. Por su parte, José García, senador RN, expresó su satisfacción porque el protocolo de acuerdo en materia de inversión se está cumpliendo, y se permite reinvertir sin límites de topes ni plazos”.
El 2019
Es el mismo mecanismo que ahora buscan poner fin, lo que conduce a que el crédito pasaría a ser de 65% a 100%, lo cual produce un menor ingreso tributario de acuerdo a cifras del propio Ejecutivo de US$833 millones, monto que las compensaciones ofrecidas por el Ejecutivo no las cubren. La neutralidad fiscal prometida se busca resolverla en parte a través de la boleta electrónica, cuyo rendimiento fue reducido en las propuestas oficiales luego de críticas efectuadas por la oposición, en nada menos que US$200 millones, “y se podría rebajar en otros US$200 millones –nos dice Hernán Frigolett, extesorero general de la República- si se calibran otros supuestos aplicados”. Ello demuestra, además, que los menores ingresos al reducirse el pago de impuestos a realizar por sectores de altos ingresos se pretenden compensar con cargos en parte al consumo de la población, lo cual es igualmente regresivo.
Otro mecanismo de compensación propuesto es disminuir los impuestos a cancelar al ingresar al país capitales existentes en el exterior no declarados, como los provenientes del FUT. “El impuesto sustituto al FUT –nos dice también Hernán Frigolett, que formó parte de la comisión técnica asesora de los parlamentarios de la oposición de la Comisión de Hacienda- (…) sin duda recauda, pero transfiere merma recaudatoria a las futuras administraciones tributarias. Aquí se configura –subrayó- (…) incerteza tributaria”. Este tipo de mecanismos en los hechos constituye un estímulo al blanqueo de capitales.
En general, el gran capital y la derecha política buscan revertir gravámenes que consensuó en la cocina de la reforma tributaria de 2014, en un cuadro de correlación de fuerzas que no le era apropiado. Supuso que la victoria electoral de Piñera en las elecciones presidenciales le creó otro escenario considerado favorable para revertirlo, aunque la composición en las ramas legislativas fuese otra, dado que entregó las mayorías en ambas cámaras a parlamentarios de oposición.
La fundamentación del conjunto de la reforma Piñera, como la ha expresado textualmente el coordinador macroeconómico del Ministerio de Hacienda. Hermann González es que así se “reduce el costo del capital, lo que tendrá efectos positivos para la economía”, cumpliendo con uno de sus ejes centrales: “impulsar el crecimiento de la economía”. Es una formulación similar a la efectuada por la economista de la udista Universidad de Los Andes, Cecilia Cifuentes, quien nos dice: “Reducir los impuestos al capital no es una medida pro-ricos, es principalmente pro-trabajadores, por el efecto positivo que tiene la inversión en el mercado laboral. En una economía abierta –añade, en oposición a lo revelado tanto por la realidad interna como internacional- menos impuestos son percibidos principalmente por los trabajadores, a través de mayor contratación y/o mejores salarios”.
La reforma tributaria ha constatado Ricardo Ffrench Davis, el destacado economista democratacristiano, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales 2005, “no es pro-inversión, sino pro-distribución de utilidades que no se invierten, exactamente lo opuesto. Yo –agregó- soy muy tajante con eso (…). Si la empresa gana plata, una parte la reinvierta, otra la distribuye y la reintegración significa que la parte que distribuye se favorece, le devuelven plata tributaria que se pagó a las utilidades distribuidas, no a las invertidas, eso es contra inversión”.
“Reintegrar –sintetizó por su parte Andrea Repetto, académica de la Universidad Adolfo Ibáñez- es cero en recaudación y en equidad tributaria y, a la vez, no es claro que genere inversión y crecimiento, porque retirar utilidades para consumir se vuelve más barata”.
La gran comprobación internacional actual de que reducir los gravámenes de capital no es sinónimo de un incremento en la inversión productiva y el crecimiento lo proporciona la drástica reforma tributaria efectuada a fines del año 2017 por Donald Trump en Estados Unidos, dado que no produjo los efectos señalados en la inversión productiva y en el crecimiento tuvo un efecto positivo solo en el corto plazo. La reducción de impuestos fue muy fuerte, el gravamen a las utilidades se redujo de 35%, el más elevado de la OCDE, al 21%. Al mismo tiempo propició la repartición de capitales de transnacionales estadounidenses, las cuales privilegiaron actuar donde obtienen rentabilidades mayores al cancelar menos tributos.
