Intervención del economista y director del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo, Hugo Fazio en el lanzamiento de su reciente libro:
El libro que hoy presentamos, publicado por Ediciones Cenda e impreso, diseñado y diagramado por Lom, nos plantea la pregunta ¿Por qué regresó Piñera? ¿Por qué vuelve a presidir Chile un integrante del 0,01% de la población que se apodera de un alto porcentaje del ingreso total? Eso es un país en que subsiste una profunda desigualdad en la distribución del ingreso y en el cual objetivamente los intereses de esa minoría chocan con los de la gran mayoría de la población. Desde luego, dicha posición dominante y su control de numerosas áreas de la vida nacional, entre ellas por ejemplo los medios de comunicación, nos ayuda a entender el por qué del regreso.
El peso de la pequeña cúpula del gran empresariado chileno es tema de estudios en el exterior incluida la Escuela de Negocios de la Universidad de Chicago. El periodista Daniel Matamala, que finalizó recientemente una pasantía de tres meses en esta instancia académica relata que en ese centro de estudios, Seth Zimmerman lleva años midiendo la formación de la cúpula empresarial chilena, de la cual forma parte Sebastián Piñera, llegando a la conclusión‚ “deprimente”, de acuerdo a sus propias palabras que‚ los puestos en la cúspide de los negocios y en el 0,01% más rico del país siguen en gran medida reservados a los egresados de nueve colegios privados del barrio oriente de Santiago. ¿Qué impide a nuestra democracia –se pregunta Matamala- romper el lazo entre negocio y política? Esta relación también es parte no menor en la respuesta a nuestra pregunta.
El periodista cita a otro investigador de Ciencias Sociales de la Universidad de Chicago, James Robinson, coautor del libro ¿Por qué fracasan los países?, que considera improbable el acceso de Chile al desarrollo de no modificar‚ la influencia de las redes sociales de la “élite” en la política y sociedad, mostrando signos de que dicha relación‚ ha empeorado en el último medio siglo. Otros ponen el acento –destaca el periodista en sus “apuntes de un Chicago Boy” en que nuestro país está atrapado en la exportación de materias primas, con un élite cerrada y homogénea, y casos rampantes de captura del Estado como la Ley de Pesca y los negociados de SQM.
Nuestro libro lo cerramos, entrando a su proceso de impresión hace tres meses. Por tanto, hoy podemos extender el análisis efectuado en el texto a lo acontecido en este período. En los días recientes volvió a colocarse de gran actualidad el acuerdo suscrito al finalizar el gobierno de Michelle Bachelet entre SQM y Corfo al nominarse por el directorio de la minera no metálica a Julio Ponce Lerou y a su hermano Eugenio ‚asesores estratégicos‛ de la empresa. Estas designaciones provocaron una polémica entre el exvicepresidente de Corfo, Eduardo Bitrán, y abogados participantes en la negociación sobre si dicho acuerdo viola o no el convenio suscrito. Los temas de fondo son, desde luego, otros. El más relevante es que el acuerdo no se condice con el interés nacional, al acordar aumentar la cuota de explotación de litio a una empresa privada, el cual agravando lo condenable de esta decisión se efectuó con una sociedad, que bajo la presidencia de Julio Ponce, al proporcionar financiamiento transversal ilegítimo a diferentes actores del mundo político, es responsable del mayor escándalo producido en el país por un gran actor económico. Por lo demás SQM fue condenada por la justicia norteamericana debido a esta conducta y está sometida a una exasperantemente larga investigación en el país cuando existen grandes esfuerzos, como decimos en el texto que estamos presentando, para ‚bloquear los escándalos de connotación política‛, incluyendo en ello a la propia Fiscalía.
“En España –escribió María Jaraquemada, directora de Incidencia de Espacio Público- a partir de una contundente sentencia que estableció que se había creado ‘un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional (…)”, en el cual el Partido Popular había obtenido beneficios económicos cuantificables. Las penas para los responsables llegan hasta los cincuenta años de cárcel. En Chile, pese a que han existido casos de corrupción y financiamiento ilegal a la política, solo un parlamentario enfrenta posibles penas efectivas de cárcel. Otros involucrados han enfrentado salidas alternativas e incluso un conocido empresario acaba de asumir como asesor externo de una empresa sancionada dos veces por la ley.
