Por Max Oñate Brandstetter
“El bien y el mal comparten el mismo honor”
Aristóteles
Hace aproximadamente un año, apareció como evento político, la posibilidad de realizar la reescritura de la constitución política, por una que “se asemeje más al Chile de hoy”, que se ponga a “las alturas de las circunstancias”.
El mecanismo definido en este proceso consistía en “autoconvocarse” a una asamblea (o cabildo), discutir frente a un “ministro de fe”, que tomaría actas de lo acordado y también de los disensos.
De todas las expresiones recolectadas, es la Presidenta de la República quien recoge estos “consejos” y ella decidiría cuales son los criterios que se incorporarán en una nueva constitución.
Toda la participación ciudadana no tenía ningún efecto trascendental, dado que el proceso de toma de decisiones pertenece a la figura de la presidencia nacional, por lo que los cabildos eran de carácter no-vinculante (no decide nada, solo sugiere)
Para poner en marcha el proceso que necesitó de la participación ciudadana, se necesita ahora dos tercios de los votos del parlamento, para así poder constituir la Convención Constitucional que pondría en marcha la transformación institucional y en momentos de elecciones, el bloque de Chile Vamos, anuncia no apoyar el proceso, básicamente porque no significa nada más que marketing electoral al bloque oficialista.
Un proyecto de reforma y modernización del Estado, ha sido fuertemente contrastado con los intereses del capital financiero y con la decisión política del bloque oficialista.
Todo lo anterior se desarrolla en medio de otros debates tales como, el bullado Transantiago (que cuesta dos kilos de pan diario sobre la mayor parte de la ciudadanía) que en la obsesión obtusa de la administración general, en que “todos paguen la mercancía oficial de transporte”, pretenden crear una lista negra (DICOM) en que se inscriban a todos los evasores, a fin de negarles créditos (para ridiculizar más deberían negar vivienda, salud y educación) que en un país con las características de la distribución de ingreso que Chile posee, es colocar al ciudadano promedio al borde de la indigencia y la delincuencia.
Contando además que “una empresa en quiebra” dirige este proyecto de transporte colectivo de acceso privado (pues no es transporte público) paga muchos sueldos para fiscalizar la evasión en los paraderos (lo que es totalmente incoherente) cuya única razón es “cumplir con el deber” (como si la ciudadanía fijara los precios que tiene que pagar por la necesidad política del transporte que ni ella misma define) so pretexto de quien no paga, produce que otra persona pague por él.
El precio del transporte está fijado en función del dólar (y otros indicadores) salvo que cuando este baja, el transporte no lo hace, pero si nada sube (como el petróleo) salvo el dólar, el valor del transporte se incrementa.
El transporte subirá a la par al costo de la vida (incluso un poco más) a pesar de que todos o muchos paguen por el transporte monopolizado (hasta en el precio) por el sector financiero.
Por otra parte, la alta gerencia de las AFP, provoca a la ciudadanía movilizada, advirtiendo que deben aumentar en un 5% las cotizaciones (cuya fracción de aumento no será heredable a la familia), que se aumentaría la edad de la jubilación (seguramente con el propósito de concentrar más las riquezas que de mejorar en la vida real, las pensiones) exclamando que las AFP han obtenido jugosas ganancias y quienes se han cambiado al fondo E, han hecho caso a un llamado irresponsable que le ha hecho “perder dinero”.
Estas son expresiones de grupos sociales en lucha por diferentes objetivos económicos y políticos que se tienen en este momento en pugna.
Como tercer eje, el factor educacional; sujeto a la polémica de la promesa no cumplida de este gobierno (que salió elegido en la coyuntura de esta exclamación social) pero que ya en marcha las ofertas electorales, Piñera ha dicho cortar la línea de desarrollo hacia la gratuidad universal, ofertando más becas y medidas parches.
En lo concreto, la cáscara institucional ofrece cambio y renovación, protegiendo a su vez los intereses del capital financiero (como el apoyo transversal del oficialismo y la oposición al negocio de los estacionamientos) y eliminado o reduciendo a su más mínima expresión, las obras públicas pero de ellas depende el desarrollo institucional de nuestra república, pues un país sin políticas públicas no produce armonía social y no sacará jamás (si es que sigue con la misma estrategia) de encima la fuerte crisis de credibilidad y de desarrollo social que nos encontramos en el actual escenario político.
Además de la crisis de credibilidad hacia “la clase política”, está presente en las instituciones de fuerza pública (carabineros y militares), la iglesia, los empresarios (con sus constantes colusiones y estafas sin compensación a los afectados) y toda esa combinación es peligrosa para la estabilidad política que pretende acallar las explosiones sociales.
El autor es Cientista Político, licenciado de la Universidad Academia Humanismo Cristiano.