¿Qué resultados con el correr del tiempo se produjeron? Transcurridos dos años, escribió Paul Krugman, empujó el déficit fiscal sin que haya logrado “atraer el prometido aumento de la inversión. Las empresas –consignó- no han empleado ese aluvión de dinero caído del cielo para construir nuevas fábricas y aumentar la productividad, sino para recomprar muchas acciones, trasladando los beneficios a los inversionistas ricos” (09/03/19). Martin Wolf en Financial Times entregó a su vez dos ejemplos concretos que aumentar los recursos en sectores de altos ingresos no se traduce necesariamente en mayor actividad económica. “(…) el porcentaje de ganancias con relación al PIB estadounidense ya se ha casi duplicado desde principios de los 2000, sin un efecto favorable en la tasa de inversión, y el Reino Unido progresivamente ha recortado desde 2008 su tasa de impuestos corporativos de 30% a 19%, sin un beneficio evidente para las inversiones”. Menos aún con la profunda incertidumbre creada por el Brexit.
Ahora bien, los objetivos de mayor crecimiento, expresados en las consignas de “tiempos mejores” o un “país en marcha”, no se están dando si se trata de medir por el nivel de actividad. Después de un incremento de 4,9% en el primer semestre de 2018, en la segunda mitad del año la economía se desaceleró a un ritmo de 3%. En el primer trimestre de 2019 se redujo aún más. El Informe de Finanzas Públicas, entregado por la Dirección de Presupuestos, en la mañana de hoy debió constatar, de acuerdo con su expresión, “un inicio del año menos dinámico”. Se redujo la proyección de crecimiento el 2019 a 3,5%, inferior en tres décimas porcentuales a las estimadas en la ley de presupuestos. Ello es uno de los factores que conducirá a que aumente ligeramente el déficit previsto, con la disminución de las entradas fiscales, anotando que “el mayor ajuste a la baja en términos de magnitud proviene de los ingresos tributarios no mineros”.
Volviendo a la reforma tributaria, la disminución de impuestos en el proyecto se expresa también en sectores específicos. A las empresas constructoras se les pretende ampliar el no pago de impuestos existentes desde viviendas de hasta 2.000 UF a 4.000 UF con el pretexto de que ello beneficiaria a capas medias de la población, aunque no se establece ningún tope en los precios de venta. Ello en un país en que, de acuerdo a cifras de Estudios Urbanos de la Universidad Católica, la mitad de los hogares no tienen condiciones económicas para acceder a un crédito hipotecario y subsiste en déficit habitacional de aproximadamente medio millón de viviendas según datos oficiales. Ante las críticas de la oposición, el ministerio de Hacienda ofreció disminuir a 3.000 UF el beneficio, incrementándolo igualmente en relación a la ventaja actual.
Es un plano en que existió en general acuerdo en la fase prelegislativa fue en la Cláusula Pyme, sobre la cual el ministerio de Hacienda debe hacer las propuestas a que se comprometió. Entre otras aumentar el monto en UF al cual se pueda acceder subiéndolo de las 50.000 UF actuales, unos $1.350 millones de ingresos anuales. La petición acordada entre los organismos de pequeños empresarios y los parlamentarios de oposición fue llevarla a 100.000 UF. Seguramente la propuesta del Ejecutivo va a ser por un monto menor considerando el impacto que produce en los ingresos fiscales. Informalmente se ha hablado de que aumentaría el techo de ventas a 75.000 UF. El 14 ter tiene una menor carga impositiva, depreciación instantánea y contabilidad simplificada. La información proporcionada por Hacienda a la Comisión respectiva de la Cámara de Diputados el 19 de marzo es que si aumenta a 75.000 UF su costo fiscal anual sería de US$33,5 millones.
La discusión del articulado tiene otros puntos salientes como la referida a la norma general antielusión o reducir las atribuciones del Servicio de Impuestos Internos, establecer el mecanismo de depreciación acelerada, posibilidad con que ya cuenta la pequeña empresa, que permite contabilizar como gasto la inversión efectuada, reduciendo así los impuestos a cancelar. Desde luego, organizaciones del gran empresariado han planteado que la depreciación acelerada debería constituir un mecanismo permanente.
