Por Max Oñate Brandstetter
“No hubo ningún tipo de agresión
por parte del personal de seguridad”
Metro de Santiago
Cada sociedad -al menos las que acostumbramos observar; aquellas constituidas en Estado-Nación, para poder establecerse- debe realizar la tarea de objetivación de la conducta humana, es decir: establecen mecanismos disciplinadores, so pretexto de garantizar la armonía social, que no es otra cosa que la obediencia a un “marco común” de lo aceptable y de lo condenable, dictado por la sociedad (aunque ésta no es más que una abstracción teórica, puesto que no es la sociedad en su conjunto la que determina lo bueno y lo malo, lo permitido y lo prohibido).
Tras los eventos de agresión mundial (guerras, amenazas de guerra, “terrorismo”, etc.), la democracia en tanto valor universal y universalista; en un “contexto del mundo globalizado”, ha incorporado en el lenguaje ciudadano, conceptos tales como: inclusión, no discriminación, no violencia, tolerancia, y muchos otros, que en estricto rigor no forman más que un meta relato, hoy reducido a una charlatanería conservadora.
En primer lugar, el poder –entendido éste como relaciones asimétricas de dominación- al objetivar (o al menos intentarlo) la conducta humana, debe rechazar, prohibir, relegar, excluir ciertas prácticas que sean difundidas como atentatorias contra el régimen y la sociedad (la misma suerte ocurre con dichos sujetos protagonistas de esas acciones, que para ello se utilizan medios como la cárcel o el asesinato), por lo que el gran eslogan propagandístico de “ni uno menos”, “aquí cabemos todos”, “trabajaremos por un Chile más inclusivo y menos discriminatorio” es una afirmación que niega los pilares de dominación en sí misma, pues necesariamente debe excluir, entonces ¿Qué sentido tendría establecer un dispositivo de control social extendido por todo el territorio y por cada ciudadano, que no está allí para normalizar conductas y rechazar su antagonismo? ¿Es posible establecer cuerpos de Estado-nación que no ejerzan la dominación sobre nadie?
No, pues esta composición clásica del mundo occidental divide la vida social entre administradores y administrados, entre élites y gobernados, entre el campo macroeconómico y los cotizantes de AFP.
En este marco, la transmisión cultural, para que la dominación sea entendida como algo positivo para quien se ve afectado por su existencia, debe ser distribuida por los medios de comunicación de masa y la ley.
La prensa oral y escrita, “… conscientes de su rol como “educadores” de ésta opinión pública y del aporte que podían (o pueden) hacer a la construcción de la nación” (1). Para los medios de comunicación (entendiendo que éstos poseen dueños económicos que tiñen la prensa con su juicio ideológico) es una suerte de tarea cívica que calza (o debe parecer que calza) el “mensaje o información objetiva” con las ideas y proyectos de lo que debe ser el país.
Este martes 6 de junio del presente, en pleno horario punta, la empresa Metro de Santiago presencio un “confuso” altercado, donde un menor de edad habría evadido el pasaje del Metro, pero terminó en un cuasi enfrentamiento entre usuarios y guardias de la estación Tobalaba.
Los testigos de los acontecimientos acreditan que el menor de edad (16 años) fue inmediatamente golpeado por el personal de seguridad, interfiriendo su pareja, otro joven (que fue golpeado, pero no en puntos ciegos del metro, al contrario del protagonista de ésta historia) y algunos adultos, que finalizó con la huida de los guardias, encerrándose con “el detenido”, mientras una turba atacaba las instalaciones, con la intención de enfrentar a los responsables de ese abuso.
Otro testigo, que grababa la agresión, fue golpeado en su mano, por parte del personal de seguridad, le trizaron la pantalla de su teléfono. Un adulto que se encontraba grabando (una vez ingresado el cuerpo de carabineros) le fue arrebatado el teléfono por estos y ahora enfrenta una formalización por “maltrato a obra de carabineros” donde dicha (y cuestionada) institución es juez y parte contra la palabra de un civil.
Metro de Santiago (la empresa Metro) realizó una conferencia de prensa donde advirtieron que: “la empresa no puede permitir la evasión” (lógico, desde el punto de vista de la seguridad de un negocio, aunque según la estadística oficial es menos del 1% la evasión en Metro) y además “aclarar” que “no hubo ninguna agresión por parte del personal de seguridad del Metro” y tras la reacción de la masa, “se le redujo (al evasor) y se le llevó a un lugar aislado”.
Como último punto, reconocen que el personal de seguridad fue protegido por el jefe de estación (como debe proceder en casos de esa naturaleza), pero dicen no entender la reacción de los ciudadanos, quienes “nada tenían que ver en la situación”, y procedieron “atacando a los trabajadores” contra quienes se preocuparon de la evasión y que aún no entienden la reacción de la gente en este incidente.
