El indulto presidencial otorgado a Alberto Fujimori genera dolor e indignación que en los familiares de las víctimas de la represión fujimorista. que se acrecientan cuando el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski señala que los crímenes cometidos durante la administración dictatorial de Fujimori fueron “excesos” y “errores graves” y que es hora de “pasar la página”.
No hay que olvidar que, Alberto Fujimori fue condenado en 2009 a 25 años de cárcel por los casos La Cantuta y Barrios Altos. El primer caso ocurrió el 18 de julio de 1992, y se refiere al asesinato de 9 estudiantes y un profesor, quienes fueron secuestrados de la residencia universitaria de la Universidad Enrique Guzmán y Valle. Los secuestrados fueron torturados y asesinados, luego enterrados para posteriormente exhumar los restos, quemarlos y vueltos a enterrar en otro lugar.
Barrios Altos corresponde al secuestro asesinato, el 3 de noviembre de 1991, de quince personas, incluido un niño de 8 años que participaban de una fiesta barrial en la que se creía que participaban miembros de Sendero Luminoso
En ambas acciones estuvo involucrado el Grupo Colina, un destacamento de inteligencia que respondía las directrices emanadas de las autoridades del Estado, durante la dictadura de Fujimori, quien les garantizaba impunidad.
El contexto en que se otorga el indulto hace más oscura la decisión presidencial, dado que el trámite para pedir el indulto se inició en medio del proceso de destitución contra Pedro Pablo Kuczynski que impulsaba la oposición en el Congreso. El mandatario logró permanecer en el cargo gracias a los votos de abstención del legislador Kenji Fujimori (hijo del dictador preso) y otros nueve legisladores fujimoristas. Contexto que se complejiza aún más aún cuando el propio Pedro Pablo Kuczynski, había anunciado en reiteradas ocasiones que no otorgaría el indulto.
Hay que destacar que los tribunales de justicia que condenaron a Alberto Fujimori establecieron su responsabilidad en delitos contra los derechos humanos y con carácter de lesa humanidad. Y los crímenes de lesa humanidad son crímenes imprescriptibles e inamnistiables y por lo tanto, al ser crímenes irreparables, los criminales no pueden optar a beneficios carcelarios. De esta manera, se obliga al Estado a proveerle, alimentación, seguridad y salud al criminal, al mismo tiempo que se cumple la sentencia dictada por los tribunales de justicia con el fin de garantizar a futuro la no repetición de crímenes atroces cometidos al amparo del Estado. Es la propia Humanidad la que se resguarda de los crímenes.
Tras la decisión presidencial, miles de peruanos salieron a las calles para rechazar la medida y una avalancha de repudio recorre los pueblos latinoamericanos, especialmente aquellos que sufrieron dictaduras que hicieron del Terrorismo de Estado una práctica de gobierno. Repudio que se fundamenta en la existencia de sectores nostálgicos del autoritarismo que intentan establecer paralelos entre la decisión presidencial peruana y lo que habría que hacer en nuestros países con los militares y civiles sentenciados por crímenes de lesa humanidad.