La polémica producida ratificó que la negociación del acuerdo Corfo-SQM se efectuó en los hechos también con representantes de Julio Ponce, como son Rafael Guilisasti, presidente de Pampa Calichera, una de las empresas cascadas del exyerno de Pinochet a través de las cuales mantiene una posición controladora en SQM, y Patricio Contesse Fica, que es a su vez director de todas las sociedades cascadas. Es decir, un acuerdo negativo para el país se negoció entre estas partes en abierta contradicción con las conclusiones de la Comisión establecida por la propia presidenta para estudiar el tema del litio, que sostuvo el papel hegemónico en su explotación del Estado.
Chile requiere una política nacional para el litio, que permita colocar su producción en un nivel elevado, aprovechando las ventajas materiales que se obtenga para el país y sus habitantes. Este tema trascendente se puso en el tapete. La Comisión de Minería de la Cámara de Diputados inició la tramitación de un proyecto de ley que permita declarar al litio como recurso de interés nacional y comenzar su proceso de nacionalización: “Nosotros creemos –manifestó Pablo Vidal, diputado del Frente Amplio- que estamos ante un momento histórico. Así –agregó- como el Congreso Nacional tuvo la capacidad (…) de nacionalizar el cobre, creemos que este Congreso tiene la capacidad de hacer lo mismo con el litio”. Este es un gran desafío a colocar en el centro de las demandas democratizadoras.
“Traten de explicar a un extranjero –desafió el periodista Daniel Matamala, a quien ya citamos- que el exyerno del dictador aún controla el litio, sin sonar como si vinieran directo de una republiqueta bananera”. El tiempo exige actuar rápidamente, Australia superó a Chile en producción el año pasado de litio contenido, según las cifras del Servicio Geológico de EEUU (USGS), al registrar 18.700 toneladas contra 14.100 del país, al poner en explotación nuevos proyectos.
El análisis de nuestro tema lleva necesariamente a analizar lo transcurrido en el país durante el cuatrienio que separa a los dos gobiernos encabezados por Sebastián Piñera. “Ello conduce a analizar críticamente, con sus luces y sombras –decimos en la introducción-, el gobierno de la Nueva Mayoría”, dejando expresa constancia que no nos propusimos analizar el período en sus múltiples facetas, sino concentrándonos especialmente en sus expresiones económico-sociales.
“A mi parecer -señalaba hace unos días atrás en una entrevista de prensa el senador demócrata cristiano Francisco Huenchumilla-no se ha hecho un análisis o introspección de las causas de nuestra derrota (…). Pero evidentemente es fundamental hacer una evaluación de que fue lo que falló en la Nueva Mayoría, para que dejáramos el gobierno en manos de la derecha. Ese –opinó- es un proceso que se está viviendo, pero todavía no veo la luz al final del túnel”.
En el texto se busca sacar algunas conclusiones de este período que nos aporten a la respuesta a nuestra pregunta. “El programa de reformas propuesto en el Programa de gobierno de Michelle Bachelet se propuso‚ resolver las brechas de desigualdad que hoy tenemos (lo cual) nos exige realizar cambios profundos y estructurales”, subrayándose en particular‚ avanzar hacia una educación más equitativa y de calidad en todos sus niveles. La envergadura de esta tarea, así como la implementación de otros programas que apuntan a una mayor igualdad –se señaló- nos exigen reformar nuestro sistema tributario”1
Sin duda en educación se lograron significativos cambios, tanto es así que el propio Sebastián Piñera debió incorporar avances, como el de la gratuidad, a sus formulaciones durante su campaña electoral. Pero, con la reforma tributaria, cuando transcurría poco más del primer año de gobierno se cometió el error de consensuarla con la derecha, manteniéndose eso si el incremento en el gravamen de primera categoría, que incluso en un hecho que requiere entenderse el por qué se incrementó de 25% al 27% para las empresas más grandes. La explicación, en nuestra opinión reside –como lo expresamos en la introducción- en que la derecha privilegió mantener mecanismos de elusión eliminados drásticamente en el proyecto original. Lo expresó claramente la actual consejera del Banco Central y en ese momento subdirectora del udista Instituto de Libertad y Desarrollo (ILD), Rossana Costa. “Lo fundamental del protocolo de acuerdo –subrayó– es que hace un aporte relevante al reponer incentivos al ahorro con el sistema semiintegrado. Poco quedaría de rescatable de este complejo acuerdo si un elemento sustantivo del mismo, como limitar el uso de los recursos no retirados (…) fuese acogido y prosperara”. En otras palabras, significó la mantención de un sistema similar al Fondo de Utilidades Tributarias (FUT) donde se encontraban a la fecha de su eliminación acumulados recursos en su monto superior al producto anual del país, los cuales quedaban a libre disposición de las grandes empresas, dedicándose en un alto porcentaje a actividades especulativas.