Metro afirmó presentar querellas contra los que resulten responsables tanto en la agresión a los guardias como en el daño físico que sufrieron las instalaciones de metro, mientras que el menor no podría hacer ingreso a dicha estación de Metro.
Este incidente es solo una postal, pero en este proceso electoral, el Estado quiere garantizar algo así como “paz social” a los nuevos licitadores del Transantiago.
Por un lado, están en plena campaña de persecución de vendedores y artistas callejeros en el Metro (lo que habla de una realidad microeconómica que no se puede tapar con un dedo), la persecución en las calles a los ambulantes.
Metro de Santiago ha desplegado mucha propaganda de que “te expones a una multa por comprar a los ambulantes” al mismo tiempo que las direcciones de las AFP, han señalado hace mucho tiempo que “todos los trabajadores” (incluidos los independientes) deben ingresar al sistema, lo que explicaría la persecución para desestimular la actividad “irregular” y provocar ganancias al fondo de pensiones (que ya sabemos cómo funcionan)
Por una parte el lenguaje de la inclusión, por otra parte la persecución, la ilegalización y la exclusión.
Como señalamos al principio, el poder normalizador, objetivante, debe fijar fronteras sociales entre lo legal e ilegal, entre lo justo y lo injusto, pero dado el actual escenario, esta razón del poder tiene dos raíces: la producción (trabajo, deberes, contribuciones y la obediencia a la ley) y el consumo (el pago a los dueños monopólicos del transporte, la feria diversa del comercio educacional, el pago –obligatorio- al fondo de pensiones) y dejar que las fuerzas de vigilancia y de castigo funcionen sin interferencia alguna.
Ésta realidad raya en el absurdo, como cuando se conforman ejércitos, donde los sujetos con armas en las manos juran y actúan para defender un sistema que les condena a la miseria.
En esta feria electoral, todos los candidatos hacen descripciones lejos de la cotidianeidad de los chilenos, que lejos de desestimularse para vender en la calle, están siendo arrastrados a la delincuencia.
“Si nadie paga, el transporte no mejorará jamás” es la gran propaganda estatal, pero plantea una fuerte e irrefutable contradicción:
Si un particular hace una licitación al transporte colectivo (de público no tiene nada) y entrega un piso montado en cuatro ruedas, con sillas de mimbre, no puede basar su desarrollo en la obediencia y la cooperación económica de los “usuarios” so pretexto de “con su ayuda esto mejora”, puesto que desde el inicio debe garantizar un buen servicio, no como esos buses destrozados, que se llueven, que están orinados, rayados, con vidrios rotos
¿Qué hacen los dueños del transporte con los dineros que reciben si con esos recursos no se preocupan de lo más mínimo? ¿Si Chile fuera más pequeño –demográficamente hablando- en vez de la gran evasión, recibiendo el mismo dinero de los que pagan, también sería culpable la ciudadanía de Chile del fracaso empresarial? ¿Si “todos” pagan se va la orina de los buses? ¿Es condición para mantener la higiene y el funcionamiento físico de los buses? ¿Los empresarios deben salar la ley y la transparencia?
Este es un tema político que se ha tratado moralmente, apelando a quien no paga está robando (y acusar de robo sin pruebas es falta grave) pero sin responsabilidades ni dimensiones políticas.
La empresa ALSACIA se ha declarado en quiebra, pero para poner fiscalizadores con sumas de dinero considerables (poniendo en proporción horas/dinero) y con un plan de control asociado al Estado, que recibe dinero, que paga muchos sueldos solo por concepto de fiscalización y vigilancia, pero no para reparar y limpiar los buses (lo que sería mejorar el servicio)
Hay dinero para hacer cumplir “el deber de pago de los usuarios” pero no para mejorar el servicio.
Que rompen las calles con sus trabajos y que nada hacen para solucionar el problema de tráfico cotidiano.
El mensaje es claro: preocúpate de trabajar y consumir, pero esto último debes pagarlo, aunque sea lo único disponible por el mercado y esté defectuoso, pues ese defecto es consecuencia de la irresponsabilidad de los demás que no pagan.
Los mecanismos disciplinadores han contribuido a fuertes cambios y mejorías en los países, pero en Chile contribuyen a las ganancias privadas del capital financiero.
(1) María José Schneuer. Ob. Cit en: Ernesto Guajardo Oyarzo, La Huelga de 1903 en Valparaíso. La “cuestión social” y la prensa porteña. Pág. 85. Valparaíso: Progresos y conflictos de una ciudad puerto (1830-1950). Estrada Turra, Baldomero (Compilador), Ril editores. Bibliodiversidad, Diciembre del 2012.
*El autor es Cientista Político, licenciado de la Universidad Academia Humanismo Cristiano.