Por Max Oñate Brandstetter
“Las clases más bajas se sublevan
por la desigualdad de la propiedad
y las clases más altas
por la distribución equitativa de los honores… ”
Aristóteles
Cuando ocurrió el “gran incendio de Chile”, como lo publicitó la prensa escrita y oral, hubo muchas coincidencias. La primera: Trump resulta electo presidente de USA, retirándose inmediatamente del TTP, tratado de libre comercio que se traducía materialmente en que “los máximos compradores de la madera chilena se retiraban del mercado”, acto seguido, Chile tomó la decisión estatal de retirarse y mágicamente comenzaron los incendios.
No se puede juzgar a nadie como criminal sin las debidas pruebas, sin embargo los hechos coincidentes marcan una severa sospecha sobre el mundo de la alta gerencia y el capital financiero.
Tras este evento, quedó en evidencia que a los sectores privados se le han entregado concesiones de negocios que ellos mismos no pueden proteger de catástrofes grandes, por lo que no serían en ese plano, garantes del desarrollo y del crecimiento económico.
Otro antecedente que quedó en evidencia, es el hecho de que el Estado de Chile arrienda el tipo de maquinaria necesaria para apagar incendios en vez de contar con los propios (política que aún ocurrida la catástrofe, no ha cambiado en las manos de los gobernantes).
En ese preciso momento, enviaron carros blindados nuevos y otras series de armamentos policiales para ser enviados a la zona de Arauco, y cada uno de esos vehículos equivalían en términos de gastos a 2 aviones “supertanker”.
Durante esta semana se realizó el CENSO y la zona en conflicto de Temucuicui también debería ser contada, pero los comuneros hicieron ocupación vigilante de su propio territorio, dejando sin efecto el CENSO en esa zona, proclamando que “No queremos ser contados como ganado” como los mismos comuneros lo expresaron.
Producto de la realidad de “las comunas dormitorios”, donde mucha gente sale a trabajar antes que amanezca y vuelve cuando ya ha anochecido, fueron clasificados como comuna en tránsito o en constante movimiento, que se autocensaron arriba del transporte público.
Lo más publicitado en este periodo que va del año ha sido: el CENSO, la “nueva constitución estancada por los votos del parlamento”, las presiones de los dueños de las AFP por legalizar más ganancias, aumentando los años de cotización y sacando mayor tajada de los trabajadores, la respuesta del movimiento social, la caída del CAE (sin designación de ningún organismo o medida que le reemplace) críticas del movimiento estudiantil: en definitiva; expresiones de conservar la capitanía social del capital financiero y otras expresiones diametralmente opuestas; que indican crítica, emancipación e indignación social organizada.
En este mismo proceso, el gobierno (de composición “centro-izquierdista”) a través de la ministra de transporte da un avance significativo en la “domesticación social”, utilizando millones en recursos públicos en una gran campaña de fiscalización del pago del transporte “público” que dio como resultado un total de 12.000 evasores multados hoy 20 de abril del presente año, donde la misma ministra dice: “la idea no es multar a todo el mundo, sino enseñarles a los usuarios que cumplan con su deber”.
Esta afirmación podría ser más coherente si se tratase de la defensa de un interés estatal, que como publicidad apele al desarrollo social, pero nos encontramos ante el espejismo de la autoridad que sale en defensa del monopolio de la propiedad privada del transporte común, cuyos dueños son los mismos gerentes pertenecientes al mundo del capital financiero.
La política, en tanto categoría histórica de izquierda y derecha, siempre se ha expresado en la dualidad enfrentada entre el instinto de conservación -que elimina la incertidumbre del “que pasará”- y la innovación, lo distinto, corriendo el riesgo de no conocer y no controlar el desarrollo político futuro.
Chile está siendo abandonado en las obras públicas, y ya hemos visto que un país como este, sin obras públicas (que incentivan al ahorro según las teorías económicas, incluso las más neoliberales) no funciona y existe la posibilidad de llegar a un incendio social.
Las razones son simples: los policías (como institución), los militares (como institución), el clero, los empresarios (en tanto colusiones, estafas y otros) y los políticos (más no el Estado como institución) mediante sus hechos han creado y recreado una crisis de credibilidad, donde en el largo plazo podrían desarrollarse momentos de ingobernabilidad, además al observar (en esos mismos medios que deslegitiman la movilidad social) que no pagan ni una sola multa, ni arriesgan cárcel, pero desde la otra vereda se encuentra la familia endeudada por la educación de su hijo, que debe entregar al menos dos kilos de pan diario a una empresa de transporte solo por trasladarse, que si deja de pagar se le eliminará el uso de la TNE y de la licencia de conducir, que se le quitará el crédito y derecho a la vivienda, donde los trabajadores independientes y del mercado irregular deben de alguna forma, financiar a las AFP también; son claras señales de que la clase dirigente empuja a la ciudadanía al borde de la indigencia y la delincuencia; pero en un año de ofertas electorales ninguna coalición aspirante al sillón presidencial dice nada, solo proclamas y reclaman para sí el apoyo electoral de la ciudadanía incrédula y decepcionada.
Esas son las señales de la desigualdad ante la ley y ante el poder, en situaciones de recambio y de presión social que, de no tener cuidado, pueden enfrentar una suerte de “incendio social” que no se sabe si desde arriba serán capaces de apagar.
La distribución de ingreso ha empeorado y amenaza con agudizarse más aún, pero todo proceso de dominación tiene su costo ¿en Chile estarán dispuestos a pagar, si no han querido pagar por el arreglo general de la vida de los ciudadanos?
El autor es Cientista Político, licenciado de la Universidad Academia Humanismo Cristiano.