Esta decisión de los sectores de derecha solo es entendible, teniendo presente la correlación política existente en ese momento después de una victoria electoral aplastante y de su derrota de igual magnitud. Consensuar en el tema tributario con ella significó explícitamente no enfrentarse a los grandes intereses que representa. Este fue una de las grandes debilidades del proceso de cambios que se encontraba en curso. Si se hace hoy un balance es evidente que en el cuatrienio no se modificó la distribución de los ingresos, lo cual requiere que se redistribuya de otra manera disminuyendo la participación de la minoría dominante. Eso no se hizo. La ‚cocina‛ de la reforma tributaria debilitó el proceso de transformaciones en un aspecto central si se deseaba cambiar realmente la regresividad en la distribución de los ingresos.
Obviamente, el programa de gobierno se propuso reducir este gravamen, disminuyendo en el mecanismo tributario semiintegrado el impuesto de primera categoría de 27% a 25%. Sin embargo, sorpresivamente en la cuenta pública del primero de junio se informó que se desistía de este propósito, provocando el descontento público del gran empresariado y de centros de estudios de derecha. ¿Por qué se hizo? Una explicación puede residir en que se entendió no existían condiciones para hacerlo, dada la decidida oposición política expresada. Una segunda es el impacto a producirse en los ingresos fiscales, que disminuirían en unos US$2.000 millones, cuando se ha colocado en primer lugar como objetivo la reducción del déficit fiscal. Se demostró que si en el Congreso se expresa la oposición a retrocesos que el Gobierno se propone, en este caso favoreciendo abiertamente a los sectores de más altos ingresos, la derecha no logra sus objetivos. Más fuerte sería esa imposibilidad si las exigencias públicas se mueven en la misma dirección. Lo concreto es que constituyó el primer objetivo programático públicamente abandonado. A la fecha sigue el gobierno sin precisar en qué consistirá la reforma tributaria de la cual habla.
La adquisición por el consorcio chino de las acciones serie A en SQM de la canadiense Nutrien conduciría a una elevada concentración en la producción y comercialización de litio a nivel global. La norteamericana Albemarle, presente también en el Salar de Atacama, junto a SQM, en Australia está asociada con Tianqi. Las tres empresas controlarían el 70% de la producción mundial. La Fiscalía Nacional Económica dio a conocer la semana pasada que acogió las presentaciones a investigar este caso, lo cual por el momento paraliza la operación. El acto elusivo es evidente y el directorio de SQM aprobó una figura para hacerla posible el cual de aceptarse permitiría que la operación se concrete sin cancelar impuestos. ¿Se consumará o se impedirá este latrocinio al país? El Fisco de Chile –expresó, con razón, el abogado Medardo Lagos- no puede permanecer impávido frente a una publicitada transacción diseñada de forma tal que se evita el pago de cifra millonarios de impuestos (…)‛.
