El gobierno de Sebastián Piñera envió a la Cámara de Diputados el proyecto de Ley de Control de Identidad Preventivo, que tiene la finalidad de ampliar el control a los niños y adolescentes desde los 14 años. Al mismo tiempo que se busca dotar de más atribuciones a las policías con el fin de prevenir los delitos.
El gobierno a través de su ministro Andrés Chadwick ha señalado que su objetivo es prevenir, disuadir, evitar, y disminuir la acción delictual «en la medida que nuestras policías puedan tener más atribuciones para poder controlar preventivamente y así poder evitar la acción delictual que se pueda producir”.
Una vez más, desde las elites gobernantes se intenta frenar la delincuencia y la criminalidad solo con medidas policiales y judiciales abandonando una mirada más integral. Se podrá afirmar que hay otras políticas públicas que actúan como coadyuvantes del control de la delincuencia, pero en lo principal son política de carácter represivo y control social y no se asume que existe una relación entre injusticia social y delincuencia.
Las enormes brechas sociales y económicas se encuentran en la raíz de la delincuencia. Las privaciones y precariedades; los sueldos insuficientes y pensiones irrisorias; las enormes desigualdades en educación y salud constituyen el caldo de cultivo de la delincuencia y la criminalidad. En lo inmediato, es urgente asumir medidas que reviertan desigualdades abismales.
Pero tan grave como no entender la relación anterior es suponer que el control preventivo de identidad a niños y adolescentes desde los 14 años contribuirá a frenar la delincuencia. Y peor aún cuando la propuesta gubernamental a todas luces contraviene la Convención de los Derechos del Niño y otros tratados internacionales suscritos por nuestro país.
Por ello, el proyecto de ley se convierte en un acto de pirotecnia política que busca arrinconar a la ciudadanía en la disyuntiva control preventivo versus delincuencia en vez de debatir el tema de fondo: una estrategia de desarrollo nacional que supere las desigualdades económicas y sociales que afectan a las mayorías nacionales. Chile requiere otro modelo de desarrollo.