Max Oñate Brandstetter*
“Si los dueños de las grandes fortunas
nos agreden legalizando el precio de nuestras vidas,
obtendrán nada más que el alzamiento popular”
Cartel anónimo de la guerra del agua
Los regímenes socialistas han tenido dos brechas de desarrollo a nivel histórico: O se incorporan a la legalidad del poder (que viene pasando desde Largo Caballero en España, Salvador Allende en Chile, Chávez en Venezuela, etc.) o irrumpen con una revolución política, que desencadena en la toma de las camarillas de la representación política, como ocurrió por primera vez en Rusia, China, Vietnam, Corea del Norte, La República Popular del Congo, Cuba, etc.
En el escenario de la estrategia política, Luigi Fabbri señalaba en “Dictadura y Revolución” que la necesidad de tomar el poder político –según se exponía en la literatura marxista al interior de Rusia- era para eliminar todo signo de poder de la oposición golpista y monárquica, pero que ello se debía a un empate técnico, porque el “proletariado” no tenía la fuerza de arrebatar el poder económico a la clase gobernante, pero que al conseguirlo habían solo dos caminos posibles: o arma una dictadura jacobina, como la de Francia, que guillotinó a Robespierre, o se avanza en la revolución social, la cual eliminará al Estado, pues no hay sobre quien ejercer la dominación.
Para el caso de los “legalismos socialistas”, siempre han sido atacados mediante la no colaboración productiva con el régimen –puesto que ni el Estado, ni el o los partidos, ni la masa popular tiene el control del poder económico- como estrategia de políticas regresivas e incumplimiento de programas de gobierno, mediante el chantaje de cortar el suministro alimenticio.
Este último antecedente, sirvió como campaña contra el gobierno de Allende, tratando de perfilar el “fracaso del modelo socialista”, pero utilizando un engranaje de poder de mayor alcance que la dimensión ejecutiva.
En el caso de Venezuela han utilizado una estrategia similar, sin embargo, en Venezuela el Partido Socialista Unificado tiene algo más que el gobierno; tiene las Fuerzas Armadas como componente político y constitucional, y por ese solo hecho, se hace muy difícil pensar la posibilidad inmediata de un golpe de Estado a la chilena, porque Venezuela cuenta con cuotas de poder superior al que tenía la Unidad Popular en aquella época.
En estas elecciones ha sido recurrente la herramienta política del cierre del discurso, en tanto preguntan “en Venezuela hay dictadura, ¿Usted está a favor de ella o no lo está?”, mostrando en parte el tejido ideológico de la comunicación oficial, monopolizada por gentes influyentes y con profunda agenda pública que a diario son expuestas en sus medios de comunicación.
Esta ventana es muy rara, porque hasta los candidatos de la derecha tradicional, quienes respaldaron una dictadura, con militares a cargo de las funciones públicas, repudian lo mismo públicamente, solo porque el distintivo ideológico y comunicacional son distintos; pero también porque ¿Podrían defender una dictadura de derecha a estas alturas de la historia, en que ellos mismos han buscado incesantemente desprenderse de la figura de Pinochet? La lógica indica que no.
En el año 1999, comenzó un proceso de privatización del agua en Bolivia, con el entonces presidente de la República (y ex dictador) Hugo Banzer, con la multinacional Bechtel (27,5%), impulsado por el Banco Mundial, mediante la ley 2029 de ese país. A este proceso de privatización del agua se sumaron licencias como Edison (USA), Politropolis SA, Petricevich y Soboce SA, Abengoa SA (España 25%) privatizando el 100% del suministro, incluso a niveles de ridiculez absoluta de privatizar hasta el uso de aguas lluvia, que la ley señalaba que quien la colectara, sería multado y procesado ante la ley.
Las tarifas del agua subieron en más del 50%, lo que causó la movilización popular contra las agresiones legales ante lo cual se aplicó la ley marcial por parte del Estado, dejando alrededor de 170 heridos y un muerto oficial, Víctor Daza, que tenía 17 años.
Hacia el año 2000, con reveces entre el socio mayoritario y el gobierno, estos retiraron una demanda simbólica (contra el gobierno, pero concretado recién el 2006) por las movilizaciones realizadas, y en ese año, obtienen un porcentaje mayor en las acciones, por lo que las tarifas suben un promedio de 350%, generando un clima mayor de descontento.
