El año se inició con una profundización de la política intervencionista en la región propiciada activamente por el Gobierno de Donald Trump. El portavoz para llevarla adelante fue el secretario de Estado, Mike Pompeo, quien concurrió a la transmisión de mando en Brasil. En su entrevista con Jair Bolsonaro un tema central lo constituyó el accionar mutuo con el propósito de “restaurar la gobernanza democrática y los derechos humanos” en Venezuela, Cuba y Nicaragua, de acuerdo con la información proporcionada por un portavoz de la diplomacia de EE. UU. Los tres países habían sido invitados por el expresidente Michel Temer a la transmisión del mando, pero Bolsonaro en un acto impresentable retiró las invitaciones. Son tres países calificados de conjunto que obviamente presentan realidades diferentes.
En una conferencia de prensa conjunta efectuada en Brasilia con Ernesto Araujo, canciller de Bolsonaro, declarado enemigo del multilateralismo, Pompeo insistió en que ambos países concordaron “trabajar juntos contra Gobiernos autoritarios” y existe un “deseo profundo de devolver la democracia al pueblo de Venezuela”. Por su parte, un portavoz del gobierno brasileño declaró que Pompeo le aseguró a Bolsonaro que el gobierno de Trump “acompaña la preocupación (de Brasil) con la grave crisis que sufre Venezuela y ha pedido al presidente que coopere activamente en la solución de esta cuestión”.
El diario O Estado de Sao Paulo publicó una entrevista a Mike Pompeo donde el vocero de Trump demandó que el conjunto de América Latina cierre filas para que en Venezuela “la democracia sea restaurada” y se contengan las prácticas en la región “predadoras” de China. Por su parte, tanto el Departamento de Estado estadounidense como la secretaría de la OEA, encabezada por Luis Almagro, expulsado del Frente Amplio de su país, señalaron que la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, es la institución legítima y la única elegida democráticamente en Venezuela, negando que tuviese ese carácter la elección ciudadana que condujo a la reelección de Maduro.
El capítulo intervencionista siguiente se produjo con motivo de la reunión del denominado Grupo de Lima en la capital peruana, en el cual participan cancilleres de catorce países, y que por primera vez desde su formación en 2017 contó con la voz de EE. UU, que lo hizo a través de una videoconferencia de Mike Pompeo. El comunicado de la reunión, muy en línea con medidas de presión sobre otros países muchas veces efectuadas por Washington, fueron instar a Nicolás Maduro a no asumir su nuevo mandato presidencial y transferir de forma provisional el poder a la Asamblea Nacional, instancia declarada en desacato por las estructuras del Estado y por lo cual sus funciones no revisten un carácter legal.
Al no cumplirse el propósito irreal de que no asumiera Nicolás Maduro se propone reevaluar las relaciones diplomáticas con Caracas; impedir a altos funcionarios de su Gobierno el ingreso al territorio de los países miembros del grupo; y determinar entidades venezolanas con las que no se podrá operar financieramente e, incluso, congelar sus fondos y otros activos económicos. Actuando en esta dirección el gobierno peruano publicó un listado de 93 personas venezolanas a las que se prohibió su ingreso al país. En su numeración, además de Maduro, se incorporan muchos nombres sancionados de igual manera por EE. UU.
Sin embargo, el Grupo de Lima experimentó un golpe al rechazar el gobierno mexicano suscribir el documento. El subsecretario para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes, lo estableció claramente al comenzar el cónclave, al expresar que “seguirían siendo miembros del Grupo de Lima, pero su participación es mantener abiertos los canales diplomáticos para buscar a través de ellos llegar a una solución. México –agregó- continuará promoviendo la cooperación internacional, el respeto a la autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de controversias. México considera –concluyó Reyes- que la vía más efectiva para alcanzar los objetivos con los que se creó este grupo es mediante iniciativas de mediación y de diálogo, no de aislamiento”. El canciller azteca, Marcelo Ebrard, quien no concurrió a la reunión de Lima, expresó que considera preocupante los efectos de la situación venezolana en la región, “pero no coincidimos con las medidas” propiciadas, reiterando que la política del gobierno de López Obrador es la de no intervención en los asuntos internos de otras naciones. Es una posición diametralmente opuesta a la seguida anteriormente por el gobierno de Peña Nieto en el Grupo de Lima. Pompeo en su viaje a América del Sur pasó por Colombia, entrevistándose con el presidente Iván Duque elogiando su compromiso de “cercar diplomáticamente a Caracas”. En cambio, Evo Morales felicitó a México por no apoyar “actos de golpismo diplomático”.
