Nadie discute que Chile requiere una nueva ley migratoria. La actualmente vigente proviene de tiempos de la dictadura. Necesitamos una ley que asuma la realidad de la inmigración y los desafíos que implica. Una legislación que respete a los inmigrantes y que, efectivamente considere los estándares internacionales establecidos al respecto.
Pero a partir de la intervención del Ejecutivo, en la cual anuncia indicaciones a la Ley de Migración se han desatado muchas preocupaciones y no menos críticas. El tono y el sentido de las palabras presidenciales se asemejan a la idea conservadora de que ha llegado la hora del orden, de que la fiesta se terminó y otras por el estilo y ello estigmatiza y agrede a miles de personas que se han avecindado en nuestro país en la humana búsqueda de, lo que estiman, mejores condiciones de vida.
Las palabras presidenciales tienen además un carácter connotativo: refuerza prejuicios y fomenta intolerancias -más allá de si es o no su intención- y con ello deteriora la necesaria solidaridad que siempre debiera existir entre los seres humanos y los pueblos.
Tal es así que, tras los anuncios presidenciales, diversas organizaciones de migrantes y promigrantes que actúan en nuestro país, estimaron fijar su posición ante las indicaciones anunciadas y que afectarán los procesos de movilidad y migración.
Junto con reconocer la intención de actualizar con urgencia la ley migratoria y valorar la necesidad de instituciones con mayor capacidad de atención, señalan que “en ningún momento se consultó ni se dialogó la propuesta con el grueso del movimiento migrante y promigrante en Chile. No hubo acercamientos de ningún tipo, ni siquiera en tono consultivo”.
Agrega la red de organizaciones que en la propuesta “cuando se habla de Derechos Humanos, no se refleja en la normativa, por el contrario, esconde un enfoque instrumental y basado en la seguridad del Estado”.
Más adelante recuerdan el caso estadounidense que establece diversas tipos y subtipos de visas como cuotas no sirvieron para frenar la migración en ese país. “la experiencia internacional -señalan- ha demostrado que los flujos migratorios, una vez establecidos no cesan por la restricción, ni por filtrar quien entra o no al país”. Las restricciones lo que hacen es “aumentar los pasos no habilitados, el tráfico de personas y la vulnerabilidad de derechos de cientos de migrantes”.
Entonces, se requiere de una nueva ley de migraciones, pero que tenga un enfoque de derechos; el flujo migratorio debe ser atendido como una realidad multidimensional. Una ley que debe concordar con los Tratados de Derechos Humanos suscritos por Chile y resguarde la dignidad humana sin discriminaciones y distinciones de ningún tipo.
Nuestro país no requiere de muros. Nuestras fronteras deben abrirse al libre flujo de seres humanos. No solo a los bienes y a los capitales. Tenemos suficiente riqueza para todas y todos. El problema es que esa riqueza está en pocas manos. Y esto sí que un problema.
Dilemas
Foto: Punto de prensa en Paseo Bulnes, Frente a La Moneda, de la Red Nacional de Organizaciones de Migrantes y Promigrantes en Chile.