Otra debilidad fundamental en los procesos de reformas, donde se obtuvieron avances notorios en varios terrenos y debe impedirse los retrocesos que busca lograr el Gobierno Piñera, hasta ahora fundamentalmente a través de decretos o de decisiones del Ejecutivo, no de leyes, fue no llevar adelante las transformaciones en entendimiento y con la activa participación de los sectores sociales receptores de sus beneficios, lo cual es claro exigía muchas veces darle a los cambios una profundidad mayor. Ello tuvo igualmente consecuencias políticas negativas para los partidos integrantes de la coalición de gobierno en su relación con los actores sociales y su nivel de influencia en ellos. El ‚costo‛ se produce si no se gobierna buscando concordarlos con el movimiento social, que lógicamente en muchos casos demandaba ir más lejos.
Por ejemplo, una gran movilización masiva ha sido el movimiento No+AFP. Sin embargo, los proyectos de reformas al sistema previsional del gobierno de Michelle Bachelet, desempeñando un papel protagónico Rodrigo Valdés, nada propusieron en usar los recursos gigantescos que mes a mes quedan en manos de las AFP. Los Índices Mensuales de Actividad Económica Interna, IMACEI-CENDA, elaborado con las cotizaciones de abril del sistema previsional, que es el último conocido, constataron que en los últimos doce meses las AFP se apropiaron del 28% de las cotizaciones totales, casi dos billones de pesos en comisiones y primas netas. Ello se produce reiteradamente desde hace muchos años. De modo que si se utilizasen estos recursos en pensiones se podría incrementarlos inmediatamente. Este es el desafío a enfrentar.
Más aún, se defendió un incremento a las cotizaciones con el propósito de aumentar las pensiones, cargándolas en lo fundamental a los propios trabajadores, lo cual se presentó como un desembolso a hacerse por los empleadores. Por tanto, no se buscó sintonizarlo con el movimiento masivo. Los avances conocidos del proyecto que ha anunciado enviar Piñera también se basan en un aumento de las cotizaciones de igual carácter y con la misma presentación, con el agravante que se haría aumentando aún más los recursos que quedan en poder de las AFP.
¡Que diferencias más abismantes con el gobierno de Salvador Allende! Basta solo recordar y analizar como se explica que la nacionalización del cobre se aprobase en el Congreso por unanimidad, sino teniendo presente el gran apoyo de masas alcanzado en un proceso de muchos años. ¿Seremos capaces de hacer otro tanto con el litio?, lo cual obviamente no se consigue con acuerdos espurios como el alcanzado a través de la Corfo con SQM.
El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, anunció, cumpliendo con la irracionalidad de la regla fiscal existente, la política a efectuar en este plano durante todo el gobierno, perdiéndose completamente de vista que la economía tiene un curso cíclico con variaciones a veces no previsibles. ‚Una de las debilidades del método de cálculo –han constatado sus exintegrantes, removidos por Larraín, Andrea Repetto, José Yañez y Juan Pablo Medina- es que no reconoce la incertidumbre que naturalmente conlleva una estimación como esta. Un segundo ámbito para la discusión –añadieron- es sí la regla del BE (Balance Estructural) es suficiente como para guiar la política fiscal‛.
El anuncio se comprometió a disminuir el déficit fiscal estructural de un 2% del PIB en 2017 a 1,2% en 2021, reduciéndolo anualmente en un 0,2% del PIB. Esta reducción en los dos primeros años desaparece por hechos ya evidentes, como ha señalado Andrea Repetto. ‚Ello –señaló- se debe a problemas contables asociados a las pérdidas de Codelco en años recientes, algo que se resuelve solo sin esfuerzo fiscal. (…) en unos meses más será -1,6%, sin que el gobierno haga algo‛. Durante la campaña electoral se había planteado alcanzar el equilibrio presupuestario en un lapso de seis a ocho años. Así se pone en el centro del manejo fiscal la reducción del déficit estructural. Y en la coyuntura se anuncian medidas de ajuste. El profesor de Economía de la London School of Economics, Paul De Grauwe, analizando la realidad europea, ha insistido en que la obsesión ‚de no financiar inversiones con deuda es una regla autoimpuesta estúpida. (…) se fija solo en el lado del pasivo y olvidan los activos. No tiene –agregó- ningún sentido económico y no se haría en ninguna empresa privada. No hay nada erróneo –concluyó- en añadir activos productivos financiados con deuda siempre que se trate de inversiones productivas. Pero esto no está permitido ¡Es una locura!‛.