El 10 de enero, la Organización de Estados Americanos (OEA), en una sesión extraordinaria de su Consejo Permanente, efectuada en Washington, acordó desconocer la legitimidad del segundo mandato de Nicolás Maduro, propiciando que se efectúen nuevas elecciones “en una fecha cercana”. La resolución se adoptó por 19 votos a favor, incluyendo el de Chile, que fue además uno de los países patrocinantes de la sesión, seis en contra y ocho abstenciones, entre ellas la de México. La representación de Caracas calificó la reunión de un “acto hostil e inamistoso”, anticipando su no reconocimiento de “ninguna decisión que pudiese adoptarse”.
EE. UU. fue aún más lejos. Al día siguiente, John Bolton, consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca explicitó que “el gobierno de Trump apoya con decisión a la Asamblea Nacional”. Por su parte, Robert Paladino, portavoz del Departamento de Estado afirmaba: “Elogiamos la valentía del liderazgo de la Asamblea Nacional, particularmente de su presidente, Juan Guaidó, y su decisión de invocar la autoridad de la constitución venezolana”. En igual sentido se pronunció el gobierno de Bolsonaro, el cual en una declaración “saludó” la iniciativa de Guaidó de “asumir la presidencia” de Venezuela. Mientras tanto, la cancillería chilena expresó su “irrestricto apoyo a la Asamblea Nacional de Venezuela, único poder del Estado legítimo y elegido democráticamente” así como respaldó a Guaidó en el “ejercicio legítimo de sus atribuciones constitucionales”.
Durante la primera mitad de su administración, ya transcurrida, la preocupación de Trump por América Latina fue escasa. Solo una vez visitó personalmente la región con motivo de la reunión del G20 en Buenos Aires. Su esfuerzo permanente se centró en México al negociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, donde impuso nuevas condiciones más favorables para EE. UU, y reiteró constantemente su obsesión por construir un muro en la frontera con el propósito de frenar las corrientes migratorias, que han pasado a ser prioritariamente de centroamericanos.
Formulaciones generales para la región se dieron también a comienzos del año 2018 cuando el entonces secretario de Estado estadounidense Rex Tillerson, en los días previos a una gira por varios países sudamericanos, la cual incluyó a Chile, sostuvo que la doctrina Monroe utilizada para justificar intervenciones en la región en el siglo XIX y parte del XX es “tan importante hoy como antes”. Durante la gira de Tillerson los temas dominantes fueron la confrontación con China, a la cual acusó de intentar “llevar a la región a su ámbito”, e incrementar las medidas contra el gobierno venezolano, apoyándose ya en el Grupo de Lima. Sin embargo, la gestión de Tillerson como secretario de Estado se cortó bruscamente poco tiempo después, como ha acontecido frecuentemente con muchos personeros del equipo de gobierno de Trump. Nominándose en su reemplazo a Mike Pompeo, que ocupaba el cargo de director de la CIA.
Desde luego planteamientos como el de Tillerson no constituyen un hecho aislado. Con posterioridad a sus palabras hubo nuevas manifestaciones de ello. El 4 de octubre de 2018, el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, en un discurso pronunciado en el Hudson Institute, cuya autoría intelectual se le atribuye a John Bolton, el encargado del Consejo Nacional de Seguridad de Estados Unidos volvió a referirse a la presencia china en la región, pasando de la presencia comercial al terreno militar, destacando que comercian, financian e invierten con mucha más facilidad que en Europa.
Meses antes, el 15 de febrero, interviniendo ante el Senado estadounidense, el almirante Kurt Tidd, que encabezase hasta fines de 2018 el Comando Sur de Pentágono le dio a la movilización a desarrollar una nueva dimensión, manifestando que para enfrentar el desafío chino en América Latina “no alcanza el esfuerzo de todo el gobierno: hace falta el compromiso privado, en especial de las empresas multinacionales”. Esta orientación se ha expresado además en temas concretos. En el acuerdo alcanzado con México y Canadá para reemplazar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, uno de los objetivos buscados fue establecer limitaciones para terceros actores, ante todo China. Trump en su entrevista con Mauricio Macri, durante los días del G20 en Buenos Aires, hizo explícita referencia al “compromiso de enfrentar la economía depredadora de China”, de acuerdo con la versión estadounidense del acta.