No pretendemos en esta exposición analizar cada uno de esos puntos, que irán pasando a primer plano cuando se vaya produciendo la discusión particular respectiva en la Comisión de Hacienda. El ministro Felipe Larraín prometió ingresar sus indicaciones al proyecto el siete de mayo. Después que durante el proceso prelegislativo rechazó la idea de dividir el proyecto en dos, propuso ahora ver primero materias en que existen acuerdos. La presidencia de la Comisión, dirigida desde la sesión en que se aprobó la idea de legislar por el parlamentario comunista Daniel Núñez propuso ir aprobando artículo por artículo. Queremos, eso sí, destacar un hecho saliente. La norma antielusión aprobada en la Reforma de 2014 nunca se ha aplicado, pero ya anota éxitos importantes. La empresa canadiense Nutrien que vendió sus acciones serie A a la china Tianqi, que acaba de establecer un compromiso para la dirección de SQM con el denominado grupo Pampa, de Julio Ponce Lerou, buscó crear todas las condiciones para no cancelar el impuesto sobre las ganancias que fue superior a US$1.000 millones, finalmente debió hacerlo teniendo presente la vigencia de la norma antielusión.
En general, desde que Piñera dejó de lado la idea de reducir el impuesto de primera categoría, que en el sistema seimiintegrado es de 27%, en sectores del gran empresariado percibieron un debilitamiento de la propuesta original que se reforzó durante el periodo prelegistativo cuando el Ejecutivo buscó crear la coyuntura favorable para la aprobación en la idea de legislar. El Mercurio se sumó editorialmente a estas formulaciones señalando editorialmente en la importancia de “seguir insistiendo en la necesidad de ajustar el impuesto corporativo”, es decir reducirlo.
Más extrema es la posición de la ultraderecha. Ella la expresó crudamente el director ejecutivo de la reaccionaria Fundación para el Progreso, Axel Kaiser, el día de ayer en la columna periódica que publica en El Mercurio. “La reforma tributaria, que no baja los impuestos –criticó- (…) si bien mejora parte de lo que hay, empeora otra al no inspirarse en el principio liberal según el cual los impuestos deben ser reducidos, pues el dinero confiscado es de quienes lo general (…). Y aunque hoy parezca que la estrategia de arrebatar banderas de izquierda da dividendos (…) en el mediano y largo plazo posiblemente fracasará, tal como ha ocurrido en Argentina (…). No existe un ejemplo más demoledor y deprimente de las ideas de centro derecha en América Latina –escribe al comenzar el artículo- que el gobierno de Mauricio Macri”. La larga y profunda recesión en Argentina, aprovechamos de recordar, constituye un nuevo ejemplo de a lo que conduce aplicar las políticas “recomendadas” por el FMI.
Desde luego, entre los grandes empresarios no existe un planteamiento único. El presidente de Falabella, Carlos Solari, quien se pronuncia a favor también de la integración, sostiene que “no es normal que un país que acaba de hacer una reforma este rediscutiendo esa reforma en tan poco tiempo”. Luego planteó que el asunto “clave” es que se requiere “aumentar el crecimiento de este país, que el crecimiento potencial sea mayor (…). El foco de la discusión tiene que ser como subimos el crecimiento potencial, que depende de tres factores: mano de obra, inversión y productividad. Entonces –agregó- más allá de estar haciendo una discusión de cuanto afecta la reforma, creo que la discusión tiene que ser mirada de aquí en adelante, que podamos hacer para que aumente la inversión y si no hay consenso en hacer eso, es mejor no hacerlo”.
Si sale adelante el proyecto tributario de Piñera se aumentarían dos regresiones que persisten en la economía chilena: la estructura tributaria y la desigualdad de los ingresos. La regresividad tributaria se produce porque los impuestos indirectos, es decir aquellos cancelados por el conjunto de la población, de los cuales el más incidente es el impuesto al valor agregado (IVA), supera a los directos, dirigidos a actividades o sectores determinados. En Chile, un 55% de la recaudación se origina en tributos indirectos, significando el IVA poco menos de la mitad del total. La economista del Frente Amplio Claudia Sanhueza nos ha recordado en estos días en un artículo publicado por La Tercera, que el promedio en los países de la OCDE es de 47%. En general, en las economías desarrolladas predominan los impuestos directos. La reforma presentada no modifica los gravámenes indirectos, sino que reduce el porcentaje a pagarse por los impuestos a las rentas, directos.