El presupuesto fiscal 2018 se aprobó autorizando un crecimiento del gasto público de 3,9%. Obviamente las medidas de ajuste deben conducir a su reducción, ubicándose dentro del objetivo difundido en las más variadas circunstancias por Sebastián Piñera, de que su incremento debe ser inferior al que experimente el producto como lo recalcamos en el libro que estamos presentando. En los cuatro primeros meses de 2018, de acuerdo a las cifras entregadas por la Dipres, el gasto público llevaba en el año un aumento de 6,1% con relación a los mismos meses de 2017, lo cual exigiría para cumplir con lo programado apretar el gasto público en lo que resta del año. Esta cifra eso sí es inferior al aumento obtenido en los ingresos ante todo por los mayores aportes provenientes de la minería, los cuales en los mismos meses alcanzaron a un 8,1%. Es decir, ya se está produciendo una disminución en el déficit fiscal efectivo.
El manejo macroeconómico entre los dos gobiernos de Sebastián Piñera también requiere un análisis crítico, particularmente desde el cambio ministerial cuando Rodrigo Valdés asumió la cartera de Hacienda. Durante la mayor parte del cuatrienio, Chile vivió una fase que dio origen al título de nuestro libro anterior, igualmente publicado por Ediciones Cenda, Chile su larga fase de recesión con crecimiento, un período donde la economía crece, pero lo hace por debajo del incremento que experimentan los factores productivos. Ahora bien, fue una etapa del ciclo económico iniciado en los últimos meses del anterior período del actual presidente, como consecuencia de la caída global de la inversión minera, pero también de lo que denominamos en el texto actual ‚su obsesión por el equilibrio fiscal‛. Cuando el en ese entonces presidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, hablaba a fines de 2013 de que la desaceleración de la demanda interna se había ‚profundizado‛. Su gobierno, con Felipe Larraín también como ministro de Hacienda, reforzaba está tendencia al aplicar su tesis ya reiterada de que el gasto púbico debe crecer menos que el producto.
Evidentemente en la fase de recesión con crecimiento debían aplicarse políticas económicas anticíclicas. Ese carácter tuvo la monetaria del Banco Central de tasas de interés, pero como volvió a demostrarse globalmente después de la Gran Recesión de fines de la década pasada, ellas tienen un escaso o nulo efecto en los momentos de baja actividad. Es un mecanismo, como dijo Keynes, asimétrico, su efectividad se produce en los momentos de crecimiento. A ello se sumó la repercusión negativa en el accionar del instituto emisor que defendió permanentemente dejar entregada la evolución del tipo de cambio al mercado. Por tanto, no empleó este mecanismo con objetivos anticíclicos.
Finalmente, en materia fiscal con Rodrigo Valdés se impuso el criterio de propender a ajustes presupuestarios, llegándose a una situación extrema cuando en 2017 se aprobó reducir la inversión pública. Propuesta efectuada por el Ejecutivo y aprobada por el Parlamento, que tienen en consecuencia responsabilidad en ello. Por eso, es inadmisible que su principal promotor, el exministro de Hacienda, haya escrito un documento publicado hace pocos días por la Universidad de Harvard, titulado ‚Crecimiento redistributivo y cambios de coaliciones. Una visión desde Chile‛, en el cual con oportunismo critica que durante el gobierno, del cual fue actor central en estos temas, se ha ‚descuidado‛ el crecimiento, ignorando el papel de los incentivos y la estabilidad de las reglas en una economía de mercado‛.
Desde luego, que bajo niveles de actividad económica, conducen a consecuencias negativas en la población. Fue en consecuencia otra orientación que ayuda a explicarse el por qué del regreso de Piñera, que levantó el tema del crecimiento como uno de los puntos fuertes de su campaña electoral presidencial.
