Nuevo informe del Equipo Argentino de Antropología Forense reiteró lo sabido hasta ahora: no existen evidencias científicas que muestren que los jóvenes fueran incinerados en un basurero y con ello desmiente con fundamentos la versión oficial sobre el destino de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa secuestrados el 26 septiembre de 2014.
El informe llega a la misma conclusión entregada el año pasado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, enviados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En el documento, que se hizo público en conferencia de prensa en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, en la Ciudad de México. el equipo de peritos argentinos –integrado por forenses, antropólogos biólogos y otros expertos- advierte contradicciones en la investigación oficial, echando por tierra lo que el gobierno asegura es «la verdad histórica» de lo ocurrido.
Uno de los elementos centrales es que en el basurero de Cocula, Guerrero, no ocurrió un incendio de la magnitud suficiente para incinerar los cuerpos de los estudiantes, como señaló la Procuraduría General de la República. La versión oficial ha insistido que los estudiantes, luego de su detención por policías y sicarios fueron incinerados y sus restos lanzados a un río.
«Es tiempo de seguir la búsqueda de los estudiantes en otros lados», indica Mercedes Doretti, directora del EAAF, luego de señalar que en el basurero de Cocula no hay evidencia científica de que haya ocurrido un incendio con la intensidad y magnitud suficiente para incinerar y destruir los cuerpos de los jóvenes secuestrados. «No hay ninguna identificación positiva de los 43 en el basurero», agregó Modotti.
Lo que está claro hasta ahora, y es en lo que coinciden tanto la versión gubernamental como la entregada por organismos independientes, es que la noche del 26 de septiembre, los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa fueron detenidos por agentes de la policía de Iguala y Cocula al servicio del cartel de los Guerreros Unidos y entregados a sicarios de esa organización criminal.
Los estudiantes habían ido a la ciudad de Iguala, situada a unos 250 kilómetros de Ayotzinapa, con una sola intención: tomar varios autobuses de ruta para poder ir a Ciudad de México el 2 de octubre y participar así en la marcha que cada año conmemora una masacre de estudiantes ocurrida en 1968 en la capital mexicana.
Los forenses argentinos fueron invitados a participar en la investigación por pedido expreso de los familiares de los estudiantes.
Luego de que se conociera este informe, los padres de los estudiantes pidieron que el gobierno empiece una nueva investigación sobre lo ocurrido.
Los familiares de los estudiantes secuestrados han denunciado que el caso de los estudiantes de Ayotzinapa, demuestra la incapacidad del gobierno mexicano para realizar investigaciones y la facilidad que tiene para engañar a los familiares de las víctimas y al conjunto de la sociedad mexicana.
Hay que recordar que familiares de los estudiantes realizaron una visita a nuestro país para denunciar y reclamar la solidaridad de todos para que se haga justicia.