Si retomamos el análisis efectuado desde la reforma tributaria de 2014, debemos constatar que el proyecto de reforma presentado al comienzo de la administración Bachelet uno de los grandes vacíos que tuvo fue precisamente no considerar el elevado gravamen al consumo existente. En el proyecto en discusión tampoco se le menciona, cuando su reducción conduciría a mejorar la estructura tributaria y sería un estímulo para acrecentar el consumo, contribuyendo a superar el cuadro de desaceleración de la actividad económica en curso. En 2014 igualmente no se consideró el fundamental tema del cobre y otros recursos naturales, al igual que en el proyecto de Piñera.
En cuanto a la distribución de los ingresos el mecanismo más ajustado a la realidad es como se presenta la relación funcional entre factores productivos, siendo necesario que la participación proporcional de los excedentes de explotación, es decir lo obtenido por el factor productivo capital y la renta de los recursos naturales disminuya porcentualmente en relación con el porcentaje percibido por las remuneraciones. Desde luego, si se favorece como acontece en la reforma tributaria de Piñera al factor productivo capital ello tiende a deteriorarla aún más. No se debe olvidar que el retroceso brutal en la distribución funcional del ingreso producido en los años de dictadura después se ha modificado en porcentajes muy limitados. Es una gran tarea pendiente.
De la experiencia vivida en la fase prelegislativa con la reforma tributaria, el Ejecutivo extrajo como conclusión la necesidad de buscar como regla aprobar lo más rápidamente posible las reformas estructurales que se propone sacar adelante, y que demoró en impulsar durante el primer año de la segunda administración Piñera. En concreto ello se lo planteó para la reforma previsional en la reunión efectuada antes de los feriados de Semana Santa entre el presidente y los ministros directamente vinculados con esta iniciativa. “Este proyecto –expresó el Secretario General de la Presidencia, Gonzalo Blumel, luego del encuentro- tiene una urgencia que vence el próximo 9 de mayo, queremos llamar a la Comisión de Trabajo (…) que cumpla el plazo de esa urgencia y que se vote y se apruebe a idea de legislar”. Por su parte, el ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, recalcó que no se va a discutir ningún punto previo antes de dicha aprobación. “Creo -insistió- que eso es una discusión que se dará en su minuto en particular”. Ya antes rechazaron taxativamente dividir en dos partes el proyecto, adelantando la aprobación del reajuste de los pilares solidarios en que existe prácticamente unanimidad, para mantenerlo como un factor de presión favorable estiman a la aprobación de la idea de legislar en general.
Buscan también así aprovechar que no se ha producido suficientemente desde el mundo del trabajo y progresista el rechazo del aumento de las cotizaciones al 14%, anunciada como de cargo a los empleadores, cuando cualquier análisis fundamentado llega a la conclusión que mayoritariamente será efectuada en contra de las remuneraciones. Este incremento no tiene ninguna justificación mientras los recursos que entregan las AFP para beneficios previsionales esté por debajo de la mitad de lo percibido por ellas mes a mes de parte de los imponentes y las compañías de seguros obtengan elevados excedentes que quedan en su poder al usar el mecanismo de las rentas vitalicias, como denunció nuestro centro de estudios en una declaración reciente. El proyecto atenta contra los intereses de los trabajadores asalariados y también otras capas de la población obligadas a cotizar, no siendo activos actores en disposiciones que les afectan directamente.
De otra parte, se produce un gran interrogante sobre el financiamiento del proyecto presentado, ya que se afirma en su informe financiero que se financiaría con “holgura”. En la sesión de la Comisión de Hacienda del Senado, donde se presentó a los integrantes propuestos para el Consejo Fiscal Autónomo, el presidente de la instancia Ricardo Lagos constató que “no tenemos como discutirlo, porque no tenemos donde apoyarlo”. El informe financiero entonces resulta absolutamente insuficiente. Carlos Montes generalizó la crítica afirmando que “muchas veces (…) no podemos acceder a los supuestos de los IF (Informes Financieros)”).
La aprobación de la idea de legislar en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados le dio al Ejecutivo más seguridad para generalizar esta alternativa en otros proyectos estructurales. Por nuestra parte nos lleva a recordar una vez más que los cambios progresistas o la derrota de formulaciones regresivas exigen siempre el papel protagónico del movimiento social.
Hugo Fazio
Abril 2019