La fase de recesión con crecimiento comenzó a revertirse en la segunda mitad del año pasado, como consecuencia fundamentalmente de factores externos como el alza en la cotización del cobre; que la economía mundial entró, usando el lenguaje utilizado por el FMI, en una fase de ‚recuperación sincronizada‛; que China el principal mercado para las exportaciones del país mantuvo un crecimiento alto; y las tasas de interés en los centros financieros fundamentales se mantuvieron bajas. Este nivel comienza a revertirse con la política de la Reserva Federal norteamericana de aumentar su tasa de política monetaria y reducir gradualmente los gigantescos activos financieros acumulados. La semana pasada incrementó su tasa de interés de política monetaria a 1,75% y 2%, anunciando la intensificación de movimientos alcistas en el resto del año. Ello refuerza la salida de recursos financieros de otros países, entre ellos Chile. Esta tendencia ya repercutió fuertemente en las economías de Argentina, Brasil y Turquía.
En el país, ya en octubre-diciembre de 2017 la formación bruta de capital fijo, es decir la inversión productiva, experimentó un incremento de 2,7%, después de cuatro años de constantes cifras negativas. La semana pasada, el Banco Central entregó su informe de política monetaria a junio. «La economía chilena –dijo Mario Marcel al presentarlo- avanza en la recuperación del crecimiento. (…) este es un buen comienzo para una etapa más favorable del ciclo económico», la cual constató, «se empezó a ver a mediados de 2017». El IPoM vinculó este proceso al ‚mayor dinamismo de los primeros meses del año en la formación bruta de capital fijo‛ ello «es clave –se agregó- para explicar el ajuste en el rango del crecimiento del PIB en el 2018». En el primer trimestre en consecuencia, antes del gobierno Piñera, se incrementó en 3,6%. Proyectando el aumento promedio anual en 4,5%. Marcel recalcó en la ‚importancia que la recuperación se profundice‛, advirtiendo que aún es prematuro ‚asegurar un dinamismo relevante de la inversión‛, dado que no existen todavía proyectos de envergadura de las grandes empresas. El aporte fiscal debería ser incrementar la inversión productiva.
Para el informe los principales riesgos para el cumplimiento de las cifras proyectadas, provienen desde EEUU, destacando el efecto negativo para el país que tiene el alza de tasas de interés por la Reserva Federal y las medidas arancelarias adoptadas por la mayor economía mundial. Un reciente informe del FMI sobre EEUU advierte igualmente que las vulnerabilidades generadas por las políticas de Donald Trump empiezan a acumularse y ello eleva los riesgos globales.
La semana pasada, la Casa Blanca anunció que en los primeros días de julio se pondrá en aplicación un aumento en los aranceles provenientes desde China por US$50.000 millones, de manera escalonada afectando a sectores que Beijing considera fundamentales en el cumplimiento de su programa de innovación tecnológica. El ministro de Comercio chino inmediatamente respondió que se procedería igualmente de manera escalonada a gravar por el mismo monto importaciones provenientes del Medio Oeste norteamericano y a producciones de la industria automotriz afectando a sectores considerados entre los grupos de apoyo electoral de Donald Trump. Los más afectados serían los exportadores de soja, que tienen al país asiático como su principal adquirente a nivel global, US$12.000 millones anuales. Estas medidas se anunció por ambas partes se pondrían en ejecución el 6 de julio.
La intensificación de los anuncios continúa. Anteayer, Trump dio a conocer un nuevo comunicado: ‚He pedido –dijo- al representante de EEUU para el Comercio Exterior que identifique productos chinos por valor de US$200.000 millones a aplicarle aranceles adicionales de 10%. Esta última acción de China –añadió- indica claramente su determinación de mantener a EEUU en una desventaja permanente‛. La repuesta de Beijing no se hizo esperar: esas nuevas medidas se responderían con múltiples medidas tanto cuantitativas como cualitativas. «Estados Unidos –agregó- ha iniciado una guerra comercial y violado las leyes del mercado y está dañando los intereses no solamente de China y Estados Unidos, sino del resto del mundo».