Geoffrey Thorpe, presidente del consorcio amenazaba con cortar el suministro si este era impago, lo que trajo la mediación de la iglesia católica y sindicatos de agricultores (principalmente cocaleros) quienes, ante la negativa, cortaron las calles espontáneamente, junto a carreteras; se decretó Estado de excepción, pero el prefecto Galindo presentó la renuncia a su cargo, siendo reemplazado por el comandante departamental de la policía, Eduardo Wayar.
En la paz, en forma de solidarizar con la demanda de los agricultores de Cochabamba, los universitarios armaban barricadas día y noche enfrentándose a la policía, pese a que el gobierno señalaba que los grupos de traficantes trasladaban a los campesinos para luchar contra el ejército, mientras que los campesinos exigían como medida, el aumento de sueldo para sanear el desastre económico del alza del agua.
En este marco, la policía declara que la seguridad de Bechtel no podría ser garantizada, y trasladan la empresa desde Cochabamba a Santa Cruz de la Sierra, donde se realizan (en la primera) enfrentamientos entre la policía y el ejército –algo impensable en nuestra “estabilidad política”- dado que el ejército interviene contra la violencia policial hacia la población, mientras que, en otras localidades, es la policía la que sale a defender al campesinado contra la violencia militar.
Oscar Olivera, jefe de la coordinadora del agua, firma un acuerdo con el gobierno que retira la privatización del agua, se deroga la ley 2029 y pone en inmediata libertad a todos los manifestantes detenidos y procesados en el contexto de las protestas nacionales.
De esta forma se pone un freno poderoso ante las lógicas del capital financiero (renacionalizando el recurso), que es difundido como lo mejor posible en el marco de estas elecciones presidenciales y parlamentarias, por parte de los periodistas que trabajan en los medios oficiales.
¿Paraguay o Venezuela?
En Paraguay, la dictadura militar de Alfredo Stroessner se realizó entre 1954-1989, y desde el año 92, se prohíben las reelecciones al cargo de presidente.
La dictadura paraguaya dejó un saldo de 20.000 exiliados, 400 desaparecidos y alrededor de 18.000 torturados según las cifras oficiales (1), el partido colorado se mantuvo como partido Hegemónico (como el PRI de México, que ostentó el poder durante 70 años) hasta que en el año 2008 El Frente Guasú de Lugo obtuvo el éxito electoral, pero fue destituido por fraude en el año 2013, donde Cartes entró a la presidencia representando al partido colorado y es quien estando hoy en el gobierno trata de construir su reelección, con resistencias en su propio conglomerado y Lugo en la posición; sin embargo el partido colorado ha ejercido su poder por más de 4 años continuos y busca reafirmar a su actual caudillo, rompiendo el esquema democrático dentro de la propia cultura paraguaya
En ese país tiene el control parcial de 44 de un total de 80 escaños, el Partido Colorado, aunque suene extraño, es un partido de derecha, próximo al ex dictador.
Cartes (oficialista) y Lugo (de la oposición) pretenden reelegirse, no lo permite la constitución y tanto facciones oficialistas como otras de oposición, se encuentran luchando para respetar la constitución, y por tanto, rechazan la idea de perpetuarse en el poder; de este modo buscan consolidar íntegramente la idea de “alternancia en el poder”.
A su vez, la ciudadanía se manifiesta favorablemente al aire republicano, y como consecuencia de la manifestación callejera, se ha generado in clima de alta inestabilidad política, solo comparable a lo que ocurre en Venezuela, pero con un gobierno de derecha ¿Por qué no se habla de esto en la misma sesión de preguntas televisivas, en el marco de la coyuntura electoral? ¿Se trata de evitar los fracasos del modelo librecambista en la región latinoamericana, y por ello se atacan las opciones de izquierda? ¿Por qué ningún candidato señala la derrota del modelo liberal (parcialmente) en Chile y en la región? Tal vez en esto consiste el ojo de los cientistas sociales, que van (o deberían ir) más allá de la coyuntura e instalar la discusión de fondo.
*El autor es Cientista Político, licenciado de la Universidad Academia Humanismo Cristiano.
(1) Comisión Verdad y Justicia, año 2008.