Previo a la reunión del G20, John Bolton fue a Brasil para entrevistarse con Jair Bolsonaro, siendo China uno de los temas presentes en el encuentro. Durante la campaña electoral Bolsonaro visitó Taiwán, que Beijing reclama su pertenencia. El comercio entre Brasil y China supera anualmente los US$75.000 millones. En los últimos catorce años las inversiones de empresas de la potencia asiática en el mayor país de la región alcanzaron a US$124.000 millones. De allí la importancia asignada por la Casa Blanca al papel que puede desempeñar el gobierno de Bolsonaro en su estrategia
El tema de obtener financiamiento para el muro –transformado en uno de los puntos centrales del discurso político de Trump- condujo a que se iniciase el año con un cierre parcial gubernamental cuando comienza una nueva etapa política durante su administración, caracterizada por la existencia de una estructura en el poder dividida, al tener los demócratas el control de la Cámara de Representantes. Las reuniones citadas por el mandatario con los líderes demócratas en el parlamento, las efectuó insistiendo en que no suscribirá ninguna ley que conceda recursos para poner fin al cierre parcial de no otorgarse fondos para el muro, propuesta que la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, calificó de “inmoral”. A la salida de la reunión efectuada el 4 de enero, los líderes demócratas relataron que Trump amenazó con mantener el cierre “durante meses e incluso años”. “Le dijimos al presidente –expresó Chuck Schumer, líder de la minoría demócrata en el Senado –que necesitamos que el gobierno se vuelva a abrir. Él –añadió- se resistió. De hecho, dijo, que mantendría el gobierno cerrado por un periodo de tiempo muy largo (…)”. Ello se producía cuando dos senadores republicanos de Estados vulnerables para obtener su reelección en el 2020 se pronunciaban por demandar que se pusiese fin al cierre, con o sin financiamiento para el muro.
Pocos días después, en un discurso por televisión, Trump sostuvo que el muro se financiaría indirectamente por el “gran acuerdo comercial con México”, el cual aún no ha sido sancionado por el Congreso, y no contiene ninguna disposición estableciendo que en el caso de generar ingresos fiscales ellos se destinarían al propósito mencionado por el gobernante. Al mismo tiempo insistió en la entrega de los fondos solicitados al Parlamento, condición a su juicio necesaria para poner fin al cierre parcial de la administración, el cual en ese momento ya duraba más de tres semanas. Los demócratas ofertaron para posibilitar poner fin al cierre, US$1.300 millones para seguridad fronteriza, propuesta que contó con el apoyo de republicanos en el Senado, pero Trump lo rechazó. “El hecho es –replicó Nancy Pelosi- que el presidente Trump ha elegido tomar como rehenes a servicios críticos como la salud, la seguridad y el bienestar de los estadounidenses y retener las nóminas de 800.000 trabajadores inocentes. Quieres -concluyó- forzar al contribuyente a financiar un muro ineficaz, que siempre dice que haría pagar a México”.
Posteriormente a su discurso, viajó a McAllen, en Texas, amenazando al salir de la Casa Blanca que de no otorgársele definitivamente el financiamiento para el muro declararía una emergencia nacional, lo cual le permitirá recurrir a fondos federales destinados a las fuerzas militares para cumplir con su obsesión, lo cual de intentar hacerlo seguramente abriría una pugna constitucional porque pasaría a llevar atribuciones entregadas al Parlamento. The Washington Post aseguró que “no se puede retirar dinero del Tesoro”, sin la previa aprobación del Congreso. La existencia de una crisis que amerite la declaratoria es rechazada como causal por los demócratas. Mientras tanto, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en una conferencia efectuada en el Economic Club de Washington, hizo ver que el cierre gubernamental de prolongarse afecta no solo a ingresos personales y al funcionamiento de servicios públicos, sino que puede incidir en repercusiones económicas generales .
Hugo Fazio