El total de los aranceles incluidos en los anuncios de Trump se acerca así ya a la mitad de las importaciones efectuadas el año pasado desde China, que alcanzaron a US$505.000 millones, y superan las realizadas por el país asiático, que sumaron el mismo año US$130.000 millones. Por ello, la respuesta de Beijing hizo referencia a medidas cuantitativas y cualitativas.
Estos hechos conducen, señaló un informe dado a conocer recientemente por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, a afectar la cadena de valor global. Hace notar que durante 2017 disminuyeron los flujos mundiales de inversión extranjera directa en un 23%. Los riesgos puntualizó son elevados, crece la incertidumbre y el crecimiento de las tensiones comerciales puede afectar el futuro inmediato.
En el libro recordamos una intervención efectuada a comienzos de febrero por el entonces secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson, poco tiempo después removido por Donald Trump de su cargo, como aconteció con otros altos funcionarios, afirmando que la doctrina Monroe, expuesta en el siglo XIX y utilizada por EEUU para justificar intervenciones en la región sería‚ tan importante hoy como antes‛. En su gira efectuada inmediatamente después por algunos países de la región, incluido Chile, Tillerson levantó como un tema central incrementar la presión contra el gobierno venezolana, accionar que en estos tres meses se intensificó. Tillerson al efectuar un balance al finalizar su recorrido dio a conocer que se había concordado en mantener un contacto permanente para adoptar nuevas medidas conjuntas sobre Venezuela, en lo cual ha desempeñado un activo papel el llamado grupo de Lima, denominada así por reunirse inicialmente en la capital peruana cuando Pedro Pablo Kuczynski era su presidente, poco tiempo antes de que debiese renunciar para evitar que el Congreso del país declarase la vacancia del cargo, acusado de corrupción por los vínculos tenidos con la empresa constructora brasileña Odebrecht, que buscó siempre negar en contra de los hechos.
Un destacado impulsor de las posiciones desarrolladas por el grupo de Lima fue Heraldo Muñoz, canciller chileno durante el gobierno de Michelle Bachelet, elegido hace pocos días presidente del PPD. Julio Borges, expresidente de la Asamblea Nacional venezolana, invitado por Sebastián Piñera a la trasmisión del mando presidencial, valoró este desempeño públicamente. ‚Nuestros agradecimientos en el caso de Chile –expresó– (…) por la presencia de Heraldo Muñoz en todo el proceso de negociación. Tuvo –agregó– unas posiciones muy fuertes (…), de mucha convicción. Para el gobierno (de Nicolás Maduro) fue una verdadera molestia tener las posiciones firmes del canciller Muñoz (…) y estoy seguro que en esta nueva etapa con el Presidente Piñera y con el nuevo canciller Roberto Ampuero, es un tema que tienen en el corazón (…)‛.
Julio Borges no se equivocó en su afirmación sobre la intensificación de este accionar por la dupla Piñera-Ampuero, como quedó marcadamente en evidencia durante la Asamblea General de la OEA efectuada en Washington durante el presente mes, donde el canciller actual tuvo un papel protagónico. Quizás –declaró el canciller venezolano, Jorge Arreaza- el gobierno de Piñera está en una competencia con el del presidente Macri para liderar el Grupo de Lima (…). Creo –insistió- que ante la salida por corrupción de Pedro Pablo Kuczynski, el presidente Piñera quiere ser designado jefe por EEUU del Grupo de Lima y en consecuencia, actúa como actúa‛.
Esta forma de conducirse por Sebastián Piñera se expresó ya claramente en la VII Cumbre de las Américas, efectuada en Lima, convocada teniendo como temática central el de la gobernabilidad democrática frente a la corrupción. Tema sobre el cual varios de los participantes, incluido desde luego el propio Piñera, estaban en condiciones de efectuar relatos personalizados de su experiencia en la materia.
La magnitud y extensión de los casos de corrupción en Latinoamérica –expresó Delia Ferreira, presidenta de Transparencia Internacional en vísperas de la Cumbre- no hace más que destacar la necesidad de adoptar medidas efectivas para poner coto a este flagelo. Si los presidentes reunidos en Lima, muchos de ellos acusados o sospechosos de corrupción, no abordan la cuestión será un indicio más de que sus compromisos contra la corrupción no son más que discursos (…). La sociedad civil –agregó- ha incluido expresamente el tema de la corrupción en los documentos que presentará ante las máximas autoridades de la región. La Cumbre de Lima –concluyó- mostrará quién es quién en la lucha contra la corrupción‛. Efectivamente se pronunciaron solo frases generales sobre el tema.
Como era presumible, la participación de Piñera en Lima, no se centró en la corrupción sino en la crítica al gobierno de Maduro y en restar legitimidad a las elecciones convocadas para el mes de mayo de presidente en ese país, además de expresar el respaldo al lanzamiento de misiles efectuado por EEUU, con el apoyo directo de Francia y el Reino Unido, al territorio de Siria pasando a llevar instancias de las Naciones Unidas.
La corrupción en las esferas gobernantes es un tema mundial. España en los días recientes entregó un nuevo ejemplo con el derrumbe del gobierno derechista de Mariano Rajoy. Su colapso se produjo apenas ocho días después que la Audiencia Nacional dio a conocer las condenas por el mayor caso de corrupción en los años de posfranquismo, en la primera etapa del denominado juicio Gürtel, denominado así por el apellido de quien encabezó los sobornos a políticos, fundamentalmente del Partido Popular, Francisco Correa (Gürtel es en alemán). El fallo sancionó también al propio partido como ‚participe a título lucrativo‛ al obtener beneficios de los sobornos efectuados.
Igualmente, en estos días en EEUU tuvimos otro ejemplo. La fiscal de Nueva York, Barbara Underwood, demandó a Donald Trump y a sus tres hijos a que disuelvan la Fundación Donald Trump, por haber empleado a una institución de fines aparentemente caritativos como «chequera» en la promoción de sus actividades hoteleras y financiar su campaña electoral «sin importar su fin o legalidad». Acusándolos de violar «de una manera extensa y persistente las leyes estatales y federales». Recaudaron precisó US$2,8 millones «de una manera diseñada para inferir en las elecciones presidenciales de 2016 bajo la dirección y el control de los cargos más altos en la campaña presidencial de Trump».
Por ello en el texto que hoy presentamos incorporamos un apartado sobre riqueza y poder político, constatando que en el proceso electoral el tema estuvo escasamente presente. Constituyendo una excepción cuando el senador de RN Manuel José Ossandón, antes de entregarle su activo apoyo en la campaña le recordó a Piñera que ‚no lo declararon reo por lindo‛. La táctica seguida en las investigaciones de sus empresas al recibir financiamiento de Penta o SQM, es tratar de quedarse al margen, siendo interrogados en las investigaciones terceras personas. El vespertino La Segunda efectuó el recuento. ‚Seis ex ministros de Estado, dos exsubsecretarios de su gobierno y el administrador electoral de la campaña que le permitió llegar a La Moneda (en 2010) (…) son los nueve colaboradores del expresidente Sebastián Piñera que han tenido que desfilar ante el Ministerio Público, o deberán hacerlo sea como testigos, imputados y algunos ya formalizados, por casos de cohecho o delitos tributarios. Los casos Penta, SQM, Corpesca (…) –concluyó– se han transformado en un dolor de cabeza para el exmandatario‛.
Al iniciarse su nuevo gobierno varios de estos casos continúan sin resolverse, lo favorece la conducta del SII de no querellarse y del Ministerio Público al debilitar ostensiblemente su accionar. La investigación efectuada en el país sobre estos hechos se realizó a partir de un momento con evidentes dificultades. Piñera por lo general no aparece directamente, las investigaciones eso sí se refieren a empresas que le pertenecen y a personeros de su confianza o del aparato que le ha rodeado. Desde luego ello igualmente nos ayuda a explicarnos por qué regresó Piñera.
Ahora bien, esperamos que este libro sea un aporte para entender el regreso a la presidencia de un componente del 0,01% de la población de mayores ingresos y contribuya al accionar político y social del país para retomar un proceso de cambio con un amplio apoyo mayoritario y de una profundidad muy superior al vivido entre sus dos administraciones